Durante su discurso de rendición de cuentas, el presidente Luis Abinader Corona puso sobre el tapete una interesante discusión sobre el poder adquisitivo del salario mínimo promedio en nuestro país.

Con la explicación del “Pollo Index” que hizo, el mandatario llegó a la conclusión de que “con el salario mínimo de hoy se puede consumir más alimentos que con el de 2011”.

Asumiendo un procedimiento parecido al de los jóvenes economistas amigos del presidente, hemos realizado cálculos que nos revelan que una familia de cuatro miembros consume mensualmente un 33 porciento del salario mínimo de hoy solamente en el almuerzo (arroz y  pollo), contra un 50 porciento que gastaba en el 2011.

Para esa familia se puede adoptar que en un almuerzo consume dos libras de arroz (RD$22.00*Lb/2011 y RD$27.00*Lb/2022) y libra y media de pollo (RD$55.00*Lb/2011 y RD$83.00*Lb/2022).

En el 2011 esa familia gastaba mensualmente 3 mil 795 pesos en la compra de 60 libras de arroz y 45 libras en carne de pollo, mientras que en la actualidad ese gasto para esas mismas cantidades de esos dos alimentos es de 5 mil 355 pesos.

Como se puede apreciar, en el 2011 esa familia consumía sólo en el almuerzo de un mes el  equivalente al 50 porciento del salario mínimo de entonces (RD$7,583.00), mientras que actualmente ese gasto es igual al 33 porciento del sueldo mínimo promedio vigente.

Ciertamente, si vemos que  la libra de carne de pollo tuvo un precio promedio de 55 pesos en el 2011 y que ahora vale 83 pesos, la salida fácil es decir que está 28 pesos más cara.

Ese es un discurso barato con el cual se destapan  los politicastros en la oposición, contando con que todos tenemos algo de ignorante.

Pero resulta que podemos admitir que somos ignorantes temporalmente, pero de ninguna manera asumiremos ser  consustanciales a ningún politicastro.

Alguien dijo que la ignorancia puede ser remediada, pero los politicastros son adictos a  la demagogia y se  tornan estúpidos.

No obstante, quienes están en el poder de un país no deben descuidarse de los políticos demagogos, pues son especialistas en sembrar dudas con el objetivo de venderse.

Siempre ha sido una práctica de nuestros políticos utilizar la demagogia con el propósito de abrogarse apoyo de los votantes.

Aunque tiene una realidad tangible a su favor, el presidente Abinader Corona está en la obligación de prestar atención a la demagogia de la oposición, pues una franja significativa de nuestra población cuenta con su gobierno para encontrar respuestas a sus necesidades.

JPM

Generalmente atribuida al maestro alemán Feuerbach (1803), la expresión de “política criminal” durante mucho ha quedado sinónima de teoría y práctica del sistema penal designando, según la expresión de este autor, “el conjunto de los procedimientos represivos por los cuales el Estado reacciona contra el crimen”. Es aún el sentido que le dan algunos autores contemporáneos.

Sin embargo se constata hoy que la política criminal se separó, tanto del derecho penal como de la criminología y de la sociología criminal, y ha tomado una significación autónoma.

Cuando el profesor francés Marcel Ancel funda, en 1975, los Archivos de política criminal, (en Francia) seguidamente destaca la necesidad de no reducir esta al solo derecho penal, y propone de ver “la reacción, organizada y deliberada, de la colectividad contra las actividades delictuosas, desviadas o antisociales”, tratando de resaltar su doble carácter de «ciencia de la observación» y «arte», o de «estrategia metódica de la reacción anti criminal».

Retomando la fórmula de Feuerbach ampliando, se podría decir que la política criminal comprende el conjunto de procedimientos por los cuales el cuerpo social organiza las respuestas al fenómeno criminal, y aparece pues como “teoría y práctica de las diferentes formas del control social”.

En esta perspectiva, el estudio de los “grandes sistemas de política criminal” no se limita a la comparación de los sistemas de derecho penal pero engloba las otras formas del control social y su lugar en relación al derecho penal. Un lugar del cual las variaciones son por otra parte significativas por sí mismas y objeto de un estudio que deberá integrar los principales “movimientos” de la política criminal.

Esto dicho, la aparición de ese novel objeto no es el fruto ni del azar, ni de la voluntad de tal o cual autor, sino más bien la consecuencia ineludible de diversos factores que es necesario poner que hay que actualizar si queremos entender esta expansión, del derecho penal a las prácticas de la política criminal.

Pero no basta constatar la amplitud del campo de observación, aun todavía es preciso darse los medios de analizar el nuevo objeto, pues el cambio de objeto implica necesariamente un cambio de método. En tanto que se trate de derecho penal, en efecto, el campo es jurídicamente delimitado: es “penal” lo que el legislador ha calificado tal.

Los grandes sistemas de derecho penal pueden pues ser descritos a partir de sus diversos componentes /derecho penal general, especial, de los negocios, procedimiento, etc.), esta descripción siendo facilitada por el carácter resueltamente “sincrónico” del derecho penal, que devuelve al derecho “en eficacia”, en un país dado, a un momento dado de su historia.

En cambio, la política criminal, en el enfoque propuesto aquí, designa un campo non solamente amplio en relación al derecho penal, sino aun abierto y no delimitado, cuyo contenido no puede ser presentado de forma exhaustiva, sobre todo porque la necesidad de integrar, a través de un enfoque «diacrónico», los principales movimientos, como el llamado movimiento de «despenalización», del cual el profesor Van de Kerchove ha mostrado las múltiples significaciones, es esencial. (El derecho sin pena, 1987).

Imposibles a describir en la infinita diversidad de los elementos que les componen, los sistemas de política criminal deben poder ser apoderados de otra manera: a partir de las líneas de las cuales ellos son construidos y según las cuales sus elementos se conectan o se oponen.

La concepción tradicional del derecho penal en occidente remonta al pensamiento clásico que se funda en el curso del siglo XVIII en Europa sobre una neta distinción entre la religión y la moral, de una parte, y las leyes, de otra parte. A la justicia divina, de esencia infinita, se opone el mundo finito de la justicia humana, y más particularmente de la justicia penal.

Mundo finito, esto es, limitado; pero, del mismo golpe, mundo cerrado, en todos los sentidos del término: clausura física de la prisión, que se convirtió en la principal y casi única pena a partir del siglo XIX, clausura institucional de un entramado judicial y administrativo de gran autonomía (jurisdicciones penales, policía judicial, administración penitenciaria); en definitiva, clausura de la razón jurídica, que piensa el derecho penal como un conjunto específico de normas que tienen poca relación con los demás términos del derecho.

Si el pensamiento penal clásico, o neoclásico, queda aún muy presente como una especie de mito fundador que subyace a lo no dicho en los libros de texto y anima muchos discursos políticos y muchas prácticas (legislativas, judiciales o policiales), su cuestionamiento ha venido, sin embargo, desde varios lados.

Primero con la aparición de un discurso científico (escuela positivista) y sociológico (teorías funcionalistas y más recientemente las teorías de la reacción social.), y, más allá de las diversas escuelas de pensamiento penal, a menudo desordenadas y a veces contradictorias, las propias prácticas han cambiado y el campo de observación ha cambiado.

jpm-am