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Durante décadasla República Dominicana ha sido presentada como uno de los países de mayor crecimiento económico de América Latina. Diversos organismos internacionales, economistas y centros de estudios han destacado la capacidad de la economía dominicana para expandirse de manera sostenida, incluso en momentos de incertidumbre internacional.
Sin embargo, detrás de esas cifras positivas existe una realidad que ha acompañado al país durante todo ese tiempo: el crecimiento económico no ha sido lo suficientemente inclusivo. En otras palabras, una parte importante de la población no ha recibido de manera directa los beneficios de esa bonanza acumulada durante años.
Una de las principales razones que explican esta situación es la elevada informalidad de la economía dominicana. Según datos del Banco Central, al cierre de 2025 la informalidad laboral alcanzaba el 54.1%, una cifra que resulta preocupante para una nación que ha mantenido un crecimiento económico constante durante tanto tiempo.
Por esa razón, los organismos internacionales han insistido durante años en la necesidad de impulsar reformas estructurales que permitan hacer sostenible el crecimiento económico y distribuir mejor sus beneficios entre la población.
Entre esas reformas estructurales, la más difícil y políticamente costosa siempre ha sido la fiscal. Ningún gobierno quiere asumir el costo de impulsar cambios tributarios porque inmediatamente se genera resistencia en diversos sectores de la sociedad.
En ese sentido, resulta interesante el enfoque que ha venido planteando el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo «Yayo» Sanz Lovatón. Su visión parte de una realidad simple: la informalidad no se combate únicamente con fiscalización o sanciones, sino creando incentivos para que las personas quieran ingresar voluntariamente a la formalidad.
Pero además se necesitan otras iniciativas complementarias. Por ejemplo, ampliar la digitalización de los servicios públicos, facilitar el registro de empresas mediante plataformas sencillas y de bajo costo, fortalecer los programas de educación financiera, ampliar los incentivos para las microempresas y garantizar que quienes se formalicen reciban beneficios tangibles en materia de financiamiento, capacitación y acceso a mercados.
Entre los objetivos planteados en el paquete tributario recién aprobado por el Congreso Nacional figura precisamente la reducción de la informalidad mediante medidas orientadas a simplificar el sistema tributario, facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y crear condiciones más favorables para que pequeños negocios puedan incorporarse al sector formal.
Si el país logra reducir significativamente ese 54.1% de informalidad, los beneficios serían enormes. No solo aumentaría la cantidad de trabajadores con acceso a seguridad social, pensiones y protección laboral, sino que también se fortalecería la clase media, se reducirían los niveles de desigualdad y se ampliaría la capacidad de consumo de miles de familias dominicanas.
Además, un mayor nivel de formalidad generaría más ingresos para el Estado sin necesidad de crear nuevos impuestos, permitiendo atender demandas históricas en áreas como salud, educación, seguridad e infraestructura.
Sin embargo, ese aumento de los ingresos públicos también debe venir acompañado de un compromiso ineludible por parte del Estado: mejorar la calidad del gasto.
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