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OPINION: Una evaluación crítica al manejo del naufragio
Puerto Rico sufre nuevamente la pena de ser testigo de una tragedia en el mar, asociada a la secuencia sin fin de los flujos migratorios protagonizados hoy día por miles de ciudadanos que salen de sus países de manera irregular en busca de una mejor vida.
El naufragio del 31 de enero pasado de una frágil embarcación repleta de hombres, mujeres y menores procedentes de República Dominicana, con estatus migratorio desconocido y que intentaban ingresar a Puerto Rico por la costa entre Quebradillas y Camuy, constituye el más reciente y trágico episodio de la trata humana.
Un caso muy delicado el de este tipo de inmigración, que require ser atendido en la forma más empática y responsable posible por los organismos de ley y orden en todas las fases del proceso de intervención.
En ese orden, el manejo de la situación en la escena marítima provocó que algunas voces dejaran planteadas importantes interrogantes sobre si el desenlace conocido de la volcadura de la yola, con saldo de dos muertes confirmadas, estuvo en parte asociado a la forma en que actuaron la patrulla de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción y la Guardia Costera de Estados Unidos.
El Comité Dominicano de los Derechos Humanos, que canaliza asistencia y apoyo de distintos tipos a inmigrantes, ha planteado la necesidad de que el proceder de estos cuerpos de seguridad se investigue, desde la perspectiva de que, supuestamente, “es uso y costumbre de FURA” hacer giros bruscos y provocar oleajes en torno a yolas con estos inmigrantes, lo que, según indica, ha tenido como resultado otras muertes en el pasado.
A ello se suman los testimonios dados a EL VOCERO por tres mujeres sobrevivientes, quienes denunciaron que la patrulla de FURA mantenía una conducta hostil, rodeándoles a velocidad que provocaba fuertes remolinos. Explicaron que la patrulla seguía pese a que “nosotros le gritábamos que había mujeres embarazadas y menores, que nos iban a virar, que pararan”.
Aunque tanto el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, como el portavoz de la Guardia Costera, Ricardo Castrodad, han respondido que todo se manejó de manera correcta, entendemos que el caso amerita que los pormenores sean investigados con parámetros justos en ambas jurisdicciones, sobre todo cuando la Policía de Puerto Rico se encuentra pasando por una Reforma obligatoria.
Porque, en paralelo con un endurecimiento real de la persecusión, ubicación y encarcelamiento de los involucrados en esta actividad delictiva del tráfico humano, es saludable a la institucionalidad y a la confianza pública que las autoridades estatales y federales se abran a la posibilidad real de autoevaluarse, cuando surgen, sobre su desempeño, dudas razonables.
Una investigación, este caso bien que lo amerita.
EDITORIAL EL VOCERO