Las vocerías del sistema y sus poderosos medios de comunicación siempre se han empeñado en crear una gran confusión entre lo que sería una real reforma fiscal o simplemente darle continuidad maquillada y renovada a la ruta de las contrarreformas neoliberales y pro elites empresariales entronizadas a partir de mediado de la década de los 80.

Ese bulto propagandístico ha subido de volumen después de las votaciones de mayo, en el marco de la continuidad de un gobierno y un estado empresarial endeudado al punto de comprometer el presupuesto nacional con más del 30 % en los servicios de la deuda y generar un elevado déficit fiscal; imperiosamente necesitado, por tanto, de aumentar la presión tributaria y el volumen de sus ingresos para responder a necesidades y reclamos imperiosos.

El presupuesto actual está financiado fundamentalmente por préstamos y por impuestos al consumo, entre los que se destacan el ITBIS, los impuestos selectivos al consumo y los abusivos impuestos a los combustibles, que a su vez eleva el precio de la energía eléctrica y repercute negativamente en la cadena de distribución y producción.

En la era neoliberal o neoconservadora, los impuestos a la propiedad, a las ganancias capitalistas -conocidos como impuestos directos- se han reducido enormemente en comparación con los impuestos indirectos al consumo.

Igual han disminuido otros ingresos con el desmonte o eliminación de no pocos aranceles de aduana, a pesar de un gran incremento de las importaciones.

Pasa otro tanto con la explotación de valiosos recursos naturales (agregados de la construcción, minerales, agua, bosques, playas, sol, brisas…) por corporaciones imperialistas y grandes empresas locales.

El pago al estado por diversos conceptos es muy inferior al valor de los recursos no renovables extraídos o usufructuados, y a esto se agregan enormes y costosos daños ecológicos, y onerosos pasivos ambientales. Recordemos que la llamada industria turística ha destruido el 50% de los manglares del país

Son muchísimas las personas empobrecidos/as y los sectores medios de bajo y medianos ingresos que consumen para sobrevivir y pagan enormes sumas por impuestos indirectos y encubiertos, y pocos los ricachones y privilegiados que aportan comparativamente poco dinero por la vía de los impuestos indirectos

Así, el grueso de los impuestos se le carga al pueblo trabajador, a toda la pobrecía y a sectores de mediano y bajos ingresos; mientras la minoría enriquecida aporta relativamente cada vez menos y gana cada vez más.

De un presupuesto diezmado por una deuda impagable y financiado fundamentalmente por los/as dominicanos/as de a pie, se consume en gastos corrientes de mala calidad alrededor del 90% del total, acompañado de mucha corruptela y enormes dispendios.

La inversión de capital ronda solo un 10% del total, a pesar de la enorme deuda social (salud, educación, transporte, alimentación, diversión sana…) y de los agobiantes déficits en infraestructuras prioritarias, investigación, tecnología propia y bien adecuada a la realidad nacional; a pesar de la necesidad de una producción nacional que aumente en grande el valor agregado y sustituya importaciones.

Estamos ante una prolongada entronización de una contrarreforma fiscal que es necesario erradicar, no simplemente pellizcar o remodelar.,

 

·         ¿A qué podría llamarse reforma fiscal?

Una reforma fiscal progresiva, que favorezca realmente al pueblo humilde y a los sectores medios en proceso de empobrecimiento o precariedades, está obligada a considerar todas estas distorsiones ya señaladas y a modificarlas sustancialmente para invertir el dramático cuadro de penurias populares crecientes.

Sin eso no habrá mejorías en las condiciones de vida de gran parte del pueblo dominicano.

Y si saltamos al tema de eliminar pobrezas y superar procesos de empobrecimiento –traído y manejado demagógicamente por el presidente Abinader en relación con la reforma fiscal– debo decir, sin temor a equívocos, que, sin modificar las brutales relaciones de propiedad y de concentración de riquezas en pocas familias, grupos y personas, y sin superar el cuadro de dependencia y subordinación al capital y al poder transnacional, no es posible erradicar las lacerantes, profundas y creciente desigualdades sociales y  los diversos grados de pobreza; estadísticamente maquillados o adulterados para minimizarlos.

La desigualdad es una fábrica pobreza.

La superación de las injustas relaciones de propiedad y una equitativa distribución del ingreso nacional, son imprescindibles para lograr el bienestar colectivo.

Satisfacer las necesidades humanas debe convertirse en la razón de ser de la economía y de la política, dejando progresivamente atrás el predominio de la expansión del capital privado y la obtención desmedida de ganancias en favor de una minoría voraz.

Pero volviendo al tema de la reforma fiscal y limitándome exclusivamente a  esa vertiente del problema, es necesario señalar que una mejoría limitada en las condiciones de vida del pueblo solo se podría lograr incrementando los ingresos estatales con impuestos directos a las propiedades y a las ganancias de los poderosos; reduciendo los impuestos al consumo, eliminando su retención tramposa por los empresarios, erradicando las exenciones y exoneraciones graciosas e innecesarias y reorientando con sentido de justicia el gasto del Estado.

Modificar con sentido de justicia el gasto público a partir de más ingresos y menos gastos superfluos, implica erradicar la corrupción y suprimir los privilegios y los gastos superfluos..

Implica reducir las escandalosas desigualdades en materia salarial, eliminar todo lo dispendioso, todo lo parasitario y todo derroche o mal uso de recursos, incluido el asistencialismo clientelista; mejorando a la vez la calidad o destino del gasto oficial, dándole prioridad al pago de la deuda social en salud, educación, alimentación, vivienda, salarios, pensiones, seguridad social, sanidad ambiental, infraestructuras fundamentales

Adicionalmente, cuando se habla de disminuir la pobreza, procede eliminar la liberalización de los precios de los alimentos, las medicinas y otros productos de primera necesidad; así como enfrentar la usura legal e ilegal, y ponerle fin a la especulación entronizada en la intermediación comercial.

La contrarreforma está instalada y hay que revertirla, no simplemente maquillarla o limitarse a cambiar lo ya insostenible, como las exenciones y exoneraciones a empresas con altísima rentabilidad.

No es cuestión de demagogia mercadológica como ya empezó a hacer Abinader, ni de ponerse a hablar lindezas sin precisar compromisos.

Se necesitan definiciones precisas en temas cruciales,  las cuales siguen bloqueadas por un estado administrado por empresarios y por las organizaciones corporativas del gran capital, que ya iniciaron su nueva cruzada de resistencia, oponiendo la deuda social que ellos mismos han auspiciado.

Solo el pueblo movilizado, con una propuesta de reforma fiscal que reemplace el prolongado imperio de la contrarreforma, podría frustrar la tranquila continuidad de lo que está establecido, a tono con la estrategia neoliberal o neoconservadora, