Seguridad ciudadana: la deuda sagrada del Estado dominicano

Hay un eco sordo y constante que recorre la geografía nacional, desde los callejones febriles del Distrito Nacional hasta el verdor laborioso del Cibao, pasando por las entrañas sufridas de Cotuí y las tierras históricas de Hermanas Mirabal. Esa sombra que se alarga sobre los portales no es otra que el miedo: el temor cotidiano que ha convertido la paz social en un bien escaso y la seguridad ciudadana en la asignatura más lacerante y postergada de la democracia dominicana.

Frente a este flagelo, las respuestas espasmódicas y los discursos de corte reactivo se revelan no solo insuficientes, sino éticamente insostenibles. La Constitución de la República no consagra un ideal decoroso, sino un mandato imperativo: el deber indelegable del Estado de garantizar la vida, la dignidad y la integridad de sus habitantes. Sin embargo, la realidad cotidiana palpita bajo el signo de la vulnerabilidad.

La violencia contemporánea no brota por generación espontánea; es el fruto amargo de deudas históricas inconclusas, de la sima lacerante de la desigualdad, de la asfixia de las oportunidades y de los resquebrajamientos institucionales que aún no hemos sabido sanar.

Hasta ahora, la gramática del poder ha respondido a la crisis con la gramática de la fuerza: más patrullas, más asfalto vigilado, más botas en las esquinas críticas. Pero calmar los síntomas con analgésicos de trinchera no cura la enfermedad.

La verdadera seguridad pública no se conquista atrincherándose tras murallas de fusiles y uniformes; florece únicamente cuando se desarman las causas estructurales que alimentan el delito: la deserción escolar, la ociosidad juvenil sin horizontes, la oscura marea del narcotráfico y el vaciamiento de espacios comunitarios donde antaño florecía la convivencia pacífica.

La República Dominicana clama con urgencia por un Pacto Nacional de Seguridad Ciudadana, un horizonte estratégico que trascienda la mezquindad de los ciclos electorales y se eleve a la categoría de política de Estado inquebrantable. Este propósito nacional exige cuatro pilares fundamentales:

• Prevención social de raíz: Sembrar futuro en los territorios vulnerables mediante el arte, la cultura, el deporte y la educación de excelencia, arrebatándole la juventud a las fauces de la delincuencia antes de que el crimen haga su primera oferta.
• Reforma policial auténtica: Transformar desde los cimientos el cuerpo del orden en una institución profesional, incorruptible, tecnificada y profundamente respetuosa de los derechos humanos.
• Justicia expedita y confiable: Un sistema judicial implacable con el ilícito, certero en la sanción y implacable contra la impunidad, que es, al fin y al cabo, el combustible silencioso de la reincidencia.
• Corresponsabilidad comunitaria: Entender que la paz social no se decreta desde los despachos refrigerados de la capital, sino que se teje desde abajo, con la voz, la vigilancia lúcida y la participación activa de los ciudadanos.

La inseguridad, conviene recordarlo, es una fuerza democrática en su perversidad: no distingue credos, partidos, ni clases sociales. Golpea con idéntica crudeza al colmadero que abre el cristal de su negocio al alba en un barrio populoso y al empresario que discurre tras los cristales ahumados de una torre metropolitana. Nos concierne a todos, pues la indiferencia colectiva es el cómplice silencioso que perpetúa el desorden.

La historia universal y la nuestra propia demuestran que los pueblos verdaderamente grandes no son aquellos que están libres de tempestades, sino los que se atreven a mirarlas a los ojos con la firmeza de la razón y la justicia.

La República Dominicana no puede, ni debe, resignarse a vivir agazapada bajo el asedio del pánico. Es la hora de que los gobernantes asuman el peso histórico de sus curules y de que el pueblo común reclame, sin tregua, lo que le pertenece por derecho divino y constitucional: que la seguridad ciudadana deje de ser una quimera electoral para convertirse, al fin, en una realidad palpable y dichosa.