Ahora se han puesto de moda los debates electorales. Realmente existen desde hace mucho tiempo, pero en República Dominicana no hay mucha tradición de eso.

Dos debates, con muy conocidas consecuencias, pueden servir como valiosos referentes para el tema. Uno que suele ser citado como hito para los debates electorales en gran parte del mundo, y otro que también es referente, pero a nivel local.

Así puede ser considerado el debate entre los aspirantes presidenciales John F. Kennedy, por el Partido Demócrata, y Richard Nixon, por el Partido Republicano, en Estados Unidos. Y también el ocurrido entre el sacerdote Láutico García y el profesor Juan Bosch, aunque el padre no era candidato, en la República Dominicana.

Para entender mejor es muy conveniente ubicarse en el contexto. Eran tiempos de la denominada Guerra Fría. Acababa de triunfar la Revolución Cubana. La televisión era la fiebre del momento, en términos mediáticos, y ni soñar con internet ni redes sociales.

El primer debate televisado entre Kennedy y Nixon tuvo lugar el 26 de septiembre de 1960. Fue transmitido por la cadena de televisión CBS. También fue difundido por radio. Ese fue el primero de una serie de cuatro debates programados para las elecciones presidenciales de 1960 en Estados Unidos.

Un dato simpático es que las opiniones estuvieron divididas dependiendo del medio usado para seguir el debate. Quienes lo siguieron por televisión decían que Kennedy lo había ganado. Quienes lo siguieron por radio le daban la victoria a Nixon. La explicación es sencilla: el demócrata manejó mejor la comunicación no verbal, mientras el republicano tuvo como fuerte la oratoria.

En el caso dominicano, dos años después, el debate ocurrió por una de esas “bellaquerías” que suelen darse en “la política”. Ante el avance arrollador de la candidatura de Juan Bosch, encabezando la boleta del Partido Revolucionario Dominicano, dirigentes de la Unión Cívica Nacional orquestaron una campaña en la que se acusaba a Bosch de ser “comunista” y de “no creer en Dios”.

A solo días para las elecciones y con partidos anunciando que se retiraban del proceso, el padre Láutico García publicó un artículo que puso más complejo el panorama electoral. Al PRD no le quedó más salida que proponer un debate entre su candidato, autodidacta, con reconocidos dotes intelectuales y gran polemista, y la cabeza más visible de la campaña aquella, por demás, con Doctorado en Filosofía y en Historia.

El debate inició a las 9:30 de la noche del lunes 17 de diciembre de 1962, en el programa Actualidades, que dirigía el destacado periodista Salvador Pittaluga Nivar, a través de Radio Santo Domingo Televisión. Cuentan que se extendió hasta la madrugada. Y aunque las opiniones estaban divididas, mayoritariamente se asumió que lo había ganado Bosch, quien, además de aprovechar el escenario para contrarrestar la campaña aquella, obtuvo un triunfo aplastante en las elecciones celebradas dos días después.

Por supuesto, en aquellos tiempos la gente era espectadora, y se limitaba –en función de su simpatía y con escasísima objetividad- a ver todo lo bueno en el suyo y todo lo malo en el otro. Eso terminaba, como suele ocurrir en las lides políticas, asumiendo pasiones sin entrar en razones.

Ahora, cuando todos creemos que podemos y sabemos comunicar, las redes “comienzan a hacer su trabajo” (realmente lo hace quien las maneja de verdad) desde mucho antes del debate. Ese trabajo tiene especial efecto durante ocurre el debate y suele extenderse hasta después que pasa, con el propósito de reafirmar posiciones y hasta lograr desquites.

Visto esto, de entrada, el debate es un medio para que aspirantes den a conocer sus ideas con respecto a determinados temas. Y eso, visto sanamente, ofrece información muy útil para que la población votante tome atinadas decisiones.

Pero si buscamos un poco más, se hace necesario recordar que en comunicación política el mensaje, el contramensaje y el metamensaje, con trabajo en equipo, necesitan estar integrados en un único paquete. Eso implica el manejo de técnicas que podríamos tratar en otro escrito, de habilidades que siempre tendrán de frente la -abundante, mediana, escasa y hasta nula- capacidad crítica de las personas en las que se desea influir.

nestorestevez@gmail.com 

jpm-am

POR CARLOS SALCEDO

La prevaricación es un tipo penal mediante el cual se sanciona, como un crimen, a los funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones, se desvían de su correcta vía (Carrara) y prostituyen las normas por razones ajenas al ordenamiento jurídico.

De manera general, el también llamado prevaricato está previsto en nuestro país bajo el capítulo de los Crímenes y delitos contra la paz pública. De manera particular, en el artículo 166 del Código Penal, y su comisión acarrea, como pena principal, en virtud de lo dispuesto por el artículo 167 de dicho cuerpo normativo sustantivo, la degradación cívica.

Este tipo penal estuvo previsto en el antiguo art. 641 del Código Penal francés, que calificaba como prevaricación los crímenes y delitos cometidos por los jueces en el ejercicio de sus funciones. Se trataba, inicialmente, pues, del prevaricato judicial. Actualmente, a pesar de que son pocos los países que se apartan de la opción por la tipificación especial, la República Dominicana y Haití no han optado por esta preferencia, por tener por base  aun sus respectivos códigos el código penal francés.

