Nuestra nación no pierde su libertad de golpe. La pierde cada día en la indiferencia, en la resignación y en la delegación pasiva de la responsabilidad histórica. Hoy, la República Dominicana enfrenta un momento crítico: generaciones enteras han sido educadas para sobrevivir, no para decidir; para recibir migajas, no para exigir justicia; para mirar desde la grada, no para protagonizar la historia.

La transformación del ciudadano en espectador no es casualidad: termina operando como un diseño funcional al abuso: mantenernos cansados, divididos y desorientados mientras sectores políticos y económicos consolidan su poder sobre lo público. No se trata solo de corrupción visible; la tragedia más profunda es la corrupción estructural que roba identidad, carácter y propósito. Cuando se roba la identidad de un pueblo, se roba también su futuro.

El método es constante y silencioso. Servicios deficientes, educación precaria, salarios insuficientes y cultura del “parche” acostumbran al pueblo a aceptar migajas como logros. Los derechos se convierten en favores y los favores en cadenas. Se gobierna desde el miedo, la ira y la desesperanza: emociones que paralizan la razón y apagan la acción consciente. Una sociedad así observa, pero no ve; oye, pero no comprende; se indigna, pero no persiste. Además, la conversación pública se manipula con propaganda, desinformación y distracciones que terminan por cansar, dividir y confundir.

Y sobre esta realidad se instala la mentira más peligrosa: “Esto no se puede cambiar”. La partidocracia teme al ciudadano despierto, no al pobre; teme al que, informado y organizado, exige justicia. Por eso termina alimentando desesperanza y cinismo. Sin embargo, la historia nos enseña que los pueblos despiertan cuando deciden actuar.

Para nosotros, el símbolo es el 27 de febrero de 1844, cuando Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella demostraron que la libertad no nace de la comodidad ni de la obediencia, sino del sacrificio, la disciplina y la organización moral. Ellos no esperaron que otros resolvieran el problema: asumieron la responsabilidad de cambiar el rumbo.

Hoy enfrentamos un desafío semejante, aunque distinto en sus formas. La dominación ya no llega solo con fusiles ni invasiones militares; también llega mediante estructuras de control financiero, contratos de largo plazo y alianzas público-privadas que pueden erosionar la soberanía cuando la ciudadanía pierde vigilancia y promueven dependencia. La captura puede ser pacífica y silenciosa, pero igualmente efectiva: convierte derechos en privilegios, dignidad en favor y futuro en incertidumbre.

El asistencialismo convertido en instrumento político refuerza esta trampa: carencias estructurales, alivio temporal, obediencia, silencio y perpetuación de pobreza. Eso no es justicia social; es clientelismo. Cuando se suman instituciones duplicadas, nóminas infladas, contrataciones opacas y controles débiles, el Estado se transforma en botín. La pregunta no es si tenemos recursos; es si tenemos carácter.

El cambio exige un ciudadano protagonista. Uno que entienda que sus derechos son límites que el poder no puede violar y que sus deberes son la disciplina que sostiene la convivencia. Que actúe con constancia, no con ruido. Que vigile contratos y resultados. Que forme parte de veedurías locales. Que vote con conciencia, no con gratitud fingida.

Necesitamos un ciudadano nuevo: manso ante Dios, firme ante la injusticia; que no intercambie dignidad por favores ni normalice la corrupción como “viveza”. La libertad no se sostiene con discursos; se sostiene con carácter. Y el carácter se forja en la familia, la comunidad, la educación y la fe auténtica.

Recuperar la patria también es recuperar la identidad y la memoria. Una nación sin símbolos ni historia es fácil de manipular. La patria no es un eslogan: es un hogar colectivo, un legado de sacrificio y un compromiso con el futuro. La enseñanza de Duarte sigue vigente: un país solo permanece libre si sus ciudadanos viven con moral, justicia y amor a la nación.

El camino de liberación es claro y práctico

Primero: conciencia cívica. Conocer derechos y deberes, aprender a fiscalizar y exigir información pública.

Segundo: control institucional. Justicia independiente, auditorías verificables y consecuencias reales por abuso de poder.

Tercero: dignidad social. Trabajo decente, servicios públicos como derechos, educación y salud como patrimonio de la ciudadanía.

Cuarto: organización comunitaria. Liderazgo moral local, veedurías efectivas, redes de vigilancia y acción cívica sostenida.

El punto de quiebre está frente a nosotros: pasar de la comodidad del espectador a la responsabilidad del protagonista. El precio del cambio no es violencia ni odio; es disciplina, constancia y vigilancia. Es dejar de premiar la viveza y empezar a honrar la honestidad.

Desde el Foro y Frente Cívico y Social llamamos a formar y organizar ciudadanía en cada localidad. Allí nace la República que debemos rescatar; allí comienza la liberación verdadera.

