La real amenaza al medio ambiente, no es la actividad minera sino el irresponsable y lucrativo negocio de los vertederos, algunos manejados por ex funcionarios municipales.

JPM

POR RAFAEL MENDEZ

“Aunque hace siglos de esta historia amarga, por amarga y por vieja se la cuento, porque las cosas no se aclaran nunca con el olvido ni con el silencio”. Pablo Neruda, “Canto a Santo Domingo”.

Qué pena…Este es uno de los pocos países que tras una dictadura de 31 años, de Rafael Leónidas Trujillo, y 12 años de dictadura ilustrada de Joaquín Balaguer, no se ha creado una Comisión de la Verdad, que desentrañe los horrendos crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante esos 43 años de oprobio.

Antes de continuar, permítanme valerme del Diccionario del Español Jurídico que define el crimen de lesa humanidad como aquel “de especial gravedad, como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o el traslado forzoso de población, la privación grave de libertad o la tortura”, y que no perime, dada su gravedad como violación de un derecho fundamental de la persona.

En los meses de mayo y junio con motivo de la conmemoración de dos trascendentes fechas heroicas, Fundación Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo reiteró sus clamores por la creación de una Comisión de la Verdad, que esclarezca los crímenes impunes.

El presidente Luis Abinader, pareció poner el dedo en la llaga al plantear que se requiere una ruptura que supere la conducta trujillista en la acción de gobernar, en tanto el general José Miguel Soto Jiménez, consideró que a Trujillo “hay que volverlo a matar”.

Lo menos que hay que decir es que en términos históricos estos planteamientos están sobradamente justificados porque gran parte de la cultura autoritaria que aún pervive en la vida social e institucional de República Dominicana tiene que ver con prácticas heredadas del Trujillismo.

Y, aunque muchos evaden referir que esas prácticas y de esa cultura en la acción de gobernar, se continuaron durante los fatídicos 12 años, que para algunos historiadores significó “el trujillismo continuista disfrazado de reformismo de Joaquín Balaguer”, que la tropa gringa que mancillaba el suelo patrio, instaló en el poder, el primero de julio de 1966.

Nadie puede negar que en esos 12 años, Balaguer gobernó con mano dura apoyado en el aparato político, civil-militar, criminal y corrupto, intacto, heredado de la dictadura de Trujillo, y que la disidencia en ese régimen podría pagarse con la vida, la cárcel o el exilio.

La impunidad de esos 43 años de dictadura, tanto los de sangre como el robo de los recursos públicos, hizo que su esquema delincuencial quedará como modelo de éxito político, y más de 60 años después del fin de esos regímenes, la política aún hereda rasgos de esos modelos, caracterizados por la corrupción, el nepotismo y el clientelismo.

Jpm-am

El próximo 14 y 20 de este mes de junio se cumplen 63 años del arribo a nuestro país por Constanza, Maimón y Estero Hondo, desde Cuba, de los miembros de la expedición armada, conocida como la “Raza Inmortal”, cuyo objetivo era derrocar la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo Molina, el cual sometió a la nación por casi 31 años a la más férrea, cruel, vil y sanguinaria de las dictaduras y de cuyo ajusticiamiento, llevado acabo por un grupo de hombres valientes y decididos, se cumplieron 61 años el pasado 30 de mayo.

A pesar de que fueron derrotados en el terreno militar, no ocurrió así en el terreno político y moral, pues la sangre derramada por ellos no fue en vano, ya que sirvió como abono y caldo de cultivo para acelerar su ajusticiamiento y el derrocamiento de dicha dictadura.

A pesar de que ya han pasado tantos años de ese acontecimiento histórico, ejemplo de heroísmo, patriotismo, dignidad, sacrificio, tenacidad y valor; de que muchos hombres y mujeres valiosos hayan caído y ofrendado sus vidas en procura de un país digno de mejor suerte, todavía hoy tenemos un sistema democrático en transición, deficiente y carente de respuestas a los problemas inmediatos de la ciudadanía.

Aunque hemos avanzado en muchos aspectos materiales, todavía tenemos una gran deuda social acumulada con los héroes y mártires de la “Raza Inmortal” y con los miles de dominicanos y extranjeros que abonaron con su sangre el suelo patrio, con los que fueron perseguidos, apresados, torturados, desaparecidos o desterrados, tratando de liberar a este país de las garras del dictador.

El grado de desarrollo de un país no se mide solamente por los altos índices económicos y financieros, incluye otros factores no menos importantes: el desarrollo humano sostenido, educación y salud de calidad, cultura, avance de la ciencia y la tecnología; disminución de la pobreza, políticas de viviendas, agua potable y energía; eficiencia y control de la deuda externa.

