CARACAS.- Cada 27 de junio se celebra en Venezuela el día del periodista en conmemoración de la creación del diario El Correo del Orinoco, fundado por el libertador Simón Bolívar en 1818 y considerado el periódico más importante de la independencia de Venezuela.

Este año Venezuela celebra con sentimientos encontrados, por un lado el gobierno que saluda a todos los periodistas “que ejercen su oficio con ética y responsabilidad” y por el otro, los medios de comunicación independientes que luchan por vencer a la censura y la persecución que se vive en el país sudamericano.

Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), desde el año 2012, un total de 1.328 periodistas han abandonado el país, quienes en la mayoría de los casos no vuelven a ejercer la profesión en el extranjero.

Ante esta circunstancia, la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (Felpac), aprobó un acuerdo de cooperación con periodistas venezolanos en toda América Latina y el Caribe, con el objetivo de brindar apoyo a los periodistas que lleguen de Venezuela, a través de jornadas de capacitación que les permita integrarse con periodistas locales en los países en los que se instalen.

Durante una entrevista con el diario El Nacional de Venezuela, el secretario general del SNTP, Marco Ruiz, señaló que en lo que va de 2018, 15 medios de comunicación han resultado afectados, de los cuales, ocho ya no se encuentran en circulación, cuatro han disminuido su circulación a solo cinco días a la semana, dos de diarios han pasado a semanarios y uno ha sido obligado a pagar una multa multimillonaria, refiriéndose a El Nacional.

“La práctica más reciente del gobierno, referida a la violación de la libertad de expresión, es el bloqueo de portales digitales, con lo que incumple el derecho de recibir información que tienen todos los venezolanos, de acuerdo con la Constitución”, remarcó Ruiz.

En lo que va del año se han registrado 113 hechos de violación de la libertad de expresión y del derecho a la información, de los cuales 87 han sido agresiones directas a periodistas y demás trabajadores de la prensa. El gremio contó 24 detenciones arbitrarias, recuerda el secretario general de SNTP.

“Informar no es delito sino un derecho que debe ser protegido y respetado por Maduro, aun en Estado de excepción. La carta magna es clara”, indicó Marco Ruiz.

A través de las redes sociales diversos medios de comunicación en Venezuela han expresado su sentir en este día y otros han aprovechado la ocasión para recordar a aquellos líderes de información que murieron en el ejercicio de la profesión.

of-am

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-  El miembro del Comité Político del PLD, Euclides Gutiérrez Félix,  se mostró alarmado por la cantidad de crímenes, homicidios, feminicidios, robos y otros delitos que vienen ocurriendo  en el país.

Dijo que los mismos son cometidos no sólo por miembros de la sociedad civil sino también por autoridades encargadas de mantener el orden público y las buenas costumbres.

Pidió que se tomen las medidas de lugar para controlar esta situación.  «La increíble cantidad de delitos, crímenes, homicidios, feminicidios, y robos que suceden a diario en nuestro país, son más que suficientes para llamar la atención y elevar o profundizar nuestra preocupación», indicó Gutiérrez en un artículo periodístico publicado este martes en Vanguardia del Pueblo,  periódico vocero del PLD.

» No son solamente los delitos de menos categoría y los crímenes y homicidios que se producen en el seno de la sociedad civil, sino también la cantidad asombrosa y alarmante de los crímenes y otros delitos que cometen las autoridades encargadas de mantener el orden público y las buenas costumbres», expresó.vitales y básicas para la existencia de la República Dominicana, a esas instituciones se suma la Policía Nacional.

Resaltó que no transcurre un día sin que algún miembro de las Fuerzas Armadas  o de la Policía Nacional aparezca implicado en delitos de toda categoría, que «realmente lo que hacen es no solamente avergonzar a quienes dirigen esas instituciones militares y policiales, sino a su vez a las autoridades judiciales, Ministerio Público, jueces, tribunales colegiados y desde luego también al Poder Ejecutivo».

«¡Mucho cuidado pueblo dominicano, y mucho cuidado Partido de la Liberación Dominicana, que la responsabilidad es de todos nosotros, como guías del destino de la nación dominicana!», enfatizó.

sp-am

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Comisión Especial de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de Ley de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas se reunió este miércoles sin llegar a un acuerdo para su aprobación.

Henry Merán, presidente de la comisión, convocó para el lunes a las 3:00 de la tarde y dijo que a este encuentro serán invitados los senadores, para discutir los puntos que mantienen el tranque sobre esta ley.

Indicó que el impase que mantiene esta ley en comisión especial es un tema inminentemente político y que afecta a todos los partidos del sistema por lo que será necesario reunirse todas las veces que sean necesarias para llegar a un acuerdo.

