Conforme al Art. 93, de la Constitución de la República, las atribuciones del congresista son: legislar, fiscalizar y representar. Es precisamente lo que se estila en los países de mayor desarrollo institucional.

Lamentablemente en nuestro país, en las últimas décadas, los candidatos a puestos electivos tienen que practicar clientelismo, asistencialismo y reparto de prebendas.

La experiencia indica que los candidatos a puestos legislativos invierten millones de pesos y no siempre son electos. Y aquellos favorecidos con el sufragio reciben presiones de sus seguidores para que les consigan empleo. Cuando los congresistas son de oposición tienen pretextos válidos por no satisfacer ese tipo de demanda de sus seguidores, pero cuando pertenecen al partido de gobierno no se les perdona.

Sin embargo, en esta oportunidad no es culpa de los legisladores del PRM la falta de empleo de aquellos que les apoyaron, que también fueron los mismos que dieron su respaldo al presidente de la República. Se informa que los congresistas del PRM envían cartas de recomendación a los funcionarios públicos, pero a esas misivas no hacen ningún caso. Se sabe, además, que muchos legisladores optan por acudir personalmente a ver ministros y directores sin lograr su objetivo. A veces ni les reciben.

A senadores y diputados del PRM se les ha visto en los pasillos del Palacio Presidencial, en vano esfuerzo por ver a los ministros de la casa de Gobierno, así como al propio presidente de la República, Luis Abinader, quien mantiene la tesis de la necesidad de mayor preparación educativa de los dirigentes del PRM para poder optar por posiciones en la administración pública.

La verdad que no se conocen estadísticas de investigaciones que revelen que los perremeístas son  dominicanos brutos. Los partidos políticos, sin excepción, tienen en su seno a personas de todos los niveles culturales. Y de la misma forma en que las entidades políticas dominicanas tienen personas cultas, de mediana y de baja cultura, también en la administración pública hay puestos que van desde ejecutivos hasta simples mensajeros y conserjes.

¿Cuál es el pretexto?

El bajo nivel educativo dominicano es colectivo y no tiene ideología ni color político. La prueba está en que cuando nuestros alumnos participan en concursos internacionales sobre Lengua Española y Matemática siempre quedan en la cola, producto de la baja inversión que desde el Estado siempre se ha hecho en ese sector cardinal para el desarrollo del país. Se recuerda que el propio Leonel Fernández, que gobernó el país durante doce años, se negó a otorgar el 4% a la educación.

Precisamente la alianza estratégica que tiene Luis Abinader con Leonel Fernández (que son amigos desde cuando ambos estuvieron en el Frente Patriótico en 1996) es un obstáculo para que los perremeístas (supuestos ganadores del certamen electoral del 5 de julio) puedan conseguir lo que les corresponde. Un poderoso sector empresarial de Santiago, que sustentó económicamente la campaña de Luis, pero que también es aliado de Leonel, se opone al despido de empleados. Es el mismo sector que impuso a Raquel Peña como vicepresidenta de la República.

Se sabe que el grupo Vicini apoyó a Gonzalo Castillo y mantiene compromiso con el PLD y con Danilo Medina, pero Luis Abinader ha procurado acercamiento al designar en el Ministerio de Turismo a David Collado, quien a su vez tiene en palacio a la doctora Milagros Ortiz Bosch, con fama de seria, pero de pobre vocación de servicio y exhibe indiferencia por la suerte de los perremeístas sin empleo. Siempre ha sido elitista.

Algunos dirigentes  adulones, que en el fondo buscan lo suyo, atribuyen culpa de la situación a los funcionarios que rodean al presidente. Si el presidente está mal rodeado, con Macarrulla y demás, es porque le da la gana y por los compromisos que tiene. Ese pretexto infeliz  –en el sentido que el presidente es bueno y que malos son los funcionarios que le rodean— lo escucho desde los tiempos de Balaguer, cuando todo recaía sobre el famoso “anillo palaciego”.

Hasta comunicadores que presumen en serios se observan hablar que los perremeístas hacen la vida imposible al presidente Abinader.Posiblemente sea todo lo contrario. Se trata de periodistas que en el fondo procuran publicidad oalgún puesto público y persiguen hacerse los graciosos, pero cortando la soga por el lado más flaco.

Esta misma semana, mientras el presidente repartía computadoras de las denominadas tabletas, se vio a un dirigente del PRM, un moreno gordo, exigir empleo al presidente, lo que provocó la intervención de la seguridad y el hombre fue sacado del lugar. Luego se supo que es objeto de molestias por miembros del DNI, los mismos miembros que los asediaban por ser opositor a los gobiernos de Leonel Fernández y de Danilo Medina. ¡Válgame Dios!

No se puede establecer si la estrategia del jefe de Estado le dará resultados positivos o no en cuanto a su pretensión de reelección para el 2024. El certamen es lejano y falta ver la forma en que evolucionarían los acontecimientos. No se puede hablar sin argumentos, aunque nada se descarta cuando se tiene a mano el Presupuesto Nacional.

Lo que se sabe es que modifican los estatutos del PRM y que en la Dirección del Gabinete Social se procura colocar a una persona muy cercana a la primera dama, la doctora Raquel Arbaje.

Tony Peña acaba de ser sometido a la justicia bajo la acusación de la comisión de irregularidades en la repartición de 55 millones de pesos a artistas dominicanos. Posiblemente se trató de un error procedimental, nada de provecho personal. Pero una vez sea llamado por la justicia no tiene otra opción que tomar licencia y correría la misma suerte de Faña, a quien le atribuyen buena reputación.

Algunos analistas dan seguridad que los legisladores del PRM podrían resultar ser los más perjudicados con la estafa sin precedentes de que ha sido objeto la militancia, pues, al no poder colocar a sus seguidores en la administración pública, se exponen a perder sus curules.

Tonty Rutinel, inteligente y valiente como siempre, está consciente de la situación y se le vio tronar en una sesión de la Cámara de Diputados.

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JPM