Por JOSE DEL CASTILLO PICHARDO

El golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963 abortó la oportunidad de establecer un régimen político fundacional, conforme los términos elaborados por Juan Linz, el eminente sociólogo y politólogo de Yale que encabezó los macro estudios comparativos de las transiciones desde modelos autoritarios a la democracia en siglo XX.

En nuestro caso, tras el dominio de 31 años de régimen autoritario unipartidista y un año de provisionalidad del Consejo de Estado, el proyecto encabezado por Juan Bosch estaba llamado a sentar las bases de un sistema político democrático moderno, con instituciones funcionales que impulsaran reformas sociales y económicas avanzadas. Inculcando en la cultura cívica valores y prácticas pluralistas consonantes.

La CIA, a partir de una evaluación de la coyuntura, compartía este enfoque y apuntaba que la reacción dominicana, los oligarcas y las personas de primera, eran extremadamente sensitivos a los cambios. La agencia de inteligencia asumía que las reformas de Bosch eran necesarias y que a Estados Unidos le interesaba mostrar a República Dominicana como un ejemplo alternativo a la Revolución Cubana de Castro.

Esta, en su quinto año de desarrollo, con perfiles definidos de alineación con la URSS y mediado el traumático capítulo vivido en octubre del 62 durante la Crisis de los Misiles Soviéticos emplazados a 90 millas del territorio continental norteamericano.

En el ámbito de las políticas públicas y las estrategias de desarrollo, con la concreción del golpe se postergó la indispensable diversificación de la limitada economía agroexportadora dominicana basada en azúcar, café, cacao y tabaco. Así mismo, la inversión en infraestructuras vitales como las presas hidroeléctricas con sus obras complementarias de riego y de acueductos a ser financiadas con los fondos de la Overseas, quedó rezagada, tardando una década o más para materializarse.

Por igual, la apertura de zonas portuarias especializadas en complejos industriales, minería no metálica y desarrollo turístico, como fuera planeada para Barahona, Puerto Plata y Samaná. Y, por supuesto, los planes de vivienda social (Villas de la Libertad) y reforma agraria, que luego un Balaguer estadista desarrollista asumiría en los 12 años.

Otras políticas contempladas en los planes gubernamentales del 63 sólo en años recientes se han materializado. Como el programa masivo de alfabetización de adultos (para el cual Sacha Volman agenció respaldo de una fundación norteamericana que aportaría radios portátiles transistores), sorteos inclusivos para asignar obras del Estado, fomento del modelo asociativo entre pequeños productores que Bosch vio funcionar con éxito en la Costa Rica de Figueres.

Plano político

En el plano político, Unión Cívica Nacional (UCN), el partido de centro conservador que encabezó la transición y obtuvo la segunda mayoría electoral -cuya membresía activó en el frente interno clandestino de clase media profesional que mantuvo la resistencia al régimen de Trujillo con apoyo de sectores empresariales-, inició un lamentable proceso de desintegración que el golpe de Estado aceleró.

Ya antes del 25 de septiembre del 63, renunciaron un senador, seis diputados, el secretario general Dr. Luis Manuel Baquero y el Dr. Jottin Cury, quien habría fungido como vocero de prensa del Consejo de Estado.

Del partido liderado por los prestigiosos hermanos Viriato y Antinoe Fiallo y Ángel Severo Cabral, se retiraron los doctores Salvador Jorge Blanco, Aníbal Campagna y José Augusto Vega Imbert, importantes líderes cívicos en Santiago. El fogoso Comité del Distrito Nacional, con presencia resaltante de personalidades de izquierda como José Aníbal Sánchez Fernández y Mario Sánchez Córdova, quedaría desmovilizado.

La dilución en poco tiempo de UCN junto a la pérdida de peso en la escena política nacional, restaría un actor valioso de moderación al naciente sistema de partidos, absorbida su base por el PRD, el emergente Partido Reformista y en menor grado por grupos de izquierda. Desactivando políticamente a gente que se quedaría huérfana de un alero partidista confortable.

El estallido de abril del 65, con la radicalización provocada por el conflicto, prácticamente le daría un tiro de gracia.

Justamente Jorge Blanco (procurador general), Campagna, Vega Imbert y Cury (canciller) aparecerían en posición clave en la mesa negociadora del gobierno constitucionalista de Caamaño con la Comisión Ad-hoc de la OEA que arribó en el 65 a una salida a la crisis con el Acta de Reconciliación y el Acto Institucional, junto a la selección de García Godoy como presidente provisional.

