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MIAMI, (24 de abril de 2026) – La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluyó hoy su Reunión de Medio Año 2026 advirtiendo que la libertad de prensa atraviesa una situación crítica en el hemisferio.
El informe identifica un patrón extendido de hostigamiento, restricciones, presiones desde el poder político y violencia contra periodistas, agravado por altos niveles de impunidad y por discursos que deslegitiman el periodismo y fomentan la autocensura.
El vicepresidente primero de la organización, Carlos Jornet (La Voz del Interior, Argentina), leyó las conclusiones, que subrayan además que la crisis de la libertad de prensa está estrechamente vinculada a la falta de sostenibilidad de los medios, un factor que debilita el funcionamiento democrático.
MECANISMOS DE PRESIÓN
La SIP condena estas prácticas, advierte sobre el uso creciente de acciones judiciales como mecanismos de presión, destaca los desafíos que plantea la inteligencia artificial y hace un llamado urgente a fortalecer la acción colectiva, la innovación y los mecanismos destinados a combatir la impunidad.
“Lo que antes eran tácticas asociadas principalmente con sistemas autoritarios, hoy cruza fronteras, vuelve los límites más difusos y aparece en lugares donde se pensaba que las instituciones democráticas eran sólidas”, dijo el presidente de la organización continental, Pierre Manigault.
En su discurso de apertura, el también presidente del grupo Evening Post Publishing Company, de Charleston, Carolina del Sur, advirtió que “cada vez más líderes políticos emplean una retórica agresiva que deslegitima al periodismo, alimenta la polarización y erosiona la confianza pública”.
Y remarcó que cuando se presenta a los periodistas como adversarios, “se crea un clima donde prospera la intimidación y se instala la autocensura”.
DEBILIDAD EN ESTADOS UNIDOS
Agregó que “cuando la libertad de prensa se debilita en Estados Unidos, se envía una señal a todo el hemisferio y se envalentona a otros gobiernos a hacer lo mismo”.
Precisamente, el hostigamiento, las restricciones a las coberturas informativas, la intimidación directa y las presiones administrativas y judiciales alentadas desde el poder político son una realidad que surge de la gran mayoría de los informes país por país presentados en la reunión.
Se observan estas prácticas antidemocráticas en regímenes tan dispares como las dictaduras de Nicaragua y Cuba, el gobierno autocrático de transición que tomó el poder tras la caída de Nicolás Maduro, y en países con liderazgos surgidos de elecciones libres pero que optaron por una marcada confrontación con la prensa, como los de Estados Unidos, El Salvador, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Guyana, Honduras y Paraguay. En Canadá, en tanto, se presentan proyectos de leyes y ordenanzas con efectos intimidatorios.
HECHO SIN PRECEDENTES
En un hecho sin precedentes en democracia, en estos días se prohibió en Argentina el ingreso de los 60 reporteros acreditados en la Casa Rosada, sede del Gobierno, mientras el presidente Javier Milei descalifica al “95% de los periodistas”.
Las agresiones más violentas contra periodistas y medios en el último semestre se registraron en Perú, país que vive un proceso político altamente adverso para el trabajo de la prensa, y en Ecuador y México, donde el hostigamiento desde el poder se suma el accionar del crimen organizado, en un entorno agravado por la impunidad de quienes ejercen la violencia.
En estos tres países se contabilizaron en el período dos periodistas asesinados en cada caso: Fernando Núñez y Mitzar Castillejos en Perú; Fernando Álvarez y Robinson del Pezo en Ecuador, y Miguel Ángel Beltrán Martínez y Carlos Castro en México.
SITUACIÓN DRAMÁTICA EN HAITI
La situación es también dramática en Haití, donde dos reporteros fueron secuestrados y siguen desaparecidos. Y así debemos considerarlos, aunque versiones no confirmadas aseguran que fueron asesinados. Se trata de Osnel Espérance y Junior Célestin. El caos político y social que vive el país caribeño genera impunidad para las pandillas criminales y una violencia extrema que crea “desiertos informativos” donde el periodismo independiente es prácticamente imposible.
Una de las resoluciones aprobadas en el encuentro virtual condena “enérgicamente los actos de violencia, amenazas, hostigamiento judicial, estigmatización y campañas de desprestigio dirigidas contra periodistas y medios de comunicación”.
En Brasil, el período previo a las elecciones se ve marcado por el aumento de la violencia, intimidaciones y acoso judicial contra periodistas. Pero hubo avances institucionales como fallos judiciales que fortalecen la libertad de prensa, y se adoptó un protocolo para la protección de periodistas y la lucha contra la impunidad.
En Costa Rica, si bien desde el gobierno se cuestionan decisiones judiciales a favor del pluralismo informativo, se avanza en la protección de la prensa con la derogación de normas que criminalizaban y establecían penas de cárcel para periodistas.
En Colombia, en cambio, prosperan propuestas para incrementar penas en causas contra periodistas por injurias y calumnias.
En Guatemala hay restricciones para acceder a información pública, pero se destaca la decisión de la Corte Suprema de revocar tres fallos contra el periodista y editor José Rubén Zamora, quien vivió un verdadero calvario judicial que lo mantuvo en prisión, casi sin interrupción, desde julio de 2022. En el segundo día de la reunión, Zamora brindó un emotivo mensaje en el que agradeció el apoyo de la SIP en todo este proceso.
PROLIFEERACIÓN DE DEMANDAS
La proliferación de demandas desmesuradas contra medios y periodistas fue tema de un panel donde se expusieron los casos de los grupos Vanguardia, de Saltillo, México, y Granasa, de Ecuador. Asimismo, se advirtió la continuidad de estas presiones judiciales, políticas y económicas en Panamá, lo que ratifica la necesidad de avanzar en legislaciones anti-SLAPP para desestimar rápidamente estas causas judiciales montadas para acallar voces disidentes.
En República Dominicana, en tanto, sigue sin consenso la reforma de la ley sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.
Y en Chile, tras el reciente cambio de gobierno, continúa sin avances la ley de protección a periodistas y se esperan nuevos desafíos por la normativa de datos personales que entrará en vigor en diciembre.
sp-am
CUANDO LA LIBERTAD DE EXPRESION SE TRATA DE SER COACTAR POR LOS DUEÑOS DE LOS GRANDES DIARIOS EL CAPITAL FINANCIERO GLOBAL EN FAVOR DE UN CANDIDATO TENDENCIA O IDEOLOGIA Y NO LOS PERIODISTAS HONESTOS CELOSOS EN INFORMAR LA VERDAD QUE NO SE DEJABAN NARIGONEAR DEL PODER
POLITICO Y EL CAPITAL FINANCIERO GLOBAL TENIAMOS UNA VOZ QUE AHUNQUE SE PODRIAN TENER DIFERENCIAS PERO SIEMPRE CON LA VERDAD «Y SE INFORMABA SIN TEMOR NI PAVOR:»