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Por FRANCISCO DIAZ
Las cosas parecían ir bien cuando los pilotos entraron a la zona de control de la República de Guinea. El control de tránsito aéreo les dio la bienvenida y los fue pasando de controlador en controlador, hasta llegar a la torre de control, generalmente uno de los últimos eslabones antes del aterrizaje. Fue entonces cuando se enteraron de que había un problema con «el papeleo»: el controlador les pidió el número de permiso de aterrizaje, ese trámite anormal que se suponía había hecho la compañía de planificación. No lo tenían.
EL PATRÓN DE ESPERA Y EL TERCER ERROR
El controlador les ofreció entrar en un patrón de espera mientras buscaban la información, pero la aeronave no contaba con sistema de comunicación satelital, por lo que era imposible contactar a la empresa planificadora. El capitán Schlenker se planteó desviarse al aeropuerto alterno contemplado en su plan de vuelo, en Nigeria, pero el controlador finalmente les otorgó el permiso de aterrizaje y decidieron continuar hacia su destino original en Conakry. Fue el tercer error.
Al aterrizar y abrir las puertas, la realidad les cambió por completo: estaban rodeados por un contingente de entre 80 y 100 efectivos militares fuertemente armados, apuntándoles con armas largas. Todos fueron detenidos. Los pilotos fueron llevados a la estación de policía y el señor Kelton y su familia a un hotel, en calidad de arresto domiciliario.
DE LA FALTA ADMINISTRATIVA A LA ACUSACIÓN
Allí entendieron que se enfrentaban a una situación sumamente compleja, en un país que desconocían y desconectados de la persona que inicialmente los había contratado. Las autoridades los retuvieron en la estación de policía por varios días, sometiéndolos a múltiples interrogatorios sin precisar la razón de la detención. Luego fueron trasladados a la prisión estatal, donde por primera vez se les presentó una acusación formal: haber violado el espacio aéreo de la República de Guinea y atentado contra su seguridad nacional al no contar con el permiso de aterrizaje.
Los pilotos estaban anonadados. Después de más de una semana detenidos descubrieron que el simple error de papeleo había sido elevado por el gobierno guineano a un tema criminal y de seguridad nacional, en lugar de tratarse como un asunto administrativo. Se les permitió contactar a sus embajadas. Llamaron a la embajada de Estados Unidos en Guinea, que los visitó y se limitó a ofrecerles una lista de abogados locales. Tras varios días de trámites, eligieron un equipo. Mientras tanto, la familia de Fabio Espinal contactó en Santo Domingo al Lic. César Polanco, abogado y amigo de la familia, quien aceptó el caso e inició acercamientos con el gobierno dominicano.
MESES DE INCERTIDUMBRE
La odisea en prisión fue extrema. Vivieron un motín con más de 30 muertos reportados, temiendo por sus vidas entre tiroteos en los pasillos y el gas lacrimógeno que inundó su celda. Abandonados por su abogado local, pasaron meses en la incertidumbre y con poca comunicación con sus familias, mientras las autoridades les cambiaban constantemente la calificación jurídica de las acusaciones, de lo penal a lo administrativo y viceversa, en una maniobra burocrática para dilatar el proceso.
EL DESENLACE
El Lic. César Polanco decidió que la mejor forma de ejercer la defensa no era coordinar desde República Dominicana, sino trasladarse directamente a Guinea para trabajar en persona con el equipo legal local. Tras el complejo periplo desde el Caribe hasta África, logró que se variara la medida de coerción de prisión a arresto domiciliario en un hotel local.
Dentro de la desesperación de las familias, se contrataron servicios de empresas privadas norteamericanas especializadas en el rescate de ciudadanos detenidos de manera irregular en el extranjero, así como de organizaciones sin fines de lucro dedicadas a apoyar a estadounidenses en esa situación. El primer grupo generó tensión entre las familias, pues se temía que un intento de rescate armado empeorara la situación legal de los pilotos o pusiera en riesgo sus vidas.
Semanas después, las autoridades aceptaron variar la medida a libertad pura y simple, tras el pago de una multa de 45,000 dólares por cada piloto, lo que permitió su regreso a casa. El desenlace no se debió solo a la lógica jurídica, sino a la combinación de lo legal con lo diplomático, a través de la embajada de Estados Unidos -donde no había embajador designado, sino un chargé d’affaires como jefe de misión- y las gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, que no cuenta con embajada en ese país.
En definitiva, fue una situación altamente compleja y traumática para estos pilotos que, como parte de su profesión, cayeron en manos de un jefe claramente irresponsable que no solo los metió en este enorme problema, sino que al día de hoy aún les debe buena parte de los gastos de toda la travesía. Debe quedar como lección para todo piloto contratista, así como para los gobiernos dominicano y estadounidense, la fragilidad del derecho internacional público ante este tipo de situaciones.
