SANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo puso en retiro, por antigüedad en el servicio, a diez generales de brigada de la Policía Nacional, informó este viernes el consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Son ellos:
an/am
Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
ADP inicia plan de lucha contra fusión de Educación y Mescyt
Trump cancela contacto con Irán, llama a seguir protestando
China y R.Dominicana con mejor PIB per cápita que México
Migración informa detención en RD de 1,385 haitianos en un día
Una haitiana desarma vigilante; hiere 3 en una tienda de Verón
Piden ir hasta el final en caso de denuncia contra Julio Iglesias
Luis Abinader imparte docencia sobre Moral y Cívica en liceo SD
¿Por qué Abinader no ofrece ya su rueda de prensa La Semanal?
El dólar subió y era vendido a RD$63.98; euro sigue RD$76.44
INDEX e INDOTEL lanzan campaña envío virtual de remesasSANTO DOMINGO.- El Poder Ejecutivo puso en retiro, por antigüedad en el servicio, a diez generales de brigada de la Policía Nacional, informó este viernes el consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Son ellos:
an/am
Santo Domingo, 19 nov – El ex representante comercial de Odebrecht Ángel Rondón fue este jueves el primer acusado en declarar en el juicio y cuestionó a la fiscalía por haber excluido del caso la central eléctrica de Punta Catalina, obra adjudicada por el Gobierno de Danilo Medina.
En su declaración, de varias horas de duración, Rondón trató de defender su inocencia rebatiendo párrafo por párrafo las imputaciones de la fiscalía, señalando supuestos fallos en el relato de la acusación o falta de pruebas.
Se centró, especialmente, en señalar la incongruencia que, según él, supone excluir Punta Catalina del caso, teniendo en cuenta que él operó de la misma forma con esta termoeléctrica que con las otras 16 obras en las que intermedió a favor de la constructora brasileña, según su versión.
«Actué en 16 proyectos, y en Punta Catalina dicen que no, que fue investigada hasta la saciedad y yo no di sobornos (…) no entiendo por qué la selección. O todo toro o todo vaca», dijo Rondón entre risas en su declaración ante las magistradas de la corte.
Rondón subrayó que «no es por casualidad» que las delaciones concluyen en 2012, con las últimas obras licitadas por el Gobierno de Leonel Fernández, sugiriendo que hay una motivación política en el caso.
En esa misma línea de argumentación, aseguró que mantuvo conversaciones en la cárcel de Najayo con el dirigente peledeísta Temístocles Montás y con el perremeísta Andrés Bautista.
«Le dije a ellos dos si ustedes siguen con la práctica de que cada Gobierno que entra va a salir a hacerle líos al que sale, esto no se va acabar nunca», comentó.
Entre otros argumentos para demostrar su inocencia, Rondón alegó que en el acuerdo de delación realizado por ejecutivos de Odebrecht en Brasil no le citan de forma expresa.
Aseguró, del mismo modo, que la compañía negociaba directamente con los políticos dominicanos, asegurando que presentará un testigo que lo corroborará, Maximiliano Suero.
También cuestionó a la fiscalía por hacer cambios en la traducción de las delaciones enviadas desde Brasil y por alterar su propia declaración ante el entonces procurador general, Jean Alain Rodríguez.
El empresario dijo que en los años que trabajó para Odebrecht recibió 200 millones de dólares, pero no para sobornos, sino para fines legales, tales como el pago de honorarios por representación comercial, como subcontratista, como consorciado y por el alquiler de equipos.
Le ofrecieron acuerdo
Expresó que se negó al mismo porque él no sobornó a funcionarios, como ha dicho el Ministerio Público.
El acusado aseguró, además, que el exProcurador manipuló lo dicho por Marco Vasconcelos Cruz. Recordó que, en principio, el Ministerio Público acusó solo a 14 personas, pero dejaron fuera de la acusación a 28 que también fueron mencionadas.
Rondón continuará su declaración ante el tribunal el próximo lunes por la mañana, fecha en la que se reinicia el juicio.
Según documentos publicados en 2016 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en doce países latinoamericanos, entre ellos República Dominicana, donde admitió haber desembolsado 92 millones de dólares.
Los otros acusados en este caso son los exsenadores Andrés Bautista García, Roberto Rodríguez y Tommy Galán; el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y su supuesto testaferro Conrado Pittaluga Arzeno.
