Un sistema de integración regional para superar el subdesarrollo y la brutal desigualdad

La Era dorada en América Latina presidida por los gobiernos progresistas, favorecido por un contexto virtuoso de sus exportaciones, una acertada política económica y social cimentada en una equitativa redistribución de recursos, fue capaz de generar en más de una década millones de empleos,  propiciando que 73 millones de personas salieran de la pobreza en la región, y reduciendo el hambre de un 14,7% a un 5%;  en término absoluto, la hambruna se redujo de 66 millones a 34 millones de personas.

Teniendo un gran impacto en la reducción de las precariedades, especialmente en la zona rural. Logrando en gran medida, poner la economía al servicio de quienes generan la riqueza, tesis que temprano fuera planteada por el tratadista francés Francois Perroux. Una visión que en gran medida inspiró el estilo de gobierno de Lula y con él, de la mayoría de los líderes que centraron su agenda de gobierno en garantizar movilidad social en la América morena de Martí. 

La desigualdad debe ser vista en función de la carencia de derechos fundamentales que la estructura de poder no es capaz de garantizar a sus ciudadanos. Entre estos destacamos el derecho a la educación, la salud, vivienda, trabajo, seguridad y otros, llegando hasta la esperanza de vida. Tal apreciación, nos motiva a valorar a las instituciones políticas que desde el poder aportan a la conquista de reivindicaciones sociales,  para el desarrollo de las comunidades de menores ingresos. 

Vista por el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz,  la iniquidad  que caracteriza a la región viene dada por las condiciones creadas por el pasado colonial. Es decir, las contradicciones antagónicas surgidas “entre colonizadores e indígenas propagó la semilla de la desigualdad en América Latina y el Caribe. De la misma manera, la injusticia en la distribución de la tierra en economías agrarias favoreció «la creación de algunas familias muy ricas y muchas familias muy pobres».

En las dimensiones de la profunda desigualdad subyace la discriminación a los grupos minoritarios afro descendientes e indígenas,  quienes tienen acceso limitado a derechos fundamentales como la educación y la salud, lo que imposibilita su inserción en el mercado de trabajo formal, siendo empujado a la pobreza inter-generacional.

La CEPAL nos revela que técnicamente la mitad (49%) (CEPAL 2018), de la población indígena vive en condiciones de pobreza. Lo que representa el doble de la población que no forma parte de las comunidades afro-descendiente e indígena. Con el agravante de padecer tres veces más  (18%) de  extrema pobreza. Uno de los casos más patéticos es México, donde tres cuartas partes de su población indígena “no menor al 15%, viven en pobreza”.  

El profundo y sistemático nivel de desigualdad lo revela en su informe 2019, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sobre el índice de desarrollo humano al reportar que, “el 10% más rico en la región concentra el 37% de los ingresos,  una fracción superior a cualquier otra región. Y contrariamente: el 40% más pobre recibe la menor parte (13%)”. 

Es así, como la región a fin de contribuir a la reducción de la desigualdad y romper con el ciclo intergeneracional de la pobreza, debe dar curso a un novedoso programa de inversión en educación, ciencia y tecnología, lo que es transversal a la conformación de un sistema de integración regional, condición sine qua non, para superar el subdesarrollo y la brutal desigualdad.

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