Por JOSE ROMAN GARCIA MONTAS
El inicio del cuatrienio gubernamental, en el que nuevas autoridades se han instalado en todo el país, es el momento propicio para emprender una vasta y profunda campaña de diafanidad en el manejo de los recursos económicos por parte de los ayuntamientos.
Los sucesos ocurridos en el pasado reciente en distintos cabildos –entre ellos los de San Cristóbal, La Romana y San Francisco de Macorís- han conmovido la opinión pública nacional y puesto de manifiesto maniobras y manipulación con los fondos públicos que restan eficiencia al papel que deben desempeñar las corporaciones municipales.
Se impone que en la agenda nacional se incluya como una de las tareas prioritarias una conjunción de esfuerzos de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tendente a frenar ese problema, que no ha merecido la mejor atención de las instancias gubernamentales.
Es preciso que se dinamicen los mecanismos de supervisión de las operaciones de los cabildos establecidos por las leyes, comenzando por las propias salas capitulares y siguiendo por la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas y la Liga Municipal Dominicana, hasta llegar a la Presidencia de la República, que con frecuencia asigna partidas extraordinarias cuyo empleo debe ser rigurosamente verificado.
Incluso, la sociedad civil debe estar atenta a la forma en que en cada municipio (sin importar el tamaño) se emplean los recursos y se comportan los alcaldes, regidores y funcionarios, dando la oportuna voz de alerta en los casos en que sea necesario.
La imagen de los ayuntamientos debe ser mejorada y para ello se requiere de acciones serias, contundentes y urgentes.
JPM


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