SANTO DOMINGO.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) instó este martes a las autoridades judiciales a revisar las sanciones y multas que han comenzado a aplicar a violadores del toque de queda.

Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la entidad, indicó que no ha quedado claro el método para determinar y/o atribuir el monto de las multas por infringir el toque de queda, el cual no se sustenta en un poder normativo de acuerdo con lo que establece la legislación sobre la materia.

Observó que «fijar las multas por encima del monto suficiente, más que servir como una sanción justa con efecto disuasorio, pudiese, incluso, entrar en el sinuoso camino de formas de arbitrariedad avaladas por el Estado».

A su juicio, esto de alguna forma genera que, en situaciones excepcionales o de imposibilidad material para el ciudadano,  se tenga que quedar «a la subjetividad de los agentes del orden, lo cual permite zonas grises que funcionan como caldo de cultivo de abusos y extralimitaciones».

Ejercicio del poder público está sujeto  a la legalidad

FINJUS dice que «si bien es cierto que el Poder Ejecutivo tiene facultades extraordinarias en el marco de la prórroga de la declaratoria del Estado de Emergencia que cursa, debe recordarse que el ejercicio del poder público durante los estados de excepción está sometido al contenido normativo y a mecanismos de control que garanticen su legalidad».

A su juicio, resultan razonables las preocupaciones del Ministerio Público  para el establecimiento de un catálogo de multas a quienes inobserven las medidas tomadas mediante decreto.  Pero dijo que  «el sustento jurídico que se aduce parece dejar la decisión de la relativa imposición a la jurisdicción común, no siendo esto conferido al órgano persecutor penal como brazo ejecutor del Poder Ejecutivo».

«No queda claro el criterio normativo utilizado para la categorización y establecimiento de la escala de la multa, la cual no responde al parámetro de la ley de Salud Pública», enfatizó.

Recordó que desde el inicio de la pandemia, FINJUS ha señalado que la declaratoria del estado de emergencia se inserta en el régimen de las situaciones de excepción, lo cual, de ninguna manera, significa suspensión o exclusión de la Constitución.

Resaltó que esto  mas bien implica un régimen extraordinario incorporado en la Carta Magna, perfectamente válido en situaciones de anormalidad constitucional, lo cual no está exento de los correspondientes límites y consecuentes controles y contrapesos.

Concluyó que «todo esto, sin perjuicio de la ponderación necesaria, respecto de la realización de arrestos con carácter de sanción penal, sin que la correspondiente norma que prorroga la declaratoria de Estado de Emergencia haya dispuesto la suspensión del cumplimiento de las formalidades legales y garantías mínimas de debido proceso para la privación de libertad».

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SANTO DOMINGO.- Al menos 26 unidades de bomberos fueron necesarias para sofocar un incendio en una fábrica de papel en la calle Moca esquina Américo Lugo, en el sector Villa Juana, de esta capital.

El fuego obligó la evacuación de los residentes de los edificios y viviendas aledañas.

Un bombero tuvo que ser trasladado a un centro asistencial después de que le cayera un objeto mientras realizaba sus labores.

Alcaldesa ofrece ayuda

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, se presentó al lugar y ofreció colaborar «en todo lo que pueda».

“Desde horas de la madrugada me encuentro junto a nuestros @bomberosdn quienes ya han sofocado el incendio que se produjo en la Fábrica de Sobres Dominicanos en Vila Juana. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, sin embargo, lamento profundamente lo que representa para nuestra gente de Villa Juana y sus propietarios el incendio de un espacio de trabajo de 150 empleados. Estaremos colaborando en todo lo que podamos. Agradezco la labor de nuestros bomberos y el respaldo de los bomberos del Gran Santo Domingo y la @caasdrd”, publicó Mejía en Instagram.

SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó para el próximo 20 de enero el conocimiento de los recursos de apelación elevados por seis de los involucrados en el sonado caso de corrupción Antipulpo, los cuales buscan su puesta en libertad.

El tribunal adoptó la decisión después de que el Ministerio Público argumentara fallas técnicas en su plataforma para descargar las pruebas enviadas por los acusados, que apelaron la sentencia dictada el pasado mes en su contra por el juez Alejandro Vargas.

Se trata de Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, y señalado como el cabecilla de la organización, así como el exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) Francisco Pagán y del expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) Fernando de la Rosa, todos en prisión preventiva.

Asimismo, Aquiles Alejandro Cristopher, exempleado de la Oisoe, Julián Esteban Suriel y José Dolores Santana, supuestos socios de Alexis Medina, acusado de montar una red de empresas, a través de testaferros para ganar contratos públicos con numerosas instituciones del Estado, algo que tenía prohibido por ley por su relación de hermandad con Danilo Medina.

En este caso hay 11 personas involucradas, entre ellas Magalys Medina, hermana del expresidente, y a quien el juez impuso tres meses de arresto domiciliario.