Chamán chacra o disolución del contrato social

El contrato social concebido por Rouseau con el Estado como denominador común de la autoridad y la seguridad colectiva, se resquebraja en la sociedad posmoderna por la tendencia creciente a un individualismo patológico que trae como consecuencia el debilitamiento de las instituciones que constituyen y legitiman el Estado-Nación.

El capitalismo salvaje que promueve el consumo como el non plus ultra para la realización de la persona humana, socaba de manera ineluctable la base misma de nuestra civilización.

El horrendo crimen que ocupa los titulares en el que fueron masacrados una mujer y sus tres hijos menores, más que la obra del monstruo antisocial que elevó la crueldad al máximo de sus decibelios, es sobre todo un subproducto arquetípico de una sociedad enferma, donde lo individual como antítesis de lo plural se constituye en un factor inequívoco de desarticulación social.

Víctor Alexander Portorreal, el Metálico,  como todo narcisista de la aldea global que ha decidido vivir al margen de las normas y convencionalismos sociales, más que un ciudadano antisocial es un aldeano pos-social, es decir, su pragmática no es ir contra la sociedad sino ignorarla; no se considera excremento del cuerpo social sino su obra terminada como referente de “autenticidad” e individualidad a ultranza, modelo idiosincrático de la personalización  en una sociedad sin límites donde todo se compra y se vende y donde el culto a lo corpóreo, a lo material, ha anulado al espíritu.

Alexander, Chamán Chacra, Metálico, o como se llame, es el otro que representa en el teatro social a los millones de metálicos “en el closet” que aún sin pelo largo y performance psicodélico son la encarnación sin rostro de la era del vacío, productos evacuados por una sociedad amoral, consumista e insustancial, donde el selfie sustituye al abrazo, el sexo reemplaza el amor, el éxito material anula los valores humanos y el rol y finalidad de las instituciones sociales son ignorados y burlados hasta por sus propios operadores.

Pero esa ignorancia del pacto social y las instituciones que lo cohesionan y legitiman no es sólo atributo de los metálicos y demás iconoclastas marginados del festín consumista. También el Estado, al asumir normas jurídicas y políticas rígidas que cada día muestran su ineficacia, también conspira contra el establecimiento societario.

En este horrendo crimen que consterna pero no estremece -porque la sociedad en su letargo ha perdido hasta su capacidad de asombro-, subyace una historia que revela la inoperancia del sistema de protección pública de la mujer y los niños, y la inexistencia de políticas públicas e instituciones gubernamentales que se ocupen del núcleo esencial de la sociedad: la familia.

El fomento desde el poder de una política de género pretendidamente protectora de la mujer frente al ente masculino “abusador”, está creando una separación insalvable entre ambos géneros que conduce a una tensión cuyo saldo se verifica cada día: más familias fracturadas e infuncionales y más feminicidios.

Los fiscales y jueces que operan la justicia sectorizada de género y menores son orientados por un patrón fijo mediante el cual el alegato de la mujer contra el hombre en una situación problemática es validado sin necesidad de investigación ni valoración crítica de los hechos y argumentos; sistema unidireccional en el que carece de todo valor la declaración del hombre y las circunstancias sociales de los hechos.

Como telón de fondo del crimen atroz que ocupa la espectacularidad mediática por estos días, hay antecedentes jurídico-procesales por los que hay que discurrir para revelar en su real magnitud una historia escasamente contada que subyace en la tragedia y que puede resultar aleccionadora.

A juzgar por lo expresado por el padre de los niños menores cobardemente malogrados por su “padrastro”, la hegemónica metanarrativa proteccionista-femenina orientó a los funcionarios judiciales que decidieron entregar los niños a favor de la occisa en una litis entre ambos padres por su custodia, sin considerar los argumentos del padre de que él tenía mejores condiciones materiales y personales que ella para mantener y cuidar a sus hijos. “Si tú quieres calle, coje calle, pero déjame atender mis hijos”, le dijo el atribulado padre a su ex mujer en una conversación reciente, según éste relató a los medios de comunicación poco después de enterarse del cuádruple crimen.

“La justicia aquí no sirve”, fue la exclamación desesperada e impotente del  padre de los niños menores, quien culpa al sistema judicial de que sus hijos sufrieran en la tragedia, lo que, según él, nunca hubiera sucedido de haber estado bajo su cuidado.

