El presidente Luís Abinader está demostrando que se preparó para el cargo que ocupa. Ha enfrentado la crisis sanitaria y la crisis económica que marchan paralelas para terminar de arruinar la nación, con bastante acierto, tomando las medidas necesarias para solucionarlas, sembrando en cada momento banderas de esperanza en la población.

En menos de un año se nos presenta como un estadista, manejando acertadamente la comunicación directa con su pueblo de manera franca y llana. El presidente es el mensaje a través de su imagen y de sus acciones; habla claro teniendo como norte la verdad, lo que le ha granjeado credibilidad, por suerte.

Sigo creyendo, sin embargo, que en sentido general la estrategia comunicacional del gobierno es errática -si es que existe- por la falta de un diseño correcto que abarque todas las instituciones civiles y militares, incluso. Cito un caso: la Dirección Nacional de Control de Drogas está haciendo un trabajo extraordinario dándo golpes demoledores al narcotráfico. Pero no se comunica adecuadamente, y por lo tanto, no contribuye a fortalecer la imagen del gobierno y del presidente.

Podría citar algunos ministerios y departamentos que hacen una buena labor pero se mantienen en silencio. (No olvidemos que la gallina cuando pone un huevo lo cacarea para que todos se enteren)

Durante una intervención militar de Estados Unidos en Medio Oriente se cometió una matanza, como es costumbre. El presidente del país preguntó si CNN lo había informado. Cuando le dijeron que no, dijo: “pues no ha ocurrido”. En estos tiempos de “post verdad” la objetividad, incluso la verdad y la razón, importan poco cuando se tiene el monopolio de la información. Recordemos que la primera víctima de una guerra es la verdad, es la noticia. Donald Trump lo demostró tanto en su campaña electoral como en su mandato de apenas cuatro años, por fortuna.

A casi un año del gobierno del cambio que encabeza Luís Abinader la comunicación estratégica está pendiente, es una materia en estudio que debe pasar con excelente calificación para el éxito de la presente administración.

Del libro “Estrategias de comunicación para gobiernos” de Roberto Izurieta, Christopher Arlerton y Rubén M. Perina, extraigo la siguiente lección que espero sirva de algo: “Muchas veces los políticos confunden la estrategia de comunicación de un gobierno con algunos de sus elementos. La estrategia no es usar determinados medios como publicar comunicados aburridos en los periódicos, fastidiar a la población con cadenas de televisión u ocupar espacios en los noticiarios. No es tampoco tener un lenguaje: “preocuparse por los pobres”,” luchar en contra de la corrupción”, ”dar pan, dar techo y empleo”. No lo es tampoco hacer encuestas, dialogar con la oposición o hacer una buena alianza en el Congreso. Todos esos son elementos que pueden ser parte de una estrategia de acción o de comunicación de un gobierno, pero son solo eso: elementos”.

Y concluyen: “si comparamos la comunicación con una casa, diremos que todo lo que hemos enumerado son los ladrillos, las ventanas, las puertas de una casa. Son partes de la construcción. La estrategia es el diseño, aquello que da sentido a todos los elementos que forman parte de la casa”. (¿Se entiende?)

Las deficiencias comunicacionales del gobierno del PRM no se le pueden atribuir a la oficina de prensa del Palacio Nacional. Culpar a la diva y comunicadora Milagros Germán o al periodista Daniel García Archibald es un error. A ellos no les corresponde el estudio, la investigación y la elaboración del plan de comunicación estratégico. No hablo de una oficina o un departamento de prensa, hablo del diseño y puesta en práctica de una estrategia global que abarca toda la estructura del Estado, y que incluye un análisis minucioso de los distintos medios de comunicación, su influencia, su penetración en la población, su utilidad a los fines de los intereses del gobierno. Publicidad y propaganda no constituyen una estrategia de comunicación. No se trata -como he dicho antes- en convertir al Estado en una agencia de publicidad para favorecer a determinados sectores económicos y políticos, incluyendo a los periodistas.

El tema es complejo y no puede tratarse con amplitud y contenido en un breve artículo periodístico. Además, corresponde a los dirigentes del PRM y al gobierno en sí mismo, y sus asesores o expertos en la materia, irse un fin de semana a un hotel para analizar la problemática y salir con un diseño de política comunicacional, tanto del partido, como del gobierno a largo plazo.

