SANTO DOMINGO.- La Comisión Especializada para la Justicia de Niños, Niñas y Adolescentes (CEJNNA) y el Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA RD) realizaron una cumbre con el objetivo de encontrar soluciones a los problemas de este sector.

En la misma fueron presentadas las conclusiones del trabajo de mesas técnicas integradas por representantes de instituciones claves del sistema de justicia.

En el encuentro, que  se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Doña Reneé Klang de Guzmán del CONANI, el discurso principal estuvo a cargo de la presidenta ejecutiva de esta entidad, Paula Disla Acosta.

Dijo que “nuestros niños, niñas y adolescentes en privación de libertad requieren que el sistema opere de forma eficaz para que tengan garantizada la reinserción social y reeducación, de manera que la situación puntual que viven no se convierta en un lastre que carguen durante toda su vida».

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, indicó que es fundamental crear conciencia de la importancia de la niñez y adolescencia.

“Desde el Poder Judicial se impulsan acciones encaminadas a mejorar su protección y trato, evitando la revictimización”, afirmó.

Al clausurar el evento, la primera dama Raquel Arbaje prometió que el Gabinete de Niñez y Adolescencia “respaldará todas y cada una de las iniciativas que deriven de un futuro acuerdo».

of-am-sp

Santo Domingo, 28 abr.- El director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Juan Carlos Torres Robiou, puso hoy su cargo a disposición del presidente Luis Abinader, luego de que su nombre presuntamente figurara en documentaciones en poder de varios acusados de supuesta corrupción.

En una carta dirigida al ministro de Defensa, Carlos Díaz Morfa, el director del Cestur afirma que tomó esa decisión «con el propósito de facilitar que el Ministerio Público avance sin obstrucción alguna la investigación que tiene en curso», que ha sido denominada Operación Coral.

En un comunicado difundido por el Ministerio de Defensa, Torres Robiou afirma que esta «responsable decisión es un acto de civilidad, humildad y honor».

Asimismo, que la toma para «beneficio y protección al turismo y a la defensa nacional».

«No debo permanecer al frente de una institución que respeto, si los censores públicos la están señalando por hechos ajenos que podría arrastrar la entidad», afirma el general en el comunicado difundido por Defensa.

De acuerdo a publicaciones de varios medios, el general Torres supuestamente paga 3,000 dólares al mes por el alquiler de una casa ubicada en Las Terrenas, Samaná, que es uno de los inmuebles objeto de investigación por el Ministerio Público, que acusa a varias personas de un entramado de corrupción.

Este miércoles, precisamente, la audiencia para conocer las medidas de coerción a los implicados en la operación Coral de la Fiscalía fue aplazada para el viernes venidera.

El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva contra los cinco detenidos en el caso, entre ellos el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, ex jefe de Seguridad del expresidente Danilo Medina.

También están implicados la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Antonio Flete, el coronel Rafael Núñez de Aza y el teniente coronel Raúl Alejandro Girón Jiménez.

Al grupo se le imputa los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

of-am

SANTO DOMINGO.- La coordinadora de Participación Ciudadana (PC), Leidy Blanco, declaró este miércoles que el pasado Ministerio Público era inoperante y permitía la corrupción administrativa.

Habló así en el panel «Corrupción, Crimen Organizado y Derechos Humanos« organizado por PC, a propósito del caso Operación Coral, en la cual han sido detenidas seis personas bajo cargos de estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y lavado de activos.

«Esta investigación inició a raíz de una denuncia que hiciera Nuria Piera . ¿Y qué debió hacer el pasado Ministerio Público?. Debió actuar inmediatamente. Pero no lo hizo, porque en ese momento contábamos con un Ministerio Público que garantizaba la corrupción y permitía que esa corrupción se paseara por los pasillos del Palacio», aseguró.

Blanco dijo además que República Dominicana sigue en los peores índices de corrupción a nivel internacional.

El panel hablaron además el procurador fiscal José Miguel Marmolejos, adscrito a la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca);  la procuradora general de la Corte de Apelación, Dulce María Luciano y  la coordinadora del Departamento de Carrera y Desarrollo de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Jurizán Jaime, entre otros.

an/am/sp

SANTO DOMINGO.- El movimiento por las tres causales convocó a una gran marcha nacional, cívica, pacífica y familiar para exigir un Código Penal que proteja los derechos fundamentales a la vida, salud y dignidad de las niñas y mujeres.

La convocatoria surgió luego de que este miércoles la Cámara de Diputados aprobara en primera lectura despenalizar el aborto pero únicamente en el caso de riesgo para la vida de la madre.

La activista Sergia Galván declaró que van a las calles para rescatar el derecho de las mujeres y agradeció a los diputados que apoyaron la causa.

“La República Dominicana es uno de los 6 países del mundo donde está prohibida, en su totalidad, la interrupción del embarazo, independientemente de las circunstancias. Nos obligan a continuar en un Estado que violenta y abandona a las niñas y mujeres”, sostuvo.

Reconoció y felicitó la valentía y coherencia los legisladores que lucharon sin descanso para defender la protección de los derechos de las niñas y mujeres.

Cuarenta y cinco legisladores respaldaron el informe disidente de la Cámara de Diputados presentado por los  José Horacio Rodríguez y Santiago Vilorio.

Explicó que el Estado estaría desconociendo a las niñas y mujeres como ciudadanas plenas mientras haya una ley que niegue sus derechos fundamentales. “Es hora de mostrar que somos muchas y muchos las que luchamos por la dignidad, por la justicia, por la libertad de decidir de niñas y mujeres para salvar su vida y su salud”, afirmó.

Las tres causales permitirían que la niña o mujer afectada pueda decidir si mantener o no un embarazo en tres situaciones excepcionales: cuando el embarazo ponga en peligro la vida de la mujer.

Cuando sea resultado de una violación o incesto, o cuando sea inviable, es decir, que no tenga posibilidad de dar vida.

an/am

Promotores de «tres causales» pierden primera batalla en Cámara Diputados