Cury sería luego el vocero del PRD en la Cámara de Diputados (1966/70) y uno de los principales sustentadores de la tesis de la Dictadura con Respaldo Popular esbozada por Bosch en su exilio español. Jorge Blanco sería el tercer presidente constitucional del PRD, Vega Imbert su canciller y Campagna su embajador en México. Señas elocuentes del trasvase cívico al PRD.

Pero el desgaste dramático de UCN quedó revelado en las elecciones del 1ro de junio del 66, al grado que apenas registró 16,152 votos (de una votación que contabilizó 1 millón 345 mil sufragios) en respaldo a la candidatura del Lic. Rafael F. Bonnelly, apoyada por una coalición de partidos bajo la etiqueta Movimiento de Integración Nacional (MIN), que obtuvo 46,075 votos (3.42 %).

Dos años y medio antes, en las elecciones del 20 de diciembre del 62, UCN captó 317 mil votos, acumulando el 30 % de los sufragios. Un bajón neto de 300 mil votos en franca desaparición.

En esas elecciones generales el bisoño Partido Reformista, con la fórmula Balaguer-Lora que se impuso, alcanzó unos 759 mil sufragios (57 %). En tanto el PRD -protagonista de la Guerra de Abril que buscaba su reposición y ganador de los primeros comicios libres del 62 con el 59 % y votación de 619 mil-, registró el 37 %, una pérdida neta de 22 puntos porcentuales y absoluta de 125 mil votos, que le representó en el Congreso 23 diputados y 17 senadores menos respecto al 62. Quedando en el período 66/70 con 26 curules en la cámara baja y 5 en el alta.

PRD

Como se sabe, en una estrategia que lo sacó inútilmente por 8 años de los marcos institucionales (Congreso, Ayuntamientos y por deriva Poder Judicial y JCE), el PRD se abstuvo de concurrir a los comicios del 70 y 74 bajo la calificación de «matadero electoral» dada por Bosch a dichos certámenes, regresando en 1978, cuando ganó con la fórmula Guzmán-Majluta, al aprovechar el desgaste relativo de Balaguer en el luengo ciclo de los 12 años.

14 de Junio

Otro daño colateral provocado por el golpe del 63 (Bosch le habría recalcado a su líder que el golpe sería también contra la Agrupación Política 14 de Junio), afectó a la briosa organización de masas juvenil de izquierda que los norteamericanos identificaban como castrista, que entraría en una fase de desintegración progresiva de la cual no volvería a recuperarse. Iniciándose tras el fracaso del alzamiento guerrillero encabezado por el carismático Manolo Tavárez Justo en noviembre del 63.

Tavárez Justo en ese alzamiento perdió la vida en Las Manaclas junto a un grupo de sus compañeros de dirección, honrando el juramento que hizo en el Parque Independencia, cuando apuntó hacia las que resultarían fatídicas «escarpadas montañas de Quisqueya», como respuesta a los «señores de la reacción».

Su figura encarnaba el martirologio de las hermanas Mirabal y a la generación que recibió la represión demencial del final de la dictadura.

Luego de la Guerra de Abril del 65, en la cual el 14 de Junio se destacó en la integración de los comandos cívico-militares y en la operación de la academia de entrenamiento 24 de Abril en el parque Hostos, el maleficio de la desintegración se reactivó. Con bifurcaciones entre sectores «transformistas» y «no transformistas» respecto al destino de la organización como «partido de la revolución».

La emigración de destacados dirigentes hacia el Movimiento Popular Dominicano, identificado como «el partido de la clase obrera» a fortalecer, lo que significó un drenaje de talento.

Lo que seguiría serían adhesiones al maoísmo y sus experiencias de guerra campesina («lo mejor al campo») y al foquismo guevarista en boga en América Latina. Con el consiguiente fomento de las relaciones con el Partido Comunista Chino y el Departamento América de Cuba dirigido por Jesús Piñeiro para el envío de militantes a ser entrenados en operaciones armadas. Un derrotero que expuso a la organización a la represión, al develarse sus planes para desarrollar bases de apoyo campesino en zonas del territorio nacional, focalizando el ojo persecutor de los organismos de seguridad y los cuerpos de contrainsurgencia del Estado.

