Anatomía de la crispación

POR BLADIMIR ABUD H.

La declaración reciente de la magistrada Yeni Berenice Reynoso —en la que apunta que en la República Dominicana se cometen homicidios «hasta por la mitad de un pan» o ante cualquier fricción cotidiana— describe un síntoma innegable, pero yerra el diagnóstico de manera profunda.

Observar las estadísticas y concluir en que la violencia es una patología estrictamente moral o un defecto de fábrica del temperamento dominicano es una simplificación cómoda para el poder. Es confundir la chispa con el combustible.

Nadie arrebata una vida por la literalidad de un trozo de pan, ni por un roce vehicular en nuestro caótico tránsito, ni por el volumen de una bocina en un colmadón. Detrás del detonante menor subyace un estado de crispación colectiva que las ciencias sociales han tipificado largamente.

Cuando la autoridad argumenta que la mayoría de los homicidios corresponden a «conflictos sociales» y no a la delincuencia organizada, opera un peligroso sesgo analítico: despolitiza la violencia, transformando un fracaso estructural del Estado en una deficiencia de valores de los ciudadanos.

Lo que la magistrada define como intolerancia es, en realidad, el síntoma de una sociedad en estado de anomia.

Cuando las reglas del juego social pierden su fuerza reguladora porque no se aplican con equidad, el pacto de convivencia se resquebraja.

Vivir en un entorno de privación económica crónica, donde el hacinamiento urbano es la norma y los servicios públicos elementales son una odisea diaria, somete al individuo a un estrés postraumático de baja intensidad pero de alta continuidad. El ciudadano común vive en una olla de presión psicológica.

Es aquí donde el sistema de justicia se convierte en un catalizador indirecto de la tragedia. La teoría del derecho nos recuerda que la paz social no se sostiene sobre los sermones morales, sino sobre la certidumbre de las consecuencias. Cuando el ciudadano percibe una justicia dual —lenta, costosa y selectiva para el ciudadano de a pie; garantista y porosa para las élites y el cuello blanco— se produce un vacío de legitimidad.

La desconfianza en los tribunales y el Ministerio Público genera la peligrosa ilusión de que la única defensa posible es la fuerza propia. La impunidad histórica es el mayor incentivo para que el conflicto menor escale a la categoría de delito de sangre.

Atribuir la violencia a la psicología individual es eximir de responsabilidad a las instituciones. El Estado dominicano no puede presentarse como un mero árbitro o un observador consternado ante la barbarie; es el principal arquitecto del ecosistema que la produce.

Al fallar en garantizar el orden público básico, al postergar reformas estructurales que reduzcan la desigualdad material, y al sostener un aparato judicial que no genera confianza, el propio sistema siembra la frustración que luego cosecha en las estadísticas de la morgue.

Para pacificar la convivencia no bastan los llamados al orden o el reproche público desde los despachos oficiales. Se requiere una mirada honesta que asuma que la micro-violencia de la calle es el reflejo exacto de la macro-injusticia institucional.

Mientras el Estado no actúe sobre las raíces de la frustración sistémica, los dominicanos seguirán disputándose la dignidad en los escenarios más absurdos, no por falta de valores, sino porque el propio sistema les ha enseñado que el eslabón más débil es el único que termina pagando las consecuencias.

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