Además, transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento institucional; seguridad social, ciudadana y jurídica; el combate a la corrupción administrativa, a la impunidad, especulación y al narcotráfico; aplicación de justicia; fortalecimiento al sistema de partidos políticos, el respeto a los recursos naturales y al medio ambiente; protección de nuestra frontera y de nuestra soberanía, entre otros.

Desgraciadamente, por la falta de voluntad política, de conciencia patriótica, de legislar en beneficio del pueblo dominicano, por el contubernio con sectores de poder, tanto nacionales como extranjeros y por no aplicar un régimen de consecuencia, a más de sesenta años del tiranicidio y del arribo de la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo, hoy padecemos de muchas de esas demandas sociales, las cuales formaban parte del programa que ellos enarbolaban.

El autor tuvo el privilegio y el honor de invitar a los sobrevivientes Delio Gómez Ochoa, Poncio Pou Saleta y a Mayobanex Vargas a poner sus libros en circulación, cada uno por separado, cuando nos correspondió ejercer las funciones de Gobernador Civil y Provincial de La Vega: “La Victoria de los caídos, “En busca de la Libertad” y “Testimonio Histórico Junio 1959”.

jpm-am

Loor y gloria eterna a los héroes y mártires de Constanza, Maimón y Estero Hondo!

La Era dorada en América Latina presidida por los gobiernos progresistas, favorecido por un contexto virtuoso de sus exportaciones, una acertada política económica y social cimentada en una equitativa redistribución de recursos, fue capaz de generar en más de una década millones de empleos,  propiciando que 73 millones de personas salieran de la pobreza en la región, y reduciendo el hambre de un 14,7% a un 5%;  en término absoluto, la hambruna se redujo de 66 millones a 34 millones de personas.

Teniendo un gran impacto en la reducción de las precariedades, especialmente en la zona rural. Logrando en gran medida, poner la economía al servicio de quienes generan la riqueza, tesis que temprano fuera planteada por el tratadista francés Francois Perroux. Una visión que en gran medida inspiró el estilo de gobierno de Lula y con él, de la mayoría de los líderes que centraron su agenda de gobierno en garantizar movilidad social en la América morena de Martí. 

La desigualdad debe ser vista en función de la carencia de derechos fundamentales que la estructura de poder no es capaz de garantizar a sus ciudadanos. Entre estos destacamos el derecho a la educación, la salud, vivienda, trabajo, seguridad y otros, llegando hasta la esperanza de vida. Tal apreciación, nos motiva a valorar a las instituciones políticas que desde el poder aportan a la conquista de reivindicaciones sociales,  para el desarrollo de las comunidades de menores ingresos. 

Vista por el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz,  la iniquidad  que caracteriza a la región viene dada por las condiciones creadas por el pasado colonial. Es decir, las contradicciones antagónicas surgidas “entre colonizadores e indígenas propagó la semilla de la desigualdad en América Latina y el Caribe. De la misma manera, la injusticia en la distribución de la tierra en economías agrarias favoreció «la creación de algunas familias muy ricas y muchas familias muy pobres».

En las dimensiones de la profunda desigualdad subyace la discriminación a los grupos minoritarios afro descendientes e indígenas,  quienes tienen acceso limitado a derechos fundamentales como la educación y la salud, lo que imposibilita su inserción en el mercado de trabajo formal, siendo empujado a la pobreza inter-generacional.

La CEPAL nos revela que técnicamente la mitad (49%) (CEPAL 2018), de la población indígena vive en condiciones de pobreza. Lo que representa el doble de la población que no forma parte de las comunidades afro-descendiente e indígena. Con el agravante de padecer tres veces más  (18%) de  extrema pobreza. Uno de los casos más patéticos es México, donde tres cuartas partes de su población indígena “no menor al 15%, viven en pobreza”.  

El profundo y sistemático nivel de desigualdad lo revela en su informe 2019, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre el índice de desarrollo humano al reportar que, “el 10% más rico en la región concentra el 37% de los ingresos,  una fracción superior a cualquier otra región. Y contrariamente: el 40% más pobre recibe la menor parte (13%)”. 

Es así, como la región a fin de contribuir a la reducción de la desigualdad y romper con el ciclo intergeneracional de la pobreza, debe dar curso a un novedoso programa de inversión en educación, ciencia y tecnología, lo que es transversal a la conformación de un sistema de integración regional, condición sine qua non, para superar el subdesarrollo y la brutal desigualdad.

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