El conglomerado, que llegó a operar hasta en 15 mercados antes de que la «Lava Jato» descubriese a partir de 2014 sus negocios ilícitos, finalizó esta semana los casi cuatro años de monitoreo efectuado por una empresa independiente, un requisito del acuerdo que la compañía alcanzó con el Departamento de Justicia de EE.UU.

«Todas esas cuestiones que nos llevaron a ser monitoreados, de desvíos y violaciones de la ley, están muy bien controladas por la compañía. Ahora es una empresa diferente, transformada y pensando en el futuro», apuntó Carneiro, quien destacó los varios mecanismos de control interno ya implantados para evitar desvíos y fraudes.

Entre ellos, destaca la elección de consejeros independientes, sin una vinculación con la empresa, como el propio Carneiro, que procedía de la compañía de telecomunicaciones Oi.

NEGOCIO EN LATINOAMÉRICA

La constructora OEC es una de las principales divisiones del grupo y cerró hace tres meses un acuerdo con inversores internacionales para reestructurar su deuda. Ahora tiene como meta asentarse en Brasil y recuperar negocio en República Dominicana, Perú, Angola y Panamá.

«Esperamos que el 50 % de los ingresos vengan de Brasil y el resto de países de fuera, de los que un 30 % de América Latina. En el pasado, los ingresos de fuera ya representaron el 80 %», sostuvo Siqueira.

«Nos vemos ganando espacio en Brasil y retomando las operaciones de manera gradual. Esperamos poder retomar de una manera más intensa nuestras operaciones en América Latina para 2021 y 2022», agregó.

La idea -abundó- es activar los contratos ya conquistados antes del estallido de la «Lava Jato», que obligó a la interrupción de muchos de ellos, y a seguir participando en concursos para el desarrollo y la firma de nuevos proyectos, en el sector de la infraestructura y de la energía.

«En Panamá tenemos buena expectativa de trabajo (la línea dos de metro y el aeropuerto de Tocumen, dos contratos retomados), queremos recuperar nuestros contratos en República Dominicana, resolviendo cuestiones pendientes con el Gobierno», anotó el CEO la constructora.

Además, apuntó al interés de que la compañía se presente a la licitación de la línea 3 de metro de la capital panameña.

Y en Perú, añadió, la empresa quiere «retomar más activamente» las actividades, ahora que «hay una solución política» que llevará a una situación «más estable», en alusión al nombramiento del presidente interino del país, Francisco Sagasti, el tercero que tiene el país andino en 15 días.

GUERRA DE FAMILIA

Odebrecht, conglomerado de negocios que incluyen ingeniería, construcción, químicos y petroquímicos, es una empresa de origen familiar, fundada en 1944 por el ingeniero Norberto Odebrecht, un descendiente de inmigrantes alemanes en Brasil.

Su hijo, Emilio, asumió las riendas en 1998, y en la década de 2000, su nieto, Marcelo, quien fue condenado por corrupción al destaparse la «Lava Jato». Ambos están públicamente enfrentados y se acusan mutuamente de haber llevado a la quiebra a la empresa.

«La empresa no ha sentido esa pelea, el foco de las compañía es centrarse en el negocio. Son peleas de fuera, no de dentro», aclaró Carneiro, el presidente del Consejo de Administración del grupo.

Para el CEO del brazo constructor, la empresa «es muy diferente de aquella de 2016».

«Los acuerdos prevén el pago de multa, pero también la recuperación de las operaciones. Esperemos que este certificado de control sirva para poder sentarnos en la mesa porque éramos una empresa que cumplía un trabajo importantísimo trayendo su capacidad técnica», adujo.

ESCÁNDALO INTERNACIONAL

Odebrecht protagonizó, junto con otras 15 constructoras brasileñas, el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil al participar en una red que desvió, por medio de licitaciones fraudulentas y contratos inflados, millonarios fondos de la petrolera estatal Petrobras.

Pero la corrupción en Odebrecht no se limitó a Brasil y se expandió por otra decena de países de Latinoamérica y África, cuyas autoridades investigan el pago de sobornos a poderosos políticos por parte de la constructora, entre ellos varios expresidentes de la región, como el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

En el marco de un proceso de reestructuración y transformación que inició tras reconocer su implicación en la trama corrupta, Odebrecht firmó acuerdos con autoridades de diversos países en los que reconoció las prácticas ilícitas cometidas, aportó pruebas de las mismas y pagó multas millonarias.

Pero el camino ha sido arduo. La holding Odebrecht tuvo que solicitar en 2019 el mayor concurso de acreedores de la historia de Brasil con una deuda de casi 100.000 millones de reales (23.900 millones de dólares) y el 80 % de sus empleados fueron despedidos desde 2016. EFE

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