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Una tragedia que avergüenza
EL AUTOR es abogado. Reside en Santo Domingo.
Todo suicidio consterna a la parte sana de la sociedad. Me refiero a los seres humanos que apreciamos y valoramos la vida en todas sus manifestaciones, sobre todo la vida de las personas honorables, honestas, trabajadoras y útiles a la comunidad.
Si quien comete suicidio es un hombre joven, profesional y dedicado a su familia, del cual dependen económicamente otros seres humanos, el hecho resulta no sólo penoso, sino preocupante. ¿Cómo se desenvolverán los hijos y su esposa ? ¿Quién costeará la alimentación, la educación, la salud, la vivienda, más todos los demás gastos que conlleva el desarrollo de una familia en los actuales momentos ?. ¿Podrán recuperarse afectiva y psicológicamente los hijos de semejante acontecimiento?.
El suicidio del arquitecto contratista David Rodríguez García, de 40 años, en la sede de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, ubicada frente al Palacio Presidencial, constituye una verdadera tragedia que ha impactado a la sociedad dominicana, no sólo a su esposa, a sus tres hijos, a sus amigos y colegas que le conocieron.
Hace unos cuantos años atrás ya había habido una serie de suicidios de ingenieros contratistas del Estado, agobiados por las deudas y los acreedores, porque no se le pagaban a tiempo las cubicaciones.
Y es que los motivos por el que el arquitecto Rodríguez se quitó la vida deben mover a una profunda revisión de los mecanismos institucionales y de pago del Estado dominicano, que lamentablemente se ha caracterizado históricamente por ser mala paga, no sólo con los ingenieros y arquitectos contratistas, sino con sus acreedores y suplidores, con las personas que les han expropiado bienes inmuebles, con los empleados del servicio exterior, etc, lo cual resulta ser un contrasentido en un Estado que promueve una economía capitalista.
En este caso no parece haber sido el atraso en el pago de las cubicaciones el motivo del suicidio del arquitecto Rodríguez García, sino la extorsión de parte de funcionarios de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), lo cual también ha sido una práctica de corrupción denunciada constantemente a la largo de los años.
El malogrado arquitecto escribió varios de los nombres de los funcionarios de esa dependencia estatal que alegadamente se dedicaban a prestar dinero a altas tasas de interés a los ingenieros y arquitectos contratistas de la institución, lo cual en sí mismo constituye un acto de corrupción prohibido por la Ley de Función Pública y tipificado como delito por el Código Penal.
Ojalá que las investigaciones de ese caso terminen con una respuesta institucional satisfactoria tanto para la familia del señor Rodríguez como para la sociedad en su conjunto.
Y es que conmueve las condiciones en que vivía el arquitecto David Rodríguez García y su familia, no obstante haber estado trabajando en el diseño y construcción de obras públicas con presupuestos millonarios, y ser un profesional brillante según el testimonio de sus profesores y colegas.
Se trataba de un profesional de la arquitectura honorable, honesto y capaz, del cual dependían económicamente su esposa enferma y sus tres hijos, y quien ni siquiera vehículo propio tenía.
De comprobarse que este profesional fue extorsionado y que funcionarios de la OISOE le retenían los pagos para financiarle las cubicaciones a altos intereses, lo cual motivaría su suicidio, tendría que esperarse de las autoridades judiciales una respuesta lo suficientemente ejemplarizante y aleccionadora para el país.
En lo que el Ministerio Público y los tribunales investigan y dirimen este bochornoso caso, es de esperarse que los organismos de control y vigilancia del Estado sean reformados a los fines de que situaciones como las que se han denunciado en la OISOE se puedan detectar y evitar con mayor eficiencia.
Y es que las instituciones que manejan los mayores presupuestos del Estado y las que pagan recursos públicos deben de contar con procedimientos y protocolos lo suficientemente diáfanos y transparentes que sean de difícil vulneración.
Los pagos a los suplidores y contratistas del Estado deberían de tener un calendario de pago institucionalizado conforme a lo que estipulan los contratos de servicios y las condiciones establecidas en el pliego de condiciones de los concursos públicos.
Debe de trabajarse más a fondo para que los pagos a los contratistas y suplidores del Estado no dependan de las influencias políticas y personales, ni mucho menos del pago de comisiones u otras irregularidades como las denunciadas por el fallecido arquitecto.
Creo que el gobierno del Presidente Medina ha llevado a cabo reformas institucionales tendentes a transparentar la administración financiera del Estado y a democratizar los procesos de asignación de obras públicas, tan monopolizados y manipulados tradicionalmente por unas cuantas manos.
No obstante, el escándalo que ha destapado el suicidio del arquitecto Rodríguez García debe mover a una revisión a fondo de los procesos de pago de los contratistas, suplidores y acreedores del Estado en sentido general, porque todo el que rinde una labor en beneficio del mismo debe recibir su compensación a tiempo y sin ningún tipo de condicionamientos reñidos con la Constitución, las leyes, la moral y la ética.
El gobierno debe hacer un esfuerzo mayor en ese sentido, y si es necesario suprimir la OISOE y otras muchas instituciones del Estado que efectivamente realizan duplicación de funciones en distintas áreas.
Seguramente, la sociedad dominicana agradecerá que se perfeccionen los mecanismos institucionales que por años se han prestado a corruptelas, extorsión y tráfico de influencias, así como si se eliminan una serie de organismos estatales que se han caracterizado por el dispendio y el mal uso de los recursos del pueblo dominicano.
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