El amanecer no llega solo. Llega cuando una sociedad deja de mirar desde la grada y entra al terreno de la responsabilidad histórica. Cuando eso ocurre, el ciudadano deja de ser espectador, la nación deja de ser botín y la patria vuelve a ser proyecto común.

El reloj de la libertad sigue marcando. Su permanencia depende de nosotros: de nuestra conciencia moral, nuestra fe y nuestra valentía. Porque cuando un pueblo vuelve a la verdad, deja de ser manipulable; cuando se organiza, deja de ser presa; cuando mantiene su carácter, la dignidad reemplaza al ocaso.

Del ciudadano espectador al ciudadano protagonista. Del silencio a la conciencia nacional que hace historia.

Despierta RD

“El poder no es una herencia para el disfrute de unos pocos, sino una carga de servicio que solo la integridad y la técnica pueden sostener con dignidad” (MB).

Los antecedentes de modelos basados en el uso del aparato estatal para fines privados ofrecen lecciones claras en la historia moderna, moldeados entre sistemas donde la burocracia se expande para albergar intereses políticos, mientras la infraestructura colapsa y cae en el declive de las quiebras institucionales, los recursos se disipan en redes de favores que benefician a sectores reducidos y finalmente dejan en el precipicio las necesidades más urgentes de la población.

En contraposición a esta catarsis, existen referentes de gobernanza basados en la profesionalización y el apego estricto a la ley, además de modelos que promueven la meritocracia y la transparencia, los cuales se acentúan con el paso de los años. El progreso real no reside en el centralismo, sino en una administración donde el funcionario no responda a la ilegalidad e intereses coyunturales. Es importante recordarle a nuestros funcionarios políticos, si no es que lo saben, que a través de una gestión descentralizada y técnica es de la única manera que en la República Dominicana se podría lograr sostenibilidad, estabilidad y paz social.

La diferencia fundamental radica en la visión de nación que se aplica, visto que mientras un enfoque clientelista percibe a los ciudadanos como cifras electorales, una gerencia pública ética los reconoce como los legítimos dueños del proyecto común, y en ese sentido hay que decir que: un país gestionado con dignidad no centraliza las decisiones para limitar a las regiones, sino que fomenta las capacidades locales, entendiendo que el desarrollo nacional es el resultado de eficiencias regionales coordinadas bajo un marco legal estricto y cubierto por el bienestar común.

A menudo, la falta de acciones eficaces en beneficio de la sociedad nunca quedan al descubierto, es todo lo contrario, es una consecuencia de sistemas diseñados para ser permeables a la manipulación, porque cuando la institucionalidad es débil se facilita la obtención de privilegios injustificados, por lo que, en este contexto, el ejercicio del poder se aleja de su mandato original sumado a la búsqueda del bienestar general y la equidad social.

Es notorio en nuestro país que la sustitución sistemática de cuadros técnicos por aliados políticos anula la memoria institucional y esta falta de continuidad impide la acumulación de conocimientos especializados, obligando a la administración pública a proyectar ciclos constantes de aprendizaje y errores que terminan afectando la calidad de vida de los sectores más vulnerables.

Los gobernantes y políticos dominicanos no quieren entender que para fortalecer la administración pública, es necesario aplicar criterios de rigurosidad similares a los de la alta gerencia. Bajo los argumentos del oportunismo, no quieren entender que la conducción del Estado requiere indicadores de gestión, transparencia y respeto absoluto a las normas, porque la salud de una nación debe reflejarse en la calidad de sus servicios públicos y en la atención efectiva al ciudadano, no en la acumulación de influencias por parte de quienes ejercen cargos temporales.

Los sistemas donde la carrera administrativa es respetada tienen tendencia a ser los más resilientes ante las crisis. El acceso a la función pública debe ser un proceso basado en el mérito, donde la estabilidad depende del desempeño profesional, un paso necesario para transitar hacia una sociedad de instituciones, donde la gestión sea ágil, ética y cercana a las necesidades reales de la población. Por eso siempre digo: “La moral es el susurro de la conciencia que nos dicta lo justo y el deber es la voluntad inquebrantable de convertir en realidad ese dictamen en nuestra única ley”

El desafío actual consiste en orientar el ejercicio del mando hacia la búsqueda del bien común. La gestión de estos tres cuartos de isla exige la comprensión de un liderazgo con herramientas para facilitar el progreso colectivo y gerenciar con ética la eficiencia y las normas para que el poder cumpla su función legítima de servir a la voluntad nacional, a fin de que los resultados sean honestos y beneficiosos para todos.

