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Puerto Príncipe, 7 jun – El Gobierno de Haití aplazó hoy el referendo para modificar su Constitución, programado para el 27 de junio, aunque aún continúa sin establecer una fecha para su realización.
El Consejo Electoral Provisional (CEP) esgrimió la reciente instauración del estado de emergencia sanitaria ante el aumento de los casos de Covid-19, que se sextuplicaron durante mayo, con respecto al mes precedente, al tiempo que se multiplicaron por cinco las muertes.
«Esta decisión está motivada por las dificultades del Consejo para reunir y formar a todo el personal temporal para la realización del escrutinio», manifestó el organismo en un comunicado divulgado este lunes.
El CEP aseguró que publicará un nuevo calendario electoral tras las recomendaciones de las autoridades sanitarias y los dictámenes técnicos de los directivos de la institución electoral.
La entidad reafirmó su determinación de cumplir su misión «en total independencia, de manera creíble, honesta y transparente», concluyó el texto.
A finales de la semana pasada, esta entidad sugirió que podría prorrogarse la consulta popular, en medio de las críticas que suscita el refrendo por la unilateralidad de su implementación.
Además del recrudecimiento de los diagnósticos positivos del coronavirus SARS-CoV-2, y el colapso de varios hospitales que atienden los casos en la capital, el ejercicio democrático no cuenta con el apoyo de la oposición que organizó acciones en diversas ciudades del país para sensibilizar a la población contra el ejercicio democrático.
En urbes como Jacmel, al sudeste de Puerto Príncipe, activistas políticos protagonizaron intensas protestas en rechazo de la consulta, e incluso pusieron en dificultades a funcionarios gubernamentales como el ministro de Justicia, Rockefeller Vincent.
También disímiles representantes de la sociedad civil, y organizaciones calificaron de inconstitucional el referendo al no estar contemplado en la carta magna vigente.
Asimismo, reciben criticas de la comunidad internacional, que calificó el proceso de poco transparente e inclusivo, mientras la Unión Europea rechazó financiar el ejercicio.
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PL-231