Alexander, o Chamán Chacra, como prefiere ser llamado, antes de convertirse en asesino era un narcisista arquetípico que llegó al límite de la escasez material y moral en una sociedad de consumo que ya no le permitió seguir siendo un excéntrico que puede gozar de los placeres de la vida en su Harley Davidson y al mismo tiempo tener una mujer con tres hijos que mantener, la cual en días previos a la tragedia le había dado un ultimátum: “O mejora la situación económica o me voy con mis hijos”.

Una situación económica precaria matizada por el temor del abandono de la mujer-objeto de placer llevó a este hedonista meta-social incapaz de amar a consumar en “otros” (seres a los que debía proteger) el odio que siente por sí mismo y por la sociedad, ejecutando en sus cuerpos indefensos el exorcismo de los demonios que sólo existen en su mente perversa, mediante un ritual intermitente donde tuvo lugar no sólo el crimen de sangre sino la violación sexual, el anuncio de un suicidio no consumado que debía concluir con un entierro-desfile espectacular en motocicleta y hasta una tarde de sol y arena como apoteosis dantesca de lo absurdo.

La cultura posmoderna de los flashes, la vida alegre, la insustancialidad, la espectacularidad y el mercantilismo sin límites crea estos monstruos que a fuer de distanciarse emocionalmente de los demás en aras de una pretendida individualidad libertaria, se constituyen en germen in vitro de una bacteria cuyo control fármaco-social se hace cada vez más precario.

Las altas tasas de familias disfuncionales, el incremento de los abusos físicos y psicológicos contra mujeres, niños y adolescentes, y la plaga de los feminicidios, revelan de manera incontrastable que las políticas públicas dirigidas a la protección de la mujer, niños y jóvenes han fracasado. Tal como sugirió un obispo en días pasados, en vez de ministerios de la mujer y la juventud debiera haber un Ministerio de la Familia. En vez de exacerbar las diferencias que atentan contra los vínculos naturales e indisolubles del hombre y la mujer, como actualmente hacen las políticas públicas y las prácticas judiciales, el Estado debe promover la civilización del amor a través de la educación y disponer los recursos necesarios para el estudio serio y profundo de las causas sociales que generan estos males que atentan contra la convivencia civilizada.

En tiempos en que Eros (el Amor) agoniza ante la contemplación de Narciso (el Ello individualista), Tánatos (la Muerte) erige su imperio igualitario de seres humanos y mercancías en el mercado abierto del consumo mercantilista. Este cuadro apocalíptico que puede conducir al más hondo pesimismo, al mismo tiempo puede despertar las conciencias del sueño de la mismidad y la repetición de estereotipos y en cambio impulsar el colectivo social hacia el logro de las metas sociales que legitimen la renovación del contrato social.

En este contexto el ámbito judicial juega un rol primordial. En vez de la repetición acrítica del cliché: “En caso de separación entre padre y madre, el lugar natural para que estén los hijos es donde esté su madre”, o la divisa del Procurador: “Quien ofende a una mujer va preso”, hay que hacer que el sistema de justicia retorne a la racionalidad. Es preciso oponer un discernimiento crítico  al discurso hegemónico maternalista en que se sustenta el fetichismo proteccionista que tiene su correlato en el populismo mediático-judicial.

En vez de la aplicación fría de leyes que han mostrado ser ineficaces, los funcionarios judiciales deben promover el vivo ideal de la justicia. En vez de los tribunales constituirse en “paradones de fusilación judicial” para los hombres (verbigracia, el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional), debe prevalecer en ellos la equidad, la vocación para solucionar los conflictos con racionalidad y respeto a los derechos de las partes en pugna. En vez de la aplicación draconiana de un régimen punitivo desigual que en la práctica lo que ha logrado es aumentar las tensiones entre el hombre y la mujer, y por consiguiente fracturar aún más el núcleo social, los jueces deben asemejarse más al rey filósofo de Platón que al dictador perpetuo que encarnó Julio César.

Resulta evidente que el Estado y la sociedad civil deben replantear su estrategia para el abordaje de los graves problemas de violencia de género e intrafamiliar. El modelo actual ha fracasado. Es necesario un nuevo paradigma para erradicar, o por lo menos mitigar, esta tragedia social que nos consume.