Incentivos y evasión fiscal (OPINION)

POR LUIS M. GUZMAN

Comparar los subsidios otorgados al sector industrial y de zonas francas en la República Dominicana con el nivel de evasión fiscal en esos sectores ilustra una paradoja fiscal, mientras el Estado brinda incentivos para estimular la inversión y el desarrollo, una parte de estas empresas podría estar eludiendo sus obligaciones fiscales. Este fenómeno genera una pérdida neta para el Estado, comprometiendo recursos que podrían destinarse a sectores prioritarios y afectando la sostenibilidad fiscal del país.

En la República Dominicana, las zonas francas y ciertos sectores industriales reciben una serie de incentivos fiscales destinados a fomentar el empleo, aumentar las exportaciones y desarrollar la economía local. Entre los beneficios destacan la exención de impuestos sobre la renta (ISR) para las empresas calificadas, la exoneración del ITBIS en la importación de bienes de capital y materias primas, así como la eliminación de aranceles de importación. Además, se otorgan incentivos adicionales para la creación de empleos y programas de capacitación, lo cual busca mejorar las habilidades del personal y elevar la competitividad del sector.

En conjunto, estos incentivos representan miles de millones de pesos anuales que el Estado deja de percibir, una cifra considerable en el contexto fiscal dominicano. El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) estima que estas políticas han facilitado la generación de miles de empleos y han convertido a las zonas francas en uno de los mayores sectores exportadores del país. Sin embargo, la justificación de estos incentivos depende en gran medida de los beneficios que realmente aporten al desarrollo y de un cumplimiento adecuado de las obligaciones fiscales por parte de las empresas beneficiadas.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y organismos internacionales estiman que la evasión fiscal en República Dominicana representa entre un 40% y un 50% de los ingresos fiscales potenciales en algunos sectores. Esto sugiere que una proporción significativa de las obligaciones tributarias no está siendo cumplida, afectando los ingresos fiscales. Dentro de las zonas francas y el sector industrial, la evasión puede adoptar múltiples formas, incluyendo la subdeclaración de ingresos, la manipulación de costos y el uso de precios de transferencia, prácticas que buscan reducir la carga fiscal total.

Aunque las cifras de evasión no siempre están desglosadas por sector específico, es evidente que el impacto de la evasión en el sector empresarial es considerable. La DGII estima que las prácticas de evasión y elusión fiscal en estos sectores representan miles de millones de pesos en pérdidas fiscales, recursos que podrían destinarse a mejorar servicios públicos esenciales, como salud, educación e infraestructura.

Impacto

El impacto de estos incentivos fiscales combinado con la evasión fiscal es visible en varios aspectos. En primer lugar, existe una pérdida de ingresos netos: a pesar de que el Estado renuncia a ingresos fiscales en forma de subsidios e incentivos para impulsar la industria y las zonas francas, la evasión fiscal en estos sectores reduce aún más la recaudación potencial. Esto representa una doble pérdida para el fisco y disminuye la capacidad de inversión del Estado en otras áreas esenciales.

En segundo lugar, esta combinación de incentivos fiscales y evasión contribuye al déficit fiscal. La falta de ingresos adecuada lleva a una mayor dependencia de la deuda pública para financiar el gasto estatal, lo cual eleva los niveles de endeudamiento y aumenta la vulnerabilidad de la economía a cambios en el entorno financiero global. Esta situación genera una presión adicional sobre las finanzas públicas, haciendo más difícil el mantenimiento de un gasto público equilibrado y sostenible.

Un tercer efecto relevante es el desbalance en la recaudación fiscal. Para compensar la brecha en los ingresos, el Estado a menudo recurre a impuestos indirectos o aplica mayores cargas fiscales a otros sectores menos beneficiados, lo que tiende a incrementar la desigualdad en el sistema tributario. Esto genera un sistema de recaudación desigual, donde las cargas fiscales recaen desproporcionadamente sobre ciertos sectores y sobre el consumidor final, afectando la equidad en la recaudación.

La paradoja de los incentivos fiscales con evasión es que el objetivo de estimular la economía no se traduce plenamente en ingresos, empleo o desarrollo esperado. Al permitir que algunas empresas evadan sus obligaciones fiscales mientras reciben beneficios, el Estado corre el riesgo de fomentar un sistema que privilegia a ciertos sectores sin exigirles la responsabilidad fiscal correspondiente.

Para abordar estos problemas, es crucial implementar un sistema de monitoreo y control tributario más sólido. Esto implicaría fortalecer las capacidades de la DGII para detectar y sancionar la evasión fiscal en estos sectores, así como mejorar la transparencia en el manejo y la asignación de los incentivos fiscales. La tecnología y la digitalización pueden jugar un rol importante al facilitar la detección de prácticas de evasión, así como el uso de auditorías automáticas y análisis de datos en tiempo real.

La reestructuración de los incentivos también es una opción viable. La focalización de los beneficios y la revisión periódica de los mismos puede ayudar a asegurar que realmente están aportando valor a la economía. Además, la aplicación de sanciones más severas para aquellos que eluden impuestos sería un paso necesario para mejorar el cumplimiento y reducir el impacto de la evasión fiscal en estos sectores.

Optimizar la política de incentivos y reforzar el control de la evasión fiscal en la República Dominicana es fundamental para construir una economía sostenible y justa. Un sistema que combine incentivos bien administrados con controles fiscales eficientes no solo mejoraría la recaudación fiscal, sino que también contribuiría al desarrollo económico equilibrado.

La optimización de los recursos públicos y el cumplimiento de las obligaciones fiscales deben ser una prioridad para alcanzar un crecimiento inclusivo y mejorar la calidad de vida de la población.

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