(Con información de Agencia EFE)
SANTO FOMINGO.- Tras ser declarada este miércoles la Fuerza del Pueblo como la segunda mayoría en el Senado de la República, el expresidente Leonel Fernández expresó que eso se veía venir, alegando que el bloque de senadores de su partido es mayor al del Partido de la Liberación Dominicana(PLD).
Dijo que esa decisión no debe ser una sorpresa. “Eso lo sabíamos siempre, lo habíamos dicho que la segunda mayoría en el Senado era la Fuerza del Pueblo, porque 8 es más que cuatro, pero ahora 9 es más que tres, eso nos permite tener un representante en el Consejo Nacional de la Magistratura”, manifestó el exmandatario.
Fernández puntualizó que el partido que preside se hace cada vez más fuerte con la entrada de nuevos miembros que abandonan al Partido de la Liberación Dominicana.
“Seguirán llegando peledeístas a la Fuerza del Pueblo, esa hemorragia no la detiene ningún torniquete”, dijo.
Se refirió al tema durante la presentación de un ensayo de la FP sobre las acciones y medidas de políticas para garantizar la seguridad alimentaria en medio de la pandemia del covid-19, donde señaló que no es momento de retirar las ayudas sociales que han surgido a raíz de la entrada del virus a República Dominicana.
an/am
Gobernando a una velocidad de vértigo, el presidente Abinader, sin haber cumplido los primeros 100 días de su gobierno, ha prometido y anunciado ejecución de obras y de programas en especial sanitarios y educativos con un costo superior a los cien mil millones de pesos en una actividad como si se le estuviera acabando el tiempo.
Este frenético accionar fue detallado por un periodista del Listín Diario en una crónica reciente donde se ofrecían pormenorizados detalles de las promesas. La mayoría de ellas están contempladas en el proyecto de la ley de gastos para el 2021 que se estudia en las cámaras.
Pero siempre surgen promesas imprevistas que se agregan a ese listado de gastos cuyos desembolsos quedan en posibilidades de no materializarse por las limitaciones de los ingresos fiscales agravados por los extraordinarios gastos que obliga la pandemia del COVID-19.
Este deja poco margen para cumplir promesas y se estancarán muchos proyectos que tendrán su ejecución detenida en el 2021. Estos podrían ser los casos de las circunvalaciones de Baní, Azua, San Francisco de Macorís y ahora de Los Alcarrizos y por igual la autopista del Ámbar.
Los mermados ingresos fiscales no podrán cubrir tantas promesas y compromisos o al menos que se continúe con la concertación de préstamos sumergiendo la deuda externa en un pantano sin fondo.
Esto provocará desesperaciones políticas ya que se le ofreció a la población una administración inmaculada sin corrupción, incluyendo castigos a los culpables de esos latrocinios para gobernar con honestidad. La población estará en guardia para ver si el gobierno no es más de lo mismo y las promesas quedarían en meras intenciones.
Entonces se vería que los políticos hábiles esperan que los pueblos olviden las promesas y la indolencia típica dominicana se hace cargo de los sentimientos populares e intenciones. Todo se diluye y desaparecen las presiones que se les habían colocado a las nuevas autoridades para que cumpliera sus iniciativas prometidas de llevar a cabo una administración transparente y emprendedora para hacer un gobierno decente al gusto de los deseos del pueblo ya cansado de tantos políticos deshonestos y corruptos.
Los políticos, proclives a la corrupción, buscan entronizarse en sus cargos para tan solo enriquecerse y engañar con falsedades al incauto pueblo que se utiliza cada cuatro años para venderle promesas. Somos tan ingenuos, indolentes y tontos útiles que todo se nos olvida y se le permite hacer sus bellaquerías que lleva a funcionarios, que antes de alcanzar sus cargos eran casi pobres de solemnidad, luego buscan cobijarse en la burbuja de los millonarios de la oligarquía criolla, celosos guardianes de sus espacios logrados en base a un trabajo constante aun cuando siempre han contado con una ayuda de los gobiernos para engrosar sus fortunas.
Es loable el acelere del presidente Abinader. Se ha visto que no pasa un día sin que no ocupe la primera página de los diarios con las promesas que hace o las obras que anuncia. Y se ve ayudado por los inversionistas nativos y extranjeros, que pese a la crisis sanitaria, se tiran al ruedo para llevar a cabo proyectos por largo tiempo elaborados y a la espera de una oportunidad para materializarlos.