“Cuando el mérito es desplazado por el favor, la justicia se convierte en una mercancía y el futuro de la nación en una deuda que pagarán a quienes nunca fueron invitados a la mesa del poder” (MB).

jpm-am

Un escándalo explosivo ha sacudido la cooperación antidrogas en el Caribe: la Embajada de Estados Unidos cerró temporalmente la oficina de la Drug Enforcement Administration (DEA) en la República Dominicana.

Lo que inicialmente se presentó como una medida de “cero tolerancia a la corrupción” revela ahora un trasfondo mucho más grave: presuntas extorsiones y fraude en el otorgamiento de visas por parte de un alto funcionario de la agencia.

Investigaciones judiciales en Estados Unidos indican que un supervisor de la DEA fue arrestado por soborno y fraude de visas, acusado de recibir miles de dólares para agilizar al menos 119 solicitudes, muchas con fines cuestionables.

Fuentes extraoficiales señalan que cada gestión podía generar pagos de hasta 3 000 dólares, creando un circuito informal de lucro que aprovechó la autoridad del funcionario. Este caso evidencia cómo incluso programas legítimos pueden convertirse en instrumentos de beneficio personal cuando faltan controles claros.

El impacto va más allá del agente involucrado. La República Dominicana es un nodo estratégico para la lucha antidrogas en el Caribe, y la DEA ha sido clave en la desarticulación de redes criminales y el control del tránsito de drogas hacia Estados Unidos.

La interrupción de operaciones, aunque temporal, genera dudas sobre la continuidad de la cooperación, la inteligencia compartida y la eficacia de la seguridad regional. La confianza institucional, base de cualquier programa internacional de seguridad, queda seriamente comprometida.

Analíticamente, el caso revela un patrón preocupante: la autoridad sin supervisión es vulnerable a la corrupción, y programas delicados de migración y seguridad pueden convertirse en terreno fértil para extorsión y abuso.

El cierre de la oficina refleja un intento de restaurar control y enviar un mensaje de tolerancia cero, pero también evidencia la fragilidad de estructuras que dependen de la confianza y del prestigio institucional.

La DEA enfrenta ahora un dilema crítico: recuperar credibilidad antes de que la crisis escale o arriesgar que su influencia se convierta en un problema estructural para la región. En el Caribe, donde seguridad, política y narcotráfico conviven peligrosamente, este episodio deja un mensaje claro: ni siquiera los guardianes de la ley están inmunes al veneno de la corrupción.

Visas, sobornos y caos marcan un antes y un después en la cooperación antidrogas en la región, recordando que el poder sin control puede ser tan peligroso como el crimen que se busca combatir.

jpm-am

El presidente Luis Abinader habría recapacitado e intervenido a tiempo para librar su gestión de algo que a todas luces apuntaba a una gran metedura de pata, por los impredecibles daños que le acarrearían al país en materia de la formación de los profesionales del futuro.

Hablamos del inoportuno y perturbador proyecto oficial de fusionar los ministerios de Educación y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), respectivamente, proyectando la desaparición de este último.

¿Quién habrá sido el autor o “asesor” de lo que para la comunidad educativa nacional y otros sectores importantes de la sociedad no era más que un tremendo disparate, porque no era otra cosa? Extrañaba a muchos la descabellada propuesta y la insistencia misma en fusionar los mencionados ministerios, a partir de los roles muy diferentes de ambas instituciones, especialmente del que se buscaba desaparecer, siendo el responsable de supervisar, evaluar y reglamentar las instituciones de educación superior para asegurar estándares de excelencia.

Antes de existir el MESCYT, a cualquier local le ponían un letrero y le denominaban” universidad”, aunque no dispusiera de laboratorios, de espacio físico ni de elementales requerimientos a toda institución responsable de formar buenos profesionales.

Además, si se quería simplificar la hipertrofiada burocracia estatal y evitar dispendio de recursos públicos ¿por qué desaparecer lo que funciona bien, pudiendo erradicar las nominillas de siempre en instituciones oficiales, así como juntar en un abarcador Ministerio de la Familia varios órganos ahora dispersos y sin sentido alguno, como los encargados de la mujer, de la juventud y de la niñez?.

Quizá para evitar nuevas críticas, pero era raro que Abinader -dado a rectificar ante errores- no procediera ante la fuerte oposición a la fusión del MESCYT y el MINERD expresada por la asociación de universidades del país, por la asociación de rectores y por pasados ministros de ambos órganos de educación, en distintos gobiernos, entre otros.

A mitad del periodo, y Luis con raíces en el sector educativo, sería errático cargar con ese fardo pesado. Y con el decreto que designa un nuevo ministro de Educación Superior envía una clara señal: La fusión no va. Lo mejor que podía pasar; seguir con el proyecto habría sido un disparate costoso, en lo educativo y en el aspecto político.

encar-medios@hotmail.com

jpm-am