También infirmó que el próximo jueves vence el plazo de 30 días dado a la comisión para rendir el infirme, por lo que si no se llega a un acuerdo antes será necesario extender dicho plazo.

Según indicó, reglamentariamente esa comisión puede solicitar plazos hasta el final de la legislatura que concluye el próximo 25 julio.

El presidente del Junta Centra Electoral, emplazó a los legisladores a que aprobaran la Ley de Partidos en esta legislatura para que dicha reglamentación pueda ser aplicada en el proceso electoral del año 2020.

PRM

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) ratificó su decisión de votar por una Ley de Partidos con primarias cerradas, pero advirtió que por encima de ese tema está la necesidad de regular el financiamiento de las organizaciones políticas que participarán en las elecciones de 2020.

José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, presidente y secretaria general del PRM, afirmaron que los pleitos internos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) desviaron la atención hacia las primarias, obviando otras bondades del Proyecto de Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos que cursa en la Cámara de Diputados. “Han llevado a que la discusión central sea esa”, añadieron.

“Entendemos que el elemento fundamental a trabajar en ese tema no son las primarias, sino el financiamiento”, precisaron los dirigentes recién juramentados en sus cargos.

Paliza y Carolina Mejía consideraron que el PLD ha pretendido que los demás partidos contribuyan a resolver el conflicto que protagonizan la dirigencia y el liderazgo de ese partido. Precisaron que el PLD “ha llevado a trasladar un problema interno, y a que ese pleito por el liderazgo del partido sea resuelto por los demás partidos del sistema, en especial nosotros”.

SANTO DOMINGO.- El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, calificó de «táctica dilatoria» la recusación al juez Francisco Ortega Polanco hecha por uno de los encartados en el caso Odebrecht.

«Es normal que los abogados de los imputados recurran a todas las tácticas para tratar de negar hechos o para dilatar, pero al final, el brazo de la justicia llega porque llega”, expresó.

Aseguró que el Ministerio Público preparó un «fuerte” expediente acusatorio.

«Haremos nuestro trabajo en base a los hechos», declaró Rodríguez en la Escuela Nacional de Magistratura, donde presentó un proyecto con el que busca disminuir la trata de personas en República Dominicana.

 

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-  Los abogados de imputados en el caso de Odebrecht que objetan que el juez de la Instrucción Especial de la SCJ, Francisco Ortega Polanco, conozca la audiencia preliminar del proceso, lo que buscan es un juez a favor de la impunidad.

Así lo advirtió este miércoles la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier.

Dijo que en caso de que la Suprema Corte de Justicia acoja la recusación bajo el alegato jurídico de que dicho juez tiene conocimiento previo del expediente, por igual aplicación de ese principio, ese órgano estaría también imposibilitado para designar a algún otro magistrado que conozca del caso.

Indicó que esto excluye a todos los jueces de la Segunda Sala Penal, integrada por los magistrados Juan Hirohito Reyes, Alejandro Moscoso Segarra, Miriam Germán, Esther Agelán Casasnovas y Frank Soto, ni para el conocimiento de la audiencia preliminar ni la apertura a juicio.

“Esto así en virtud de que al igual que el juez Ortega Polanco, éstos ya conocieron aspectos del caso a través de la apelación de las medidas de coerción que el pasado año fueron impuestas por el magistrado Ortega a solicitud del Ministerio Público”, manifestó.

Pelletier dio una voz de alerta a la ciudadanía para que esté atenta a la actuación de los imputados y sus abogados en este emblemático caso, el que definió como el más importante que se haya conocido en el país en materia de corrupción.

Esa importancia la atribuye a la trascendencia económica, política y social de los encartados, y llamó a estar pendiente de las decisiones del Poder Judicial en este caso para que cada cual cumpla con su rol.

Recordó que tal cual ha indicado el procurador general de la República, Jean Rodríguez, “el Ministerio Público no tiene un juez favorito, el único juez favorito es la justicia”.

Al responder preguntas de los periodistas recordó que el Ministerio Público cuenta con 1,711 pruebas que acompañan el expediente acusatorio de este caso.

Con las mismas, dijo, demostrarán los delitos de sobornos, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos.

El pasado 7 de junio, el Ministerio Público depositó formal acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de los señores Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, Juan Roberto Rodríguez Hernández y Jesús Antonio Vásquez Martínez.

El voluminoso expediente, señala la institución, relata en 518 páginas de miles que contiene la acusación, los hechos ilícitos que habrían cometido los siete encartados.