Precipitando su dilución en parcelas hiper ideologizadas y atomizadas con vigencia restringida al enclave de la UASD (aquella que «Unida, Jamás Será Vencida»).

A raíz del examen de las debilidades del experimento democrático del 63, conforme la obra Crisis de la democracia de América en la República Dominicana, Bosch consignó la ausencia de clase media profesional y empresarial en el seno del PRD, identificada ésta tras el tiranicidio con la UCN y la APCJ.

Premisa para impulsar la captación de figuras de este origen. Tarea llevada a cabo por Enriquillo del Rosario Ceballos, antiguo embajador de Bosch en Washington con quien colaboré, con la realización de sendos encuentros en el Roof Garden de la CND y en el Hotel Matum.

Mientras, a una cuadra del Palacio, don Fernando Silié Gatón -figura patriarcal de gran calado en la educación comercial y universitaria- hacía lo propio en la Academia Renacimiento con un nutrido grupo de juristas de origen cívico y catorcista que engrosó las filas del PRD. Aplicando la estrategia de frente amplio, llamada a restablecer el orden democrático en suspenso indefinido por el Triunvirato de mi querido Donald Reid que hacía aguas entre huelgas y crisis cuartelarias. Sostenido por la miopía torpe del embajador Bennett y el poder de Wessin en el mando del CEFA.

Presagio del levantamiento militar del 65 y la subsecuente guerra civil. Domeñada por el despliegue descomunal de la Operación Power Pack y la ocupación del 65/66. De la cual Balaguer, paradójicamente, sería el mayor beneficiario.

jpm-am

La República Dominicana se convirtió oficialmente en miembro de la Organización Internacional del Trabajo el 29 de septiembre de 1934, quince años después de su fundación, en 1919, fecha desde la cual ha ratificado más de 30 convenios.

Es justo destacar que la OIT ha jugado un papel de gran importancia en la República Dominicana, lo que se comprueba en el hecho de que ha tenido un impacto significativo en el desarrollo de políticas laborales modernas, especialmente en áreas como la libertad sindical, la erradicación del trabajo infantil, la seguridad y salud en el trabajo y la promoción del trabajo decente.

Sin embargo, las relaciones de la OIT y la RD nunca fueron tan fuerte y cercana como en la actualidad, lo que se debe a que, desde el inicio de su gobierno, el presidente Luis Abinader asumió el tema laboral como una sus más altas prioridades.

Como consecuencia del compromiso mostrado por el presidente Abinader con la defensa de los derechos de los trabajadores, los salarios y la creación y el fortalecimiento del empleo, la OIT lo invitó a la última Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra, del 2 al 13 de junio del 2025.

A partir de ese momento, Luis Abinader se convirtió en el primer presidente dominicano que ha participado como invitado en el principal cónclave de la OIT.

Otra muestra significativa de estas ejemplares relaciones fue la escogencia de la RD como sede de la 20ª Reunión Regional Americana de Organización Internacional del Trabajo, la cual se está desarrollando desde el día 1 hasta el 3 de octubre, en Punta Cana. Se debe destacar que la inauguración de este gran evento fue encabezada por el presidente Luis Abinader.

¿Qué son las reuniones regionales de la Organización Internacional del Trabajo? Esta interrogante puede responderse como sigue: constituyen uno de los principales espacios de debate y construcción de políticas en el ámbito laboral.

Estos encuentros, que se celebran cada 4 años en distintas regiones del mundo, permiten a representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores analizar los desafíos específicos que enfrentan sus países en materia de empleo, protección social, derechos laborales y diálogo social.

A diferencia de la Conferencia Internacional del Trabajo, que aborda temas globales, las reuniones regionales se centran en las particularidades de cada continente.

Allí se discuten las tendencias económicas y sociales, se evalúan los avances hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se definen estrategias para promover el trabajo decente y el crecimiento inclusivo. Se puede decir que las reuniones regionales son un motor esencial para la cooperación y la construcción de un futuro laboral más justo y sostenible.

Con una concurrencia récord de ministros de trabajo, empleadores y trabajadores, la OIT considera que “la reunión regional de Punta Cana ofrece una oportunidad ineludible para renovar el compromiso de los constituyentes tripartitos con una recuperación transformadora que coloque a las personas en el centro y abra paso a una renovación del contrato social, basado en la igualdad, la inclusión y la sostenibilidad, valores que atraviesan transversalmente todos los documentos fundacionales de la OIT y su actual orientación estratégica”.