Ahora, con la pandemia y la economía del país debilitada por los notables gastos para enfrentarla, el gobierno se obliga a ser más diligente en su captación de capitales frescos e ingresos fiscales acorde con la situación y para fortalecer el gobierno que requiere la alianza público-privada para estimular la economía maltratada y casi llevada al colapso. Ha sido un baño de salud que el notable aumento de las remesas ha aportado un colchón a las reservas de divisas del Banco Central y permiten cumplir con los notables gastos de los meses finales del año.
La apertura del turismo es otro esfuerzo arriesgado que el gobierno ha emprendido en estos cien días y decidido a darles paso a los turistas locales y extranjeros para ver si los hoteles vuelvan a ocupar su primacía como motor de la economía y sostén del avance logrado en los pasados diez años.
Inclusive ahora se nota de como los hoteles que han abierto sostienen una ocupación aceptable logrando sostener el entusiasmo al sector turístico tan necesitado de ese repunte positivo.
Pero hay que ser precavidos ante la amenaza del otro indeseado repunte, mucho más peligroso del COVID-19. Esto se observa con preocupación por la tasa diaria de contagios que supera muchas veces los 500 contagiados diarios.
El novedoso informe del pasado lunes, con motivo de los tres meses de la administración de Abinader, impactó en la opinión y reflejó otra faceta del presidente que apuesta llevar a cabo un buen gobierno.
Y pese a las preguntas precocidas fue de impacto la presentación presidencial para sellar el primer período clave de cualquier gestión presidencial.
JPM

Creo, es más casi estoy convencido, que, detrás de los detractores de la sentencia TC-168-13 -a pesar de algunos aspectos que se corrigieron con la ley 169-14 (una salida humanitaria), hay toda una vieja agenda supranacional, cuyos promotores nacionales son parte de la “sociedad civil”-ONGs e intelectuales-periodistas, subvencionados por agencias extranjeras y algunos que otros gobiernos -solapados- cuyos objetivos fácticos-estratégicos parecerían dos: a) hacer viable una fusión -sui géneris- de las dos sociedades (un absurdo e imposible por razones étnicas-históricas-culturales)
En otras palabras, allí donde un país o “conglomerado humano” no sea viable, esa superestructura -de poder económico-geopolítico-, a través de sus agencias y personeros nacionales, alienta solución-fusión, crisis políticas, humanitarias o conflictos bélicos que devienen en desplazamientos ciudadanos, refugiados, migración o, asentamientos humanos-fronterizos que, generalmente, terminan en transculturización o “derechos adquiridos”-litigios que ese doble sistema de “derechos humanos universal” le reclamará y exigirá -cumplimiento- al país más “desarrollado” -como en el caso RD-Haití-. Y por más disfrazado que este, esas son las variables-estrategias del plan.
Por supuesto, y aunque a la comunidad internacional, su sistema de derechos humanos universal y sus asalariados nacionales, no los quieran entender (¿?): en el caso concreto, República Dominicana y Haití, hay una realidad -étnica-histórica-cultural- insoslayable: somos dos pueblos diferentes -idiomas, religión, pasado colonial e idiosincrasia-; pero, además, y que se los fijen -en discos duros-, la República Dominicana ¡jamás ha invadido ni sojuzgado a Haití (1805-Moca-1822-1844)! Y segundo, ¡No hay un país, en el mundo, que haya sido más solidario y receptor de nacionales haitianos -que, dicho sea de paso, sus autoridades, históricamente, han sido, sospechosamente, negligentes en documentar- que la República Dominicana!
Ya es hora de reiterar, a la comunidad internacional, esa historia, la ayuda solidaria-humanitaria y la insostenible migración-haitiana que carga-soporta nuestro país -aunque en ello hay también un beneficio económico-laboral-mutuo-. Por ello, abogo por una migración haitiana ordenada y regulada.
Además, invitamos -a esa gendarmería internacional y a sus lacayos-vendepatrias (entre ellos: intelectuales-periodistas-
JPM
Mientras eso se analiza, un interesante repaso matemático puede ayudar a esclarecer algunos temas en relación con las condiciones de vida de medio millón de personas, en las provincias fronterizas, y la pertinencia de una Ley como la 28-01.
Todavía sigue pendiente la decisión en la Cámara de Diputados y en el Poder Ejecutivo, en torno a la Ley que crea una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo. Ya el Senado de la República aprobó una modificación para extender por treinta años la vigencia de la Ley 28-01.
Si a la luz del repaso nos concentramos en lo que en matemática se conoce como proposiciones, encontraremos que se trata de la forma más elemental de la lógica. Posiblemente recordemos que las proposiciones son los elementos básicos a partir de los cuales se construyen los razonamientos.
