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En una conferencia de prensa, el izquierdista dijo que será él mismo quien envíe al Legislativo estos bloques de iniciativas a partir del 1 de diciembre, día en el que subirá al poder.
El primero de ellos es un conjunto de medidas “con el propósito de que haya austeridad republicana y no se permita en el Gobierno la corrupción”.
Este incluirá modificaciones a la ley orgánica de la administración pública para reducir el gasto corriente; es decir, “bajar el sueldo de altos funcionarios” en beneficio de los de trabajadores de otras profesiones como enfermeros, médicos, maestros, policías, soldados y marinos.
Sin embargo, los sueldos de los servidores públicos intermedios no se reducirán, “y los que ganan menos tendrán un aumento progresivo”.
Asimismo, la corrupción pasará a ser “delito grave”, lo que implica que los infractores no tendrán derecho a fianza, así como el robo de hidrocarburos.
Elecciones
Lo mismo pasará con la compra de voto, la utilización ilegal de recursos para fines electorales, la falsificación de actas y, en definitiva, todas las irregularidades que se dan “cuando las elecciones no son limpias y libres”.
López Obrador, quien obtuvo en las elecciones del pasado 1 de julio una holgada ventaja con más de 53 % de los sufragios, reiteró su intención de reformar el artículo 108 de la carta magna para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por el delito de corrupción. “También se va a abolir el fuero constitucional para los servidores públicos”, agregó. El otro paquete está relacionado con conseguir un “Estado de bienestar”, reorientando el presupuesto.
