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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Pese a su gran aporte a la estabilidad económica, social y política de su país, los dominicanos residentes en el exterior han sido discriminados legal y constitucionalmente en la Republica Dominicana, a juicio del experto en Derecho Constitucional y catedrático universitario, Carlos Manuel Estrella.
«La clase política gobernante y dominante por mucho tiempo ha utilizado a la comunidad dominicana en el exterior para financiar sus actividades proselitistas y como alcancía del activismo partidista”, afirmó Estrella durante la conferencia “Discriminación Constitucional de los Dominicanos en el Exterior”.
Agregó que «la diáspora dominicana, una migración de alrededor de dos millones desplazada por todo el mundo, no es compensada ni hay reciprocidad en las políticas públicas que se correspondan con su aporte a la estabilidad económica, social y política del país”.
«Los dominicanos en el exterior han sido discriminados legal y constitucionalmente en República Dominicana como si fuese ciudadanos de segunda y los logros institucionales son insuficientes e injustos”, declaró el catedrático de las universidades Autónoma de Santo Domingo (UASD) y Pontificia Católica Madre y Maestra (Pucmm).
Recordó que la constitución dominicana ha creado una contradicción constitucional sobre doble nacionalidad, pero advirtió que, aunque el artículo 20 establece la doble nacionalidad e indica que la adquisición de otra no implica perder la dominicana, en el párrafo siguiente impone condicionantes que afectan derechos políticos.
«Uno de ellos es el derecho político a elegir y ser elegido, es decir, la participación activa y pasiva en la vida política, es parte intrínseca de los derechos de ciudadanía consagrados en el artículo 22», expresó.
Explicó que «la cuestión limitante de este derecho es que para poder participar como candidato a la presidencia o vicepresidencia de la República se debe renunciar a la otra nacionalidad 10 años antes de las elecciones».
En ese sentido, aseguró que el vínculo jurídico de persona y Estado, que es nacionalidad, implica derechos de ciudadanía a partir de 18 años que habilitan para elegir y ser elegibles para los cargos públicos de elección popular.
La conferencia, abierta a la comunidad jurídica, fue celebrada en el local de la Asociación de Abogados de Santiago, que preside el licenciado Danilo Monción, y auspiciada por la Fundación de Servicio, Promoción y Defensa de los Dominicanos en el Exterior (Funsede).
Las palabras de apertura estuvieron a cargo del presidente de Funsede, Pablo Rodríguez, quien aseguró que «los dominicanos residentes en el exterior tienen una institución que defiende sus derechos y que no permitirá más discriminación y maltratos por parte del Estado».
jt/am
