Los seres humanos existen legalmente cuando poseen un documento que señala su existencia. Este simple hecho es un problema mundial que provoca la violación de los derechos individuales de un número indeterminado de personas en todo el mundo. De ello depende que la persona pueda formalizar su estatus en todos los ámbitos de su vida (Civil, Económico, Académico, Político…).

La regulación del estatus personal mediante documentos está asociada fundamentalmente a la necesidad de poder presentar credenciales ante personas desconocidas. Sin embargo, una vez somos conocidos la presentación de documentos se realiza para cumplir con requerimientos institucionales. Y es aquí donde nace la desconfianza y las acciones particulares que tienden a dificultar la relación entre las personas y que en muchas ocasiones provoca violación a los derechos personales.

Se ofrecerán tres ejemplos para explicar mejor a qué se refieren los párrafos anteriores.

1) En el sistema bancario dominicano cada vez se hace más difícil solicitar la apertura de una simple cuenta de ahorros. A medida que pasan los años se va incrementando el nivel de seguridad en las operaciones bancarias. En este momento resulta tedioso y hasta peligroso para el ahorrante disponer de su propio dinero. Autoridades bancarias y el personal de caja en las oficinas comerciales cada día son menos amables y olvidan que el dinero es de los ahorrantes.

En pocas palabras, ir a realizar una transacción a un banco se ha convertido en un problema, entre otras razones; por el tiempo que hay que emplear en filas, riesgo de contagio de algún virus y la calidad de la atención que se brinda a la solución de problemas propios de la dinámica bancaria. Se puede tener 5, 10 ó 20 años asistiendo a una misma sucursal bancaria y un día se te olvida tu cartera/monedero de bolsillo con todos los documentos personales.  Ese día tu banco no te reconoce, aunque alegues razones válidas.

Tú no eres tú sin tu cédula plástica de identidad y electoral. Ese día no te entregarán tu dinero, pero sí buscarán la forma para que puedas hacer tu depósito aún sin documento de identidad. Este tipo de acto es común. No importó los daños civiles, sociales, políticos…personales que te haya causado esa situación. Quisieras abandonar ese banco, pero tu empleador allí te paga. Estás obligado a permanecer con una relación que a todas luces violenta legal y constantemente el derecho constitucional de ser libre de asociarte con quien quieras.

Se aprovecha este primer ejemplo para solicitar a personas e instituciones,  que les interese fortalecer los derechos y libertades individuales en la República Dominicana, que trabajen en la dirección de promover la emisión de una resolución desde la Superintendencia de Bancos.

Esta resolución debe establecer el derecho a la libertad de nómina. Esto es, el empleado tiene derecho a recibir su nómina (cobrar su salario) en la institución financiera de su preferencia. Y si por alguna razón de tecnicismo institucional o legal no fuese posible entonces el empleador debe pagar en efectivo.

2) El ingreso a la plantilla docente de una Institución de Educación  Superior (IES) requiere de experiencia laboral en materia educativa y de la acreditación de documentos que sustente titulaciones de grado y postgrado. Entre estos documentos son imprescindibles presentar títulos de grado y postgrado legalizados por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT). Cuando se legaliza, el MESCyT certifica por escrito que un documento es bueno y válido. La validez se refiere a que el documento ha sido emitido a una persona por una IES nacional o extranjera.

Es comprensible que una IES desconfíe de la autenticidad de una copia de un título de otra IES. Pero,  ¿Cómo se explica que para acceder a la plantilla docente de la IES que te ha egresado te soliciten documentos legalizados? Respuestas convincentes podrán haber, sin embargo, será difícil separar esas respuestas de intereses económicos.

En ocasiones, esta situación es tan abusiva, que disponiendo de documentos debidamente legalizados no son aceptados alegando que ya tienen mucho tiempo de haber sido legalizados, ilegalizando de esa manera a las autoridades anteriores. Esto ocurre con mayor frecuencia con los certificados de nacimiento que son legalizados en la Junta Central Electoral. Como si los nombres, títulos obtenidos, las fechas y lugares de nacimiento vayan cambiando con el tiempo y los nuevos documentos fueran a reflejar datos diferentes a los que ya se poseen.

¿Cuántas personas han perdido la oportunidad de acceder al empleo de sus sueños por esta causa? ¿Cuántas personas ilusionadas con una beca nacional o internacional han visto cómo han vencido las fechas de las convocatorias? ¿Cuántos funcionarios del sector público o privado han sido sometidos por daños y perjuicios personales causados por estas costumbres de violar los derechos constitucionales individuales?

Si la desconfianza y los intereses económicos no fueran esenciales para este sistema, las facilidades tecnológicas de este tiempo podrían suplir parte de las funciones de muchas instituciones públicas y privadas. Hoy más que nunca las instituciones cuentan con sus páginas webs oficiales. Toda institución pública de la República Dominicana está obligada por Ley a publicar su nómina.

¿Acaso la simple consulta de una página oficial pública no es suficiente para justificar un estatus laboral? ¿Un volante de pago electrónico disponible en la página oficial de una institución pública o privada no es una justificación válida y suficiente para demostrar cantidad de ingresos? ¿La consulta de un repositorio institucional universitario no es suficiente para demostrar la realización de una tesis y así comprobar el grado académico obtenido por una persona?

En el espíritu de toda ley reside el hecho de garantizar derechos para  facilitar la convivencia pacífica y ordenada entre las personas. Ninguna normativa debería ser utilizada para impedir derechos individuales ni la convivencia pacífica y ordenada. Y mucho menos para instrumentar formatos y procedimientos que habitualmente impiden el desarrollo general de las personas.

3) En el plano vehicular (Vehículos de motor) cada año el Estado dominicano ingresa una importante partida como consecuencia de los marbetes, y sobre todo, una enorme cantidad de dinero por el impuesto directo aplicado a los combustibles. Cada impuesto tiene su propósito, y como si fuese un axioma, se tiene la certeza de que el dinero recaudado en gran medida no retorna los beneficios establecidos a los cotizantes. En sentido general, al Estado le interesa cobrar esos impuestos. Sin embargo, nueva vez se violan derechos personales muy conocidos como son la retención de vehículos por no haber pagado un impuesto en el plazo establecido. Este tercer y último ejemplo se ha señalado para introducir la idea de que se violan derechos personales por no haber cumplido con el pago de un impuesto. Al final,  detrás de la legalización de documentos existe fundamentalmente desconfianza e interés por cobrar un impuesto.

Estos tres ejemplos son realidades innegables que provocan violaciones a los derechos de individuales de las personas. Violaciones comunes que afectan el presente y el futuro de un número de personas mayor al que se piensa. Estas violaciones contribuyen a dañar la imagen y el desarrollo de la República Dominicana.

Para solucionar estas situaciones sólo se requiere ser más humano en los servicios públicos y privados. La existencia de una persona no debe estar sustentada en un pedazo de plástico con una foto que tenga letras. La confianza en lo conocido puede resolver este inconveniente. En este tiempo los datos obtenidos a partir de recursos tecnológicos han sido válidos y suficientes para encerrar en la cárcel a una persona.  Por tanto, también pueden ser válidos para justificar la existencia de una persona. Pueden ser válidos para sustentar los ingresos laborales o demostrar un grado académico. En todos los casos, está en cada uno de nosotros hacer un compromiso para actuar con el corazón, apegados siempre a la verdad, a lo que aspira el espíritu de una ley.

De esta manera, se reducirá significativamente la violación permanente de los derechos individuales y todos seremos beneficiarios de un crecimiento colectivo en todos los ámbitos en la República Dominicana.

jm-am