A partir del viernes 3 de octubre del 2025 la Declaración de Punta Cana conducirá los pasos del mundo del trabajo en América.

jpm-am

En el mes de noviembre de 2023, el Presidente de la República, Luis Abinader Corona, en medio de la campaña electoral, anunció, con bombas y platillos, la renegociación del contrato de concesión de Aeropuertos Dominicanos (AERODOM), y el adelanto de recursos de esa empresa ascendentes a 775 millones de dólares, equivalentes a 44,592 millones de pesos dominicanos.

En esa ocasión el mandatario declaró que ese dinero, 775 millones de dólares, serían utilizados en la construcción de unas ocho (8) obras de infraestructura en diferentes puntos del país que transformarían la vida de la gente, sin embargo, a casi dos años después, la realidad ha sido otra: las obras prometidas no existen, y el dinero ya se gastó.

Según las informaciones disponibles, cargadas en la plataforma digital de DIGEPRES, así como en el Sistema Integrado de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), durante el año 2024, el gobierno gastó la totalidad de los recursos que recibió de los fondos de AERODOM (RD$44,592 millones de pesos) y no ha construido ni siquiera una de las obras que prometió que iba a construir con esos recursos.

La mayor parte de esos recursos (alrededor del 90 %) fue utilizado en gastos corrientes, que incluyen: compras de libretas de pasaportes, subsidios, programas sociales, asistencias, y otros gastos no planificados ni comprometidos, incluyendo una transferencia directa, por el monto de RD$1,000 millones, a la ARS SENASA, entidad que hoy está envuelta en un escándalo de corrupción y déficit sin precedentes en la historia dominicana.

Pero lo peor de todo es que esas decisiones se han tomado sin el más mínimo ápice de transparencia ni rendición de cuentas claras.

No construidos

Entre los proyectos prometidos por el gobierno, y que no fueron construidos, se encuentran:

La construcción del puente levadizo que sustituirá al puente flotante del río Ozama, con 50 millones de dólares, equivalentes a RD$3,000 millones de pesos dominicanos, que ya fueron gastados.

El puente paralelo al Jacinto Peynado que une la avenida Máximo Gómez con las Hermanas Mirabal en Santo Domingo Norte, con una inversión propuesta de 56 millones de dólares correspondientes a RD$3,360 millones de pesos, que igualmente no ha iniciado y se usaron los recursos.

El paso a desnivel de la carretera Sabana Perdida – La Victoria, con intersección de la avenida Charles de Gaulle, con un anuncio de US$30 millones de dólares, correspondientes a RD$1,800 millones de pesos, y se gastaron los recursos sin iniciar la obra.

La “Unidad Traumatológica del hospital de San Cristóbal”, que recibiría una partida de RD$ 900 millones de pesos.

La solución vial de la República de Colombia con avenida de Los Próceres, un expreso hasta la avenida Jacobo Majluta, que prometieron unos RD$6,480 millones de pesos y no se evidencia la asignación de fondos de AERODOM, y apenas se vislumbra una que otras remociones de tierra en la Avenida.

Mientras que el asfaltado en La Caleta, Boca Chica y zonas aledañas al Aeropuerto Las Américas, con más de RD$21 mil millones de pesos prometidos, apenas se ejecutaron RD$276 millones en Boca Chica.

Y la construcción de la vía expresa de la Plaza de la Bandera, pasando por la avenida Isabel Aguiar, conectando a la autopista 6 de noviembre, en la que se invertirían RD$8,880 pesos, de los cuales se ejecutaron apenas RD$1,265 con estos recursos, y que está, por lo menos en proceso de construcción.

Resulta inaudito que el gobierno haya gastado, alegremente, todos los recursos que recibió de los fondos de la renegociación del contrato de AERODOM, hasta el 2060, y no haya construido, ni siquiera, una de las obras que prometió que iba a construir con esos recursos.

En casos como este, suelen surgir varias interrogantes: ¿Dónde están los miles de millones recibidos de AERODOM?; ¿Por qué no se cumplió con las obras prometidas?; ¿Quiénes se beneficiaron realmente de esos recursos?

El hecho de que ni una sola obra se haya levantado con recursos tan significativos y comprometedores puede interpretarse como un engaño a una población incauta y confiada, sustentado en un manejo clientelar o poco transparente de esos recursos.

