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SANTO DOMINGO.- La entidad denominada «Sector Social del Pacto Eléctrico» opinó que la fallida convocatoria a firma de este acuerdo perseguía «legitimar contratos sin licitaciones con los grandes generadores, amparados en el poder especial que el Poder Ejecutivo le otorgó a Rubén Jiménez Bichara, vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)».
Hablando en nombre de las organizaciones en una rueda de prensa, el profesor Fernando Peña dijo que ha quedado confirmado que el Gobierno procuraba la legitimación “del turbio proceso de Punta Catalina-Odebrecht y el nuevo poder que le ha entregado el presidente Danilo Medina a Rubén Jiménez Bichara, para realizar nuevas contrataciones y negocios secretos, sin licitaciones de energías y compras para el sector eléctrico”.
Alegó que «por conductas como ésa, carentes de ética y violatorias de la ley, el Sector Social se ha opuesto a la firma del Pacto Eléctrico cuyo objetivo fundamental es blindar la corrupción y la impunidad existentes en la construcción de Punta Catalina”.
Manifestó que «la posposición indefinida del Pacto Eléctrico es una derrota a la mafia público-privada constituida por el Gobierno y por la cúpula del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) que pretende continuar haciendo negocios ilegales en el sector eléctrico a expensa de la población».
“El país debe estar alerta y tener mucho cuidado con los potenciales beneficiarios de los nuevos negocios con las EDEs y que pretenden aprovechar la discusión del Pacto Eléctrico para potenciar sus intereses y posibilidades de inversión y procurando ahora que se haga un traje a la medida de sus propósitos”, declaró.
sp-am