Además de que eso suele verse cuando comenzamos a estudiar ecuaciones algebraicas, repasarlo podría tomarnos mucho texto y tiempo. Por el momento bastará con explicar lo relacionado con la expresión que pone título a este escrito.
La Ley es necesaria, pero no es suficiente para lograr mejoría de vida en las provincias fronterizas. Asunto de lógica: porque la Ley ayuda a lograr ese propósito, pero la realidad a lo largo de veinte años ha demostrado que no es suficiente con ella.
Hasta ahora, 87 empresas operan acogidas a la Ley 28-01. De ellas, 58 están ubicadas en Montecristi, 14 en Dajabón, seis en Santiago Rodríguez, cinco en Independencia, tres en Bahoruco y una en Elías Piña.
El director ejecutivo del Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, Erodis Díaz, ha expresado que el Estado no ha cumplido su rol de crear políticas vinculantes de los sectores privado y público para promover la inversión. Algunos empresarios dicen haber sido afectados por competencia desleal. Y otros se quejan de que “se la han puesto en China” para instalarse y operar.
Ahora se está en apuros ante el riesgo de dejar en una especie limbo al medio millón de personas que habitan en las provincias favorecidas por la Ley 28-01. Pero cuando había transcurrido un poco más de la mitad de los veinte años, el Observatorio Político Dominicano dio a conocer resultados de una investigación sobre las repercusiones del referido texto legal.
Entre las conclusiones de aquel estudio se indica que la Ley ha servido para dinamizar la economía de las provincias fronterizas y darles mayor presencia, pero no a los niveles esperados. Eso abre oportunidad para integrar acciones que ayuden a lograr el cometido de cara a avanzar tomando en cuenta que el dinamismo económico es buena palanca, pero se necesita mucho más que eso para lograr real desarrollo.
Una recomendación, a partir del referido estudio, es sectorizar los incentivos tomando en cuenta la actividad económica y las características de cada provincia, de forma que sus potenciales mercados se puedan identificar y explotar. Este aspecto “se cae de la mata”. Ha de recordarse el daño provocado con las imposiciones para “impulsar mejoría” en muchísimos territorios, olvidando que el real desarrollo ha de estar focalizado en viabilizar los potenciales con que se cuenta.
Los especialistas del Observatorio Político Dominicano también han recomendado mayor incidencia estatal para alentar el gasto público destinado a educación, salud e infraestructura. Esto implicaría atender muchas necesidades básicas no resueltas en esa zona del país. De esa manera, mientras se apoya a quienes viven en marginalidad, la población con mejores condiciones aprovecharía las oportunidades representadas por la inversión que resulte atraída por las facilidades sustentadas en la Ley.
En definitiva, la denominada cuádruple hélice (gobierno, empresa, academia y sociedad organizada) tiene amplias posibilidades para incidir en real avance en las provincias fronterizas de República Dominicana.
La Ley es muy necesaria para el avance en la frontera. Pero es solo un soporte. Es la conjunción de esfuerzos y el real compromiso lo que garantizaría valor compartido. Así tendríamos dinamismo económico, creación de capital social y mejoría de vida con sostenibilidad en la región fronteriza.
LA ROMANA.- El partido reasignado, que estaba pautado para celebrarse este jueves en La Romana, volvió a posponerse debido a las constantes lluvias caídas en la ciudad.
Licey y Toros jugarán una doble cartelera a 7 entradas el próximo 2 de diciembre, la siguiente fecha en que los felinos regresan al Corral.
Los Toros todavía no han podido celebrar partidos en casa luego de posponerse también el encuentro de la jornada inaugural el pasado domingo.
La tropa taurina también tiene programada una doble cartelera para el sábado 5 de diciembre ante las Estrellas Orientales.
El zurdo Raúl Valdés se mantiene como el lanzador para el partido de este viernes ante las Aguilas en La Romana.
of-am
Se responsabiliza a los fiscales de los Departamentos de violencia de Género por la muerte, de una mujer a manos de su pareja, y cuyo agresor se encuentra con una orden de alejamiento. Es una imputación irracional e irrazonable, desde el punto de vista del derecho.
La orden de alejamiento, cuyo nombre legal, es orden de protección, es una figura de carácter procesal, la cual genera un amplio abanico de medidas procesales que están al alcance del ministerio público y que tienen como propósito ofrecer protección, prevenir y enfrentar el maltrato y la violencia sexista. Es decir, el ministerio público utiliza estas herramientas procesales para contrarrestar la violencia doméstica o intrafamiliar, o más bien contra la mujer y el hombre.