Hoy, la realidad es que el dinero se esfumó en gasto corriente, clientelismo y propaganda política, mientras las comunidades siguen esperando las promesas incumplidas.

La Cámara de Cuentas guarda silencio, el Congreso Nacional, dominado por la mayoría oficialista, evade su rol de fiscalización, y la llamada sociedad civil, que en otros tiempos levantaba la voz contra hechos similares, permanece ausente o cooptada.

La ciudadanía merece respuestas concretas, no excusas, porque el silencio oficial solo confirma la sospecha de que esos fondos fueron utilizados como caja chica electoral y no como motor de desarrollo.

jpm-am

La X cumbre de Las Américas se celebrará en Punta Cana, República Dominicana, durante los días 4 y 5 de diciembre del presente año y todos los países del continente empezaron a recibir sus invitaciones, excepto Cuba, Nicaragua y Venezuela, un acontecimiento sobre el cual la Cancillería ha respondido con pretextos infelices, no justificativos, porque independientemente de los regímenes que prevalezcan en esas naciones, en definitiva se trata de tres pueblos hermanos.

No hay forma de explicar lo de Cuba y Nicaragua, con los cuales se sostienen relaciones diplomáticas e inclusive intercambio comercial, aunque sea mínimo. Excluirlos de un foro de tanta relevancia regional podría ser una respuesta a un pedido de Estados Unidos o sencillamente es una iniciativa de nuestro Gobierno para resultar complaciente con las autoridades de esa potencia.

Particularmente pienso que se procura un escenario propicio para que Donald Trump acuda al país y resaltar “el gran éxito del evento”.

Venezuela

El caso de Venezuela es diferente. Las relaciones diplomáticas se interrumpieron, a raíz de las elecciones del 28 de julio de 2024, en las que fue proclamado presidente electo, sin presentación de actas, Nicolás Maduro. El evento comicial venezolano generó suspicacias en los países del mundo, incluyendo a Brasil, presidido por un antiguo aliado político.

No se explica, sin embargo, que el Gobierno dominicano haya entregado a Estados Unidos dos aviones del Estado venezolano, que se encontraban en nuestro territorio recibiendo mantenimiento.

¿Por qué llegar tan lejos? Un exceso de servilismo y, al mismo tiempo, enemistarse gratuitamente con el gobierno de Venezuela, nación con la que los dominicanos tenemos deuda histórica de gratitud.

Ahora el canciller Roberto Álvarez expresa que el Gobierno no reconoce legitimidad a los comicios del 2018 ni del 2024 celebrados en Venezuela. Se trata de un asunto interno de los venezolanos.

De todos modos, si las autoridades dominicanas andan buscando fraudes electorales también debieron dirigir la mirada hacia el Ecuador, donde en la segunda vuelta del 13 de abril se produjeron resultados irreconocibles por matemáticos y expertos electorales del mundo. ¿Por qué se invita a uno y a otro no? La razón es clara.

Con una inclinación política similar es imposible que el anfitrión de la X Cumbre de Las Américas, a celebrarse en diciembre en nuestro país, pueda mostrar equilibrio ante eventuales discursos de Gustavo Petro y Lula da Silva, presidentes de Colombia y Brasil, respectivamente.

Por consiguiente, evadir la presencia de los jefes de Estado de Nicaragua, Cuba y Venezuela para prevenir posibles “ofensas” a Donald Trump no sería suficiente. Los debates son inevitables de todos modos.

Si Abinader pretende impedir que Petro enrostre verdades a Donald Trump tendría que hacer lo que Vicente Fox hizo con Fidel Castro en la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, en México, del 18 al 22 de marzo del 2002, cuando le dijo: “Comes y te vas”, mediante conversación telefónica sostenida días antes del evento.

Fox quería evitar que Castro y Bush (hijo) coincidan. Lo logró, pero pasa a la historia de México como un estadista carente de dignidad.

Se recuerda, además, el enfrentamiento que se produjo en nuestro país, el 7 de marzo de 2008, en la celebración de la cumbre del Grupo Río, entre los presidentes Rafael Correa y Álvaro Uribe, de Ecuador y Colombia, porque una semana antes miembros del ejército colombiano penetraron a territorio ecuatoriano, mediante la denominada Operación Fénix, para asesinar a Raúl Reyes, segundo hombre en importancia de la FARC. En ese momento las tensiones y diferencias entre países del continente eran grandes, pero no creo que en la actualidad sean menores.

JPM