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Santo Domingo, 7 jul (EFE).- El Senado de la República Dominicana articulará una ofensiva diplomática «frente a los parlamentos del mundo» con respecto a la política migratoria del país, según decidió hoy una comisión senatorial que se reunió con varios ministros y otros organismos como la Dirección de Migración.
El presidente de la comisión, el senador por Samaná (noreste del país), Prim Pujals, aseguró al inicio de la reunión que la República Dominicana está siendo objeto de una campaña de descrédito a nivel internacional en relación a este asunto.
«Nosotros visitaremos distintos parlamentos para decirle la verdad de lo que está sucediendo. Las medidas que se están tomando son correctas y aquí no hay ningún caso de violación de derechos humanos», agregó.
La comisión fue creada para «indagar y conocer» el desarrollo del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros indocumentados, cuyo plazo terminó el pasado 17 de junio.
En la reunión celebrada en el Senado estuvieron los ministros de Interior y Policía, José Ramón Fadul, el canciller Andrés Navarro y el director de Migración, Ruben Paulino Sem, entre otros.
El Plan de Regularización para Extranjeros, calificado como el «más ambicioso» en materia migratoria en el país y cuyo plazo para acogerse se cumplió el pasado 17 de junio, se puso en marcha junto a la Ley especial de Naturalización, tras una polémica sentencia del Tribunal Constitucional que establece los parámetros para adquirir la nacionalidad.
Sin embargo, Gobiernos de la región, organismos internacionales y ONG han expresado su preocupación por que se produzcan deportaciones masivas, que arrastren a personas nacidas en el país de padres extranjeros indocumentados, lo que ha sido rechazado por el Ejecutivo nacional en varias ocasiones.
De hecho, el pasado sábado, durante la última jornada de la cumbre que la Comunidad del Caribe (Caricom), el primer ministro de Santa Lucía, Kenny Anthony, criticó a República Dominicana por tratar de poner en práctica una «escandalosa e inaceptable» política migratoria que implica la deportación de personas de ascendencia haitiana. EFE
jt/am