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Cuando las estafas salen de la cárcel
POR YANET GIRON
En los últimos años ha crecido una modalidad de estafa que se esconde detrás de un teléfono celular. Desde distintos lugares, incluso desde recintos penitenciarios, delincuentes utilizan llamadas, mensajes y redes sociales para manipular, engañar y chantajear a ciudadanos comunes. No se trata de hechos aislados, sino de una práctica que se ha ido extendiendo con rapidez.
La facilidad tecnológica explica parte del problema. Un celular, acceso a internet y algunos datos personales bastan para iniciar un fraude. La distancia que ofrece la pantalla crea una sensación de impunidad y facilita que muchos participen en estas prácticas sin enfrentar directamente a sus víctimas.
Dentro de las cárceles el problema se agrava cuando los controles fallan. A pesar de las restricciones, celulares y conexiones logran entrar a los recintos. Desde allí algunos internos coordinan llamadas, extorsiones y engaños, aprovechando que la víctima nunca imagina quién está realmente al otro lado de la línea.
Pero estas operaciones no ocurren únicamente dentro de los centros penitenciarios. También existe una red de colaboradores fuera de ellos. Personas que prestan cuentas bancarias, números telefónicos o plataformas digitales para recibir dinero y moverlo con rapidez.
Uno de los métodos más comunes es la suplantación de identidad. Los estafadores crean perfiles falsos, manipulan fotografías o inventan supuestos procesos legales para intimidar a las víctimas. En cuestión de minutos logran generar miedo y presión para que la persona actúe sin pensar.
A esto se suma el fraude financiero mediante clonación de tarjetas o engaños para obtener códigos de verificación. Con esa información logran acceder a cuentas bancarias y realizar transacciones sin autorización. Muchas víctimas descubren el daño cuando ya el dinero ha desaparecido.
Ante esta realidad, el debate sobre bloquear la señal telefónica y el acceso a internet en los centros penitenciarios ha cobrado mayor relevancia. Si una parte de estas operaciones se coordina desde esos espacios, limitar la comunicación ilegal podría ayudar a reducir el problema.
Sin embargo, la solución debe ir más allá de un simple bloqueo tecnológico. Se requiere vigilancia efectiva, investigación digital y sanciones firmes contra quienes participan en estas redes. Proteger a la ciudadanía frente a estas estafas es una responsabilidad que no admite privilegios ni descuidos.
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