Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Awilda estrena discos «Verano en Candela» y «Sin Miedo»
Polanco presenta “De la crisis a un sistema de oportunidades”
Secuestran jefe de gabinete del Ministerio Educación de Haití
Condenan empresario Florida por financiar crimen de Moise
Anuncian un plan maestro para la reconstrucción de Venezuela
Francisco Javier suma nuevos respaldos a su proyecto en PLD
Gran incendio afecta Madrid; amenaza Escorial y base NASA
VENEZUELA: Un mes después siguen buscando desaparecidos
Se quedan iguales precios de 6 combustibles; suben los de 4
El dólar bajó 11 cts. y euro 18; eran vendidos $58.52 y $69.19
Las palabras pueden ser letales como cualquier bala, cuchillo o veneno. Agredir o intentar asesinar a otro es un grave delito que acarrea responsabilidad penal; igualmente atacar con palabras el honor de una persona imputándole falsamente un hecho ilegal o vergonzoso (difamación) o con invectivas sin precisar algún hecho (injuria), según define el artículo 367 del Código Penal.
El prestigio, la buena fama, el honor, son bienes jurídicos intangibles e invaluables protegidos legalmente. Una sociedad donde no hay respeto a la honra ni se imponga éste judicialmente, involucionará al pretérito de duelos y venganzas. Por tanto, proteger judicialmente estos derechos cuya violación tipifica el Código Penal, es una cuestión de orden público.
Que comunicadores reclamen impunidad o la “despenalización” por “delitos de palabra”, es igual que un político que ruega lo exculpen por vender exoneraciones o permisos.
El daño no es porque sea de palabra o dinerario, sino la agresión o ataque contra un bien cuyo daño (usualmente irreparable) no puede resarcirse solo pecuniariamente. Difamar asesina o hiere reputaciones. Merece cárcel.
JPM