Se ha hecho una práctica aceptada, que la orden de alejamiento, las otorga el Ministerio Público de manera administrativa, en su afán de dar una repuesta rápida y efectiva en la luchar contra la violencia sexista que afecta a la mujer. Sin embargo, lo que establece la ley, es que la orden de protección, la tiene que dictar un juez, y este, es el responsable de su cumplimiento, (ver art. 309.7 de ley 24-97).
La orden de protección la tiene que imponer un tribunal penal cómo medida instructiva o de carácter procesal en ocasión de la violencia intrafamiliar. Esta orden de protección puede ser ratificada cómo pena asesoría por el juzgador penal que conoce el fondo del caso.
La orden de protección tiene un contenido o abanico de medidas que se pueden sintetizar de la manera siguiente: El hombre o la mujer deberán abstenerse de molestar, intimidar, amenazar a su pareja o ex pareja; de igual modo esta medida contempla el desalojo de la residencia, asesar a la residencia, acercarse a lugares frecuentados de la víctima; prohibición a la víctima de ocultar o trasladar los hijos, internamiento en casa de refugiados a la víctima, asistir en salud y orientación por parte del Estado a la víctima; enajenar, disponer ocultar y trasladar los bienes de la comunidad conyugal; cuando el agresor haya destruido u ocultado los bienes deberá reponerlos; medidas conservatorias sobre los bienes y orden de indemnizar a la víctima de violencia para cubrir los gastos legales, médicos,, orientación profesional, alojamiento y cualquier gasto que pudiera incurrir la víctima como consecuencia de la agresión. Esta última medida es independiente de las reparaciones civiles correspondientes.
Todas estas medidas se le denomina orden de protección, las impondrá un juez y ese mismo juez estará a cargo de su cumplimiento. Sin embargo, la práctica no es así. El tribunal otorga alguna de estas medidas pero se desatiende de ellas, no la vigila, no las controla ni le dad seguimientos.
Se ha querido imputarle al Ministerio Público y se ha cuestionado el manejo de las órdenes de alejamientos. Sin embargo, las consecuencias de estas medidas es responsabilidad exclusiva del tribunal que emitió la orden.
Por su parte, la orden de protección o de alejamiento no se maneja adecuadamente. Una orden de alejamiento deberá implicar que la misma este acompañada por un sistema que implique una plataforma tecnológica que permita detectar cuando el agresor se acerca a la víctima. La detención inmediatamente pondría en alerta a las autoridades para prever cualquier situación de peligro que pueda afectar a la víctima.
La responsabilidad de la orden de alejamiento es un asunto que lo controla, según la ley penal, el tribunal que emitió dicha orden y no el Ministerio Público. Las fiscalías no deben dar orden de protección. Eso es asunto de los jueces penales.
El manejo de una orden de alejamiento no es útil ni sirven para nada.
Las estadísticas revelan que las mayorías de las mujeres asesinadas, han tenido más de una orden de alejamiento, sin embargo, han sido asesinadas por su agresor.
Es urgente un cambio en el manejo de la política criminal en esta materia.
El cambio debe empezar con el cumplimiento de la ley penal. A esto se le suma, que toda orden de protección o de alejamiento, cómo suele llamarse, debe crearse para los tribunales, una plataforma tecnológica. Esta plataforma permitirá que se detecte si el agresor se acerca a la víctima. Además, el tribunal vigile y fiscalice dicha orden procesal de prevención. Este tratamiento es el que aplica el derecho comparado para estas medidas.
Se recuerda que una de las víctimas de asesinato, una mujer llamada Belkis Almonte tenía seis órdenes de alejamiento a su favor y que le impedían que su ex pareja, Víctor Radhamés, se acercarse a ella. Esta orden no le sirvió de nada, ya que esta mujer terminó siendo asesinada.
La orden de alejamiento como se manejan no sirven para nada. Cambiemos la política sobre ella. Que se cumplan los artículos 3094, 309-5 y 309-6 del código penal o ley 24- 97 sobre violencia intrafamiliar y domésticas.
La Procuraduría General tiene que descontinuar con la mala práctica de emitir orden de protección. Su aplicación no tiene un mandato legal. La Constitución ordena que la restricción de derechos deba ser ordenada por ley, atendiendo al principio de legalidad y la orden de alejamiento que otorga el Ministerio Público no existe en la ley procesal.
Las fiscalías no deben seguir dando orden de protección. No es su función legal. No está autorizada por ley. Hagamos bien las cosas y cómo lo establece el orden legal.
JPM