Pero, bajo el título de Crímenes y delitos contra la Constitución, y el epígrafe de usurpación de autoridad por parte de los funcionarios del orden administrativo o judicial (arts. 127 a 131 del Código Penal) podemos encontrar el mencionado prevaricato judicial en la República Dominicana. Incluso con mayor alcance, pues, además de los jueces, el art. 127 de dicho código, considera  también como reos de prevaricación, y los castiga con la degradación cívica, a los fiscales o sus suplentes, y a los oficiales de policía, que se hubiesen mezclado en el ejercicio del Poder Legislativo, dando reglamentos que contengan disposiciones generales, o suspendiendo la ejecución de una o muchas leyes, o deliberando en cuanto a saber si las leyes se ejecutarán o promulgarán.

¿Cuando prevarican los jueces y el Ministerio Público?

En el caso particular de los jueces, estos prevarican, cuando abusando de su autoridad, usurpando, además las funciones propias del Congreso Nacional,  crean, por ejemplo, una norma represiva penal, como lo sería la de elevar a infracción y castigar hasta con prisión un hecho que el legislador no lo ha considerado como tal o lo que es lo mismo, dictan sentencias de reglamento, que son decisiones por las cuales se juzga, no en virtud de la ley sola o interpretada por la jurisprudencia, sino en virtud de sus sentencias, acordándoles a éstas autoridad de ley, esto es, carácter general obligatorio (Rosell).

Lo propio ocurriría cuando, excediendo el ámbito de su autoridad y usurpando funciones legislativas, el Ministerio Público dictamina solicitando prisión o sanción de corte penal no prevista con anterioridad a los hechos imputados en la ley sustantiva penal. En dicha usurpación o exceso de autoridad también incurrirían los oficiales de policía que detengan, arresten o realicen cualquier tipo de actividad, actuación o auxilio judicial al Ministerio Público o directamente por su parte, partiendo de hechos que no acarrean ningún tipo de sanción represiva penal, por disposición del legislador.

Lo anterior solo para citar uno de los tres hechos por los cuales los jueces y los tribunales en sus decisiones, el Ministerio Público en sus dictámenes, como la Policía Nacional, en el ejercicio de sus funciones de auxiliares del Ministerio Público, se consideran que usurpan funciones legislativas.

 La prevaricación es un caso de abuso de autoridad

Como se observa en estas cortas líneas, la prevaricación judicial es una tipificación especial de un caso de usurpación o de abuso de autoridad y, sin entrar en esta ocasión en si se trata de una sentencia injusta, en la cual los jueces tuercen el derecho, que podría ser objeto de un análisis posterior, no caben dudas de que los jueces dominicanos pueden cometer acciones típicas con ocasión del ejercicio de sus funciones y abusando de su poder jurisdiccional, por lo cual pueden ser condenados a la degradación cívica.

 ¿Cuándo veremos jueces y Ministerios Públicos acusados y condenados por prevaricación?

Habrá que ver si la proclamada independencia judicial y su corolario de imparcialidad permitirá ver, además de miembros de los poderes ejecutivo y legislativo, miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público siendo detectados, investigados, acusados y condenados por invadir y usurpar funciones que son exclusivas del Poder Legislativo, siempre con las debidas garantías procesales y en protección de sus derechos fundamentales, para que las decisiones emanadas de los tribunales puedan ser consideradas legítimas.

En algún momento quizás interese también como noticia criminal, o como un producto o una mercancía más del mercado, y sirva para obtener un mayor rating y para captar pautas publicitarias (Mendoza Ayma), la perversión y creatividad normativas por parte de los jueces, miembros del Ministerio Público y de la Policía Nacional, por incapacidad, siempre inexcusable, o por búsqueda de aplausos, como los que esperan los artistas de sus fans y seguidores, o por complacencias externas o internas, igualmente imperdonables.

Como el ejemplo debe comenzar por casa, estoy convencido de que si jueces, fiscales y policías, al menos son condenados a la degradación cívica por ejercer sus funciones arbitrariamente, de espaldas a la norma o, peor, creando normas inexistentes, para colaborar con la producción de la noticia criminal como mercancía y recibir los gritos de alegría y vítores del “público”, veremos a los funcionarios que así actúen, destituidos o excluidos de todas sus funciones, empleos o cargos públicos; privados del derecho a elegir y ser elegido y perdiendo todos sus derechos cívicos y políticos.

Pero también, inhabilitados para ser jurados o expertos o figurar como testigos en los actos y para dar testimonio en juicios; inhabilitados  para formar parte de consejos de familia y para ser tutores, curadores, protutores o consultores judiciales.

O privados del derecho de portar y tener armas, de pertenecer a las fuerzas armadas, de abrir escuelas, o de enseñar, o de ser empleados en cualquier establecimiento de instrucción en calidad de profesores o maestros, todo ello en virtud de lo previsto en el artículo 32 del Código Penal que define la degradación cívica. ¿o por ser jueces, fiscales o policías, son desiguales ante la ley?

jpm-am