¿Oro o agua? El dilema de las riquezas bajo tierra

Los países en vías de desarrollo enfrentan una de las disyuntivas más complejas de nuestro tiempo: ¿hasta qué punto deben comprometer sus recursos naturales para alcanzar mayores niveles de crecimiento económico y bienestar social? Durante décadas, la explotación minera ha sido presentada como una vía rápida para generar empleos, atraer inversiones, aumentar las exportaciones y fortalecer las finanzas públicas. Sin embargo, la experiencia de numerosos países demuestra que el desarrollo sostenible exige algo más que extraer riquezas del subsuelo.

En la República Dominicana, la minería ha sido promovida históricamente como un motor de progreso. La explotación de la bauxita en Pedernales, del ferroníquel en Bonao y del oro en Cotuí constituyen algunos de los principales ejemplos. No obstante, una parte importante de la ciudadanía cuestiona si los beneficios obtenidos han sido suficientes para transformar de manera significativa las condiciones de vida de las comunidades donde se desarrollan estas actividades.

Pedernales continúa figurando entre las provincias con mayores índices de vulnerabilidad social; mientras que en zonas de Bonao y Cotuí persisten denuncias sobre degradación ambiental, deforestación y afectaciones a fuentes hídricas vinculadas a décadas de explotación minera. Esta realidad alimenta un debate legítimo sobre el verdadero balance entre los beneficios económicos obtenidos y los costos ambientales heredados.

La mina Pueblo Viejo, ubicada en Cotuí, constituye uno de los proyectos mineros más importantes de América Latina y la principal operación aurífera del Caribe. A lo largo de varias décadas de explotación, millones de onzas de oro y plata han sido extraídas, generando importantes ingresos fiscales, miles de empleos directos e indirectos y un significativo aporte al producto interno bruto nacional. Sin embargo, junto a estos beneficios también han surgido preocupaciones relacionadas con la calidad del agua, la disposición de residuos mineros y la preservación de los ecosistemas circundantes.

Hoy, el debate se traslada hacia la posible explotación del yacimiento de Romero, en la provincia San Juan. Sus promotores argumentan que el proyecto podría generar empleos, inversiones y recursos para el desarrollo regional. Sus opositores, por el contrario, sostienen que la ubicación del yacimiento en una zona de importancia hídrica representa un riesgo para las montañas donde nacen numerosos afluentes que alimentan el río San Juan, la presa de Sabaneta y, de manera indirecta, el sistema hídrico que beneficia amplias zonas agrícolas del sur del país.

La preocupación principal radica en que cualquier afectación a estas fuentes de agua tendría consecuencias que trascenderían los límites de la provincia de San Juan. El agua constituye un recurso estratégico insustituible para el consumo humano, la producción agropecuaria, la generación de energía y la preservación de los ecosistemas. Mientras el oro, la plata y el cobre pueden agotarse en pocas décadas, los recursos hídricos bien gestionados pueden sostener la vida y la producción durante generaciones.

La experiencia internacional demuestra que el verdadero desarrollo no puede medirse exclusivamente por el crecimiento económico. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas establecen que el progreso debe armonizar tres dimensiones inseparables: crecimiento económico, inclusión social y protección ambiental. Cuando una de estas dimensiones se sacrifica en beneficio de las otras, el desarrollo deja de ser sostenible.

La oposición manifestada por amplios sectores de la sociedad sanjuanera refleja precisamente esa preocupación. Productores agrícolas, ambientalistas, académicos y organizaciones comunitarias consideran que los riesgos potenciales para los recursos hídricos podrían superar los beneficios económicos proyectados por la explotación minera. A ello se suma el cuestionamiento sobre si las reservas estimadas del proyecto poseen la magnitud suficiente para generar un impacto económico transformador comparable al de otras grandes operaciones mineras de la región.

Ninguna nación debe renunciar al aprovechamiento racional de sus recursos naturales. Sin embargo, tampoco debe comprometer aquellos activos ambientales que garantizan su supervivencia futura. Cuando una actividad económica amenaza la disponibilidad y calidad del agua, resulta indispensable aplicar el principio de precaución y evaluar con rigurosidad científica sus posibles consecuencias.

La República Dominicana posee ventajas comparativas que van más allá de la minería. Su potencial turístico, ecoturístico, agropecuario y forestal constituye una fuente permanente de riqueza capaz de generar empleos, atraer inversiones y mejorar la calidad de vida sin agotar recursos no renovables. La protección de las cuencas hidrográficas, la expansión de las áreas protegidas, la seguridad hídrica y la autosuficiencia alimentaria deberían ocupar un lugar central en la estrategia nacional de desarrollo.

La verdadera riqueza de una nación no se encuentra únicamente bajo sus montañas, sino también en los bosques que producen agua, en los suelos que producen alimentos y en los ecosistemas que garantizan la vida. El desafío consiste en decidir si el desarrollo del presente justificará los sacrificios del futuro o si, por el contrario, seremos capaces de construir un modelo que permita prosperar sin hipotecar el patrimonio natural de las próximas generaciones.

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