Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Presidente destaca diversidad en Feria del Libro Santiago 2026
Punta Cana se prepara para “The Village Jazz Fest 2026”
MEXICO: Agentes EU fallecidos no tenían permiso para operar
COLOMBIA: Al menos 7 muertos y 17 heridos en un atentado
EEUU: Trump cancela el viaje de sus negociadores a Islamabad
Islamabad: Ministro de Irán se va sin esperar enviados EEUU
Autoridades de R. Dominicana decomisan 450 paquetes drogas
EEUU autoriza Venezuela pagar la defensa de Maduro y Flores
Ministro de Defensa supervisa parte de la zona fronteriza sur
Abinader entrega carretera une Tavera y Jarabacoa, en La Vega
SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) depositó, ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), una querella por un supuesto despojo fraudulento de 92 millones de metros cuadrados cedidos dentro del Parque Nacional Jaragua en Enriquillo, Barahona.
Mediante instancia presentada ante la PEPCA, dichos terrenos, propiedad del Estado dominicano, benefician a Oceanus Investment, representada por el español José María de Pereda Fernández.
El presidente de la entidad, Miguel Surún Hernández, solicita investigar el contrato suscrito por Sigmund Freund y la Dirección de Alianzas Público-Privadas.
“Esto se trata de un grave hecho donde funcionarios públicos falsean fraudulentamente los hechos para favorecer a un empresario español, legitimando títulos de propiedad producto de fraude en perjuicio del pueblo dominicano y del Parque Jaragua” manifestó Surun Hernández.
Aseguró que los hechos se constituyen en falsedad en perjuicio del Estado Dominicano, estafa agravada, coalición de funcionarios y asociación de malhechores previstos y sancionados en los artículos 123, 124, 147, 148 175, 176, 265, 266, 405 406 del Código Penal de la República Dominicana.
Advirtió que los desestimientos suscritos fraudulentamente en perjuicio del Estado, carecen de validez, por lo que dicho inmueble es propiedad inalienable del pueblo dominicano.
of-am