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SAN JUAN.- La Policía Municipal de Carolina aseguró que no arresta a personas para conocer su estatus migratorio, luego de recibir señalamientos por el caso de un inmigrante que, tras ser intervenido por infracciones de tránsito y mostrar su licencia de conducir provisional, fue referido a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).
El pasado 8 de enero, el dominicano Joan Alberto Zorrilla Lora fue intervenido y citado al cuartel municipal siete días después, cuando acudió acompañado de su esposa embarazada. Allí, se topó con agentes de CBP, que le detuvieron por no contar con un estatus migratorio definido.
“No se puede detener o arrestar a una persona para conocer su estatus migratorio, ni se le pregunta su estatus migratorio como parte de nuestros protocolos. Si la persona es arrestada por la comisión de algún delito, se siguen los procesos uniformes para el delito que aplique”, sostuvo el comisionado de la Policía Municipal de Carolina, Rubén Moyeno, en declaraciones escritas a El Nuevo Día.
El martes, el juez presidente Raúl Arias Marxuach, del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, emitió una opinión en la que describió a Zorrilla Lora como “respetuoso de la ley, esposo y padre de ciudadanos estadounidenses”, pero denegó la petición de otorgar una vista de fianza para impedir su traslado a un centro de detención en Estados Unidos. El dominicano, padre de un infante de 2 años y una niña en camino, está detenido desde el 15 de enero.
El alcalde de Carolina, José Carlos Aponte Dalmau, no estuvo disponible para responder preguntas “por recomendación de la División Legal” del ayuntamiento, dijo su portavoz, Lourdes Vázquez.
“Nuestra Constitución y nuestros valores nos comprometen a evitar cualquier tipo de discrimen o conducta que cause desigualdad en el trato hacia quienes atendemos”, estableció, en tanto, Moyeno.
Zorrilla Lora, quien tenía trámites migratorios en curso al estar casado con una puertorriqueña, fue intervenido el 8 de enero por un policía municipal. En esa intervención, el oficial vio su licencia de conducir legalmente emitida bajo la Ley 97-2013, firmada por el exgobernador Alejandro García Padilla –del mismo partido que Aponte Dalmau– y que tiene el distintivo de “no ciudadano”, según documentos del Tribunal Federal.
La esposa de Zorrilla Lora, quien es ciudadana estadounidense, tiene su parto programado para el próximo martes. La abogada del inmigrante detenido, Charito García Miranda, lo visitó ayer, miércoles, en el centro de detención temporero, en Guaynabo, e intentó que le dieran un permiso especial para acudir al parto, pero fue denegado.
“Es la cosa más triste que uno puede ver. Están destruyendo a una familia”, lamentó la experimentada abogada de inmigración tras visitarle.
A diferencia de otros municipios populares, como Aguadilla y Hormigueros, Carolina no se ha declarado una “ciudad santuario” ni ha firmado protocolos en los que se restrinja a los oficiales municipales colaborar con las redadas migratorias del gobierno federal.
El presidente del Partido Popular Democrático, Pablo José Hernández Rivera, contestó a El Nuevo Día, en conferencia de prensa, que no se ha comunicado con Aponte Dalmau, pero opinó que los inmigrantes detenidos por infracciones de tránsito no deberían ser referidos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) o CBP.
“No conozco los hechos detrás de esa detención y ese referido. Hablando en términos generales, a mí, me gustaría que los policías estatales y municipales no refirieran a las personas a Inmigración por cosas tan pequeñas como una infracción de tránsito. Creo que los procesos de Inmigración deben enfocarse en las personas que son delincuentes, particularmente por crímenes violentos”, enfatizó el también comisionado residente, demócrata y quien consistentemente ha rechazado las políticas migratorias de la Casa Blanca.
Hernández Rivera recordó el caso de Aracelys Terrero, inmigrante dominicana que CBP detuvo el verano pasado, luego que la comerciante dominicana buscara orientación en el Municipio de Cabo Rojo, al ser también referida por un policía del ayuntamiento.
“Detuvieron a una mujer que estaba documentada, la llevaron a Texas y le impidieron que se comunicara con su abogado. La tuvieron que sacar semanas después. Son abusos que no se deberían permitir”, señaló.
A la fecha, ningún cuerpo policial en Puerto Rico ha firmado un acuerdo bajo el programa 287(g) de ICE, que autoriza delegar a oficiales del orden público estatal y local la autoridad de realizar funciones específicas de oficiales de inmigración bajo la dirección y supervisión de la agencia.
Mientras, los miembros de la Policía estatal continúan rigiéndose por la Orden General Capítulo 600 Sección 626, que establece las normas al intervenir con personas extranjeras por la comisión de delitos u otras circunstancias que requieran la interacción policial, como accidentes de tránsito.
