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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El titular del Ministerio de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, advirtió este miércoles que al 16 de enero del 2016, los nombramientos de aproximadamente 100,000 servidores públicos que ocupan cargos de la Carrera Administrativa podrían dejar de tener efecto.
Expuso que esos puestos tendrán que proveerse a través de concursos de libre competición, si a esa fecha no se someten a una evaluación para poder demostrar su idoneidad y conferirles el estatus de servidores de carrera.
“La Ley de Función Pública establece que quedarán sin efecto los nombramientos de los servidores públicos que ocupan cargos de la Carrera Administrativa y que ocho años después de promulgada la ley, no hayan sido evaluados para que demuestren que son idóneos para desempeñarse en ese cargo y se les confiera el estatus de servidores de carrera”, señaló.
Exhortó a los responsables de las áreas de recursos humanos de Las instituciones a iniciar la revisión de los expedientes de todos aquellos servidores que cumplen los requisitos para ser admitidos en los procesos de evaluación.
Dijo que ello así para comprobar sus méritos y experiencia en la Administración Pública, y que se les pueda conferir el estatus de servidores de carrera administrativa.
“La implementación en el país del sistema de Carrera Administrativa para la gestión del personal en las entidades gubernamentales tiene como finalidad promover la eficiencia y la eficacia en el funcionamiento de la administración pública”, dijo.
Indicó que se trata de la implementación de políticas públicas sostenibles con criterios de inclusión y justicia social, basándose en el mérito, la profesionalidad y el desarrollo de los servidores públicos.
La Ley 41-08 dispone: “Los servidores públicos que a la entrada en vigencia de la presente ley ocupan cargos de carrera sin que se les haya conferido el status como servidores de carrera, serán evaluados a los fines de conferirle dicho status, en el orden que disponga la Secretaria de Estado de Administración Pública”.
Según la legislación, los servidores públicos evaluados de manera insatisfactoria en dos períodos consecutivos, mediado un período mínimo de seis meses entra la primera y la segunda evaluación, serán destituidos.