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SANTO DOMINGO.- El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, dijo que tendrá «cero tolerancia» con personas involucradas en el tráfico de inmigrantes haitianos.
«Serán sancionadas de acuerdo como lo dicte la ley, sin importar que sean militares o no», afirmó.
Reiteró que «el lema es cero tolerancia, no importa quién sea. Todo el que esté involucrado será sancionado según lo dicte la ley».
«Someteremos a todo el que encontremos cometiendo actos ilícitos», expresó Fernández Onofre a su llegada a la celebración del aniversario del Banco de Reservas (Banreservas), en la Catedral Primada de América.
POLICIA APOYA
De su lado, el director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, indicó que «esas personas deben sufrir las consecuencias de sus actos, ya que esta acción es de total ilegalidad, y lo que se espera es la seguridad ciudadana con la salida de los inmigrantes haitianos».
LA MODIFICACIÓN
La Cámara de Diputados aprobó esta semana la modificación de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
A la pieza legislativa le fue añadido el artículo 3.1, que sanciona la trata de personas con pena de 10 a 20 años de prisión, además de una multa de 150 a 300 salarios mínimos del sector público.
SI HAY MUERTES O DAÑOS
En caso de fallecimiento de personas involucradas en trata de personas u objeto del tráfico ilícito de migrantes o cuando la víctima sufra daño físico o psíquico temporal o permanente, se establece una condena de cinco años de prisión, en adición a la condena principal.
Además, si las acciones agravantes antes descritas se realizan con personas que padezcan inmadurez psicológica o trastorno mental, algún tipo de discapacidad, niños y adolescentes, la pena de reclusión es de 20 a 30 años y una multa de 200 a 400 salarios mínimos.
Cuando el Poder Ejecutivo presentó su propuesta al Congreso argumentó que el objetivo es brindar mayor seguridad y protección a los infantes, adolescentes y otros grupos vulnerables víctimas de este flagelo.
Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, el texto legal pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación.
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