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SANTO DOMINGO.- La desigualdad social, el desempleo y el tráfico de drogas son las principales causas estructurales del auge de la delincuencia en la República Dominicana, según un estudio elaborado por la organización Participación Ciudadana (PC), capítulo dominicano de Transparencia Internacional.
Para la elaboración del documento, presentado hoy, la entidad realizó una consulta entre representantes de instituciones públicas vinculadas a la seguridad ciudadana y actores de la sociedad civil.
El estudio subraya que, para enfrentar la génesis estructural de la delincuencia «se hace indispensable que el Estado garantice oportunidades de desarrollo a todas las personas, sin excepciones por características sociales o de clase, y ponga freno a la corrupción e impunidad».
Además, señaló, resulta necesario que Estado y empresarios aseguren salarios dignos y programas que permitan acceder a una mejor calidad de vida.
La investigación, coordinada por la antropóloga Tahira Vargas, abordó como ejes centrales las acciones preventivas e intervención correctiva frente al aumento de la delincuencia en el Distrito Nacional, analizando las distintas expresiones del flagelo en la niñez, juventud, familia, cultura social, organizaciones comunitarias, educación y medios de comunicación.
En la socialización de resultados de la consulta, Vargas señaló el maltrato infantil, el uso de drogas por menores de edad y la vulnerabilidad y desprotección de esta población frente a las redes delictivas como las principales preocupaciones relacionadas con la niñez.
El estudio propone distintas medidas, como la implementación de programas de formación sobre violencia para las familias, el seguimiento y protección a niños y adolescentes usuarios de drogas, brindar protección y acogida a niños de padres que no tienen condiciones para tenerlos, así como a menores en condición de calle.
Otras propuestas para la prevención de la delincuencia fueron multiplicar los cursos técnicos para jóvenes, ampliar las ofertas culturales y deportivas en los barrios, facilitar a los jóvenes el acceso a empleos, rehabilitación adecuada a jóvenes miembros de redes delictivas, entre otras acciones.
En cuanto a la violencia de género, recomendó ampliar el acceso a educación técnica y universitaria a las mujeres, tratamiento integral desde la Policía Nacional en prevención y casos de denuncia, capacitación para el empoderamiento de las mujeres e incluir la capacitación en género en el currículo escolar.
Con respecto a la intervención correctiva, la antropóloga enfatizó en la necesidad de fortalecer la institucionalidad y mejorar los mecanismos de respuesta de las autoridades competentes para brindar protección y justicia a las víctimas de casos delictivos.
Señaló que para producir respuestas efectivas y oportunas se requiere generar vínculos continuos entre sociedad civil, Ministerio Público, Poder Judicial y Policía.
Las conclusiones de la consulta fueron presentadas a dirigentes de organizaciones sociales y autoridades de distintas instituciones públicas, entre estas los ministerios de Salud Pública, de la Mujer y de Educación, así como la Policía Nacional, para promover que se asuman compromisos formales a partir de este estudio.EFE