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POR LUCY ROSEMARYS SANTANA 

A más de dos décadas del siglo XXI,  históricamente se produce el primer magnicidio de la época en las Américas que acapara la opinión y reacción internacional, en el cual fue  víctima el entonces presidente de la República de Haití, Jovenel Moïse, por el Partido Haitiano Tet Kale (PHTK). Este acontecimiento el cual ocurre por segunda ocasión en ese país, indudablemente demuestra la falta de control, seguridad interna y la peligrosa inestabilidad crónica que desató la declaratoria de su figura constitucional del estado en situs, con fines de tratar de “mantener la seguridad pública y la estabilidad social- política”.

Hasta el momento se presume que el actual contexto de inestabilidad política, social, económica y de seguridad que sitúa a Haití en el tablero de la geopolítica caribeña y latinoamericana de la ruptura del orden democrático, donde históricamente ha carecido de instituciones y poderes públicos sólidos, ha sido la principal causa del magnicidio del jefe de Estado del país más pobre del continente americano y el  número 15 del mundo, seguido de la interpretación constitucional del presidente referente al término de su período presidencial y su decisión de “extenderlo” hasta el 07 de febrero del 2022 a pesar del rechazo de la mayoría de la población.

Conforme un informe publicado recientemente por el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH), Haití ha reflejado la creciente influencia de las bandas criminales armadas en el país, las cuales han consumado secuestros de extranjeros y nacionales, asesinato de autoridades, entre otros patibularios de inseguridad generalizada, a lo que se le suman las contradicciones entre sus principales líderes políticos, la falta de instituciones legítimas luego de la cesación  del parlamento y la inoperancia de la Corte de Casación, así como debates legales-constitucionales sobre el cálculo del período presidencial, la constitucionalidad del mandato presidencial luego de febrero del presente año y el debate del referéndum, que algunos sostienen está prohibido constitucionalmente.

Una vez más queda de manifiesto que constituirse en una de las personas con más poder político de un país en condición de presidente  resulta más peligroso de lo que se puede creer, puesto que llegar a la cima del poder no solamente significa el compromiso, responsabilidad  y el honor de dirigir los destinos de un país, sino que implica ganarse enemigos en el camino que fueron siempre tus adversarios y/o en determinado momento aliados que han apoyado firmemente decisiones que cuestan la vida.

Hasta ahora, los orígenes del asesinato de Moïse no están esclarecidos, solamente se manejan especulaciones referentes a los motivos y posibles actores, siendo la primera conjetura de esto último que nacionales colombianos participaron en la ejecución del magnicidio, sin aun determinarse si las ordenes de ejecución obedecen a la oposición política, la clase empresarial con poder, sus propios aliados, interés externos u otros. Asimismo, cabe investigar quién o quiénes son los verdaderos responsables de tan horrendo crimen. Dada la indudable agudización de la crisis política haitiana, este país necesitará contar con el apoyo internacional para poder descubrir a todos los responsables y sancionar este reprochable  crimen de Estado.

En ese mismo orden, según vayan pasando los días y se esclarezca este hecho desconcertado, podremos darnos cuenta si el asesinado del presidente obtuvo las consecuencias políticas de agravamiento de la crisis natural esperadas por sus ejecutores, o si sucederá todo lo contrario. De igual forma, si este hecho moralmente execrable será el acontecimiento histórico que sirva de punto de inflexión para, a través de la decisión soberana de las clases sociales haitianas representativas, resolver su propia crisis, siendo utilizada como la oportunidad probablemente única de dar giro a la suerte del desdichado desarrollo nacional haitiano.

Ante este panorama tan incierto, la comunidad internacional, en especial las principales potencias, en un primer plano, deben tomar acciones realistas inmediatas que conlleven aunar esfuerzos para que Haití logre establecer un gobierno transitorio que lo lleve paulatinamente a lograr cierta estabilidad política y con ellos la recuperación de la seguridad ciudadana, pública y nacional. En un segundo plano la recuperación de sus poderes públicos y con ello la institucionalidad que garantiza la democracia, el cumplimiento del ordenamiento jurídico y el Estado de Derecho mediante la organización de elecciones democráticas. En tercer orden, las grandes potencias y los organismos internacionales deben enfocarse en la implementación de estrategias de desarrollo y recuperación económica a mediano y largo plazo, las cuales solamente se podrán lograr con la inversión de grades recursos en diferentes áreas y la aquiescencia de los altos mandos políticos y la elite empresarial del país vecino.