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El 2025, un año político movido en la República Dominicana
Por Mariela Pérez Valenzuela
Corresponsal jefa en República Dominicana
Santo Domingo (Prensa Latina) El año que concluye ha sido uno de los de mayor actividad política en la República Dominicana, marcado por las tradicionales contradicciones entre el oficialismo y la oposición, así como por una notable dependencia de Estados Unidos en diversos ámbitos.
Esta situación llegó al extremo de posponer la X Cumbre de las Américas, ante el evidente riesgo de fracaso del encuentro debido a las presiones ejercidas por la Casa Blanca sobre la región.
Cuando faltan días para que concluya 2025, y el presidente Luis Abinader completa 16 meses de su segundo mandato, el Gobierno se vio forzado a postergar la Cumbre hasta 2026 -según anunció- debido a la falta de consenso en las Américas, originada por la decisión de no cursar invitaciones a Venezuela, Cuba y Nicaragua.
FORO DESMORONADO ANTES DE EMPEZAR
La decisión dominicana, alineada con la política de la potencia norteamericana hacia esos países, provocó que el foro previsto para los primeros días de diciembre en Punta Cana se desmoronara antes de iniciar, luego de que los mandatarios de México, Claudia Sheinbaum, y de Colombia, Gustavo Petro, anunciaran su ausencia.
De una prometida cita inclusiva, esta determinación dejó claro que sería muy difícil lograr algún consenso político relevante entre los participantes, pues la Cumbre nacía incompleta desde el inicio, ante la ausencia de tres naciones que han defendido su soberanía frente a las presiones de Estados Unidos.
Las reacciones ante la omisión -justificada por el gobierno como necesaria para «asegurar el desarrollo del foro»- fueron inmediatas. Diversas organizaciones políticas y sociales denunciaron que excluir a esas tres naciones constituía una traición a la histórica solidaridad del pueblo con América Latina y el Caribe.
ACCESO DE WASHINGTON A AREAS RESTRIGIDAS AEROPUERTOS
Abinader, un empresario de origen libanés, autorizó el pasado 26 de noviembre el acceso de Washington a áreas restringidas de los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, sumándose así a la operación Lanza del Sur, que la potencia militar desarrolla en aguas del Caribe con el pretexto de combatir el narcotráfico.
Esto ocurre pese al consenso de que dicha operación constituye una amenaza directa contra Venezuela y su gobierno socialista.
El anuncio se realizó en el contexto de la visita a Santo Domingo en noviembre del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, en medio de un clima geopolítico tenso en el Caribe.
DECISION LESIVA A LA SOBERANIA
Sobre esta decisión, Jesús Díaz, director del periódico Lucha, del Partido Comunista del Trabajo (PCT), afirmó a Prensa Latina que el acuerdo de San Isidro constituye «una decisión lesiva a la soberanía y un peligro para la estabilidad regional».
Sostuvo que el anuncio del uso por parte de Washington de ambas instalaciones para operaciones de reabastecimiento, traslado de equipos y apoyo técnico a aeronaves dedicadas a la lucha contra el narcotráfico regional «debe ser recibido con la más profunda y enérgica repulsa nacional».
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