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Como ciudadano y usuario del servicio de salud en la República Dominicana me siento en la obligación de instar una alianza estratégica entre la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social , el Defensor del Pueblo, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales.
Esa alianza vendría a formar una especie de ”cruzada” contra los abusos que se están cometiendo en el sistema de salud; mientras los comprometidos encuentran el camino de reformular todo el sistema.
Si buscamos los propósitos, misión u objetivos de cada una de estas instituciones, veremos que convergen en un elemento fundamental, protección de derechos fundamentales de las personas.
Lo que se está cometiendo contra los usuarios del sistema de salud es un verdadero abuso y a nadie parece importarle realmente.
¿Cómo es posible que un usuario tenga que pagar hasta 1500 pesos de diferencia en una consulta médica cuando según lo que se nos informa no se debe pagar un centavo de diferencia en las consultas?
Pregunto: La salud es un derecho fundamental? ¿Se viola ese derecho cuando se hacen esos abusivos e ilegales cobros? ¿Cobrar lo indebido sin tener derecho constituye un ilícito penal? ¿O podría dar pasos a demanda por daños y perjuicio por violación contractual?
Otra cosa: Me gustaría saber cuál es el criterio que utilizan para clasificar los medicamentos que se cubren o no cubren ARS. Solo hay que detenerse un segundo en una farmacia para ver la respuesta que le dan a los usuarios, cuando se solicita el medicamento pretendiendo que la cobertura del seguro lo solvente. ¨Este no lo cubre¨, generalmente el más necesario. ¡Caray…, ya está bueno de tanto abuso y de tanta indolencia!
Otro asunto más profundo aun, que está pasando con algunas especialidades en salud (otorrinolaringología o psiquiatría, por ejemplo), que tu no encuentras médicos en los centros de salud y en donde están no trabajan con seguro, viéndose el usuario en la obligación de pagar lo que se le exige.
Yo hago una pregunta inocente: ¿No será que las plazas para la especialidad la están limitado o cerrando con el falso argumento de proteger a los especialistas existentes, mientras el servicio se convierte en un monopolio obligado por falta de especialista?.
Esto también debe investigarse y procederse, porque no hacemos nada con investigar si no vamos a proceder. Hay otras muchas cosas, pero por ahora me conformo con las enumeradas.
Por qué insto a la alianza: Bueno…, porque las instituciones enunciadas convergen en algunos puntos y esos puntos son los que me hacen instar a una alianza estratégica en favor del usuario, ciudadanos, persona y pueblo en sentido general, con relación al derecho de la salud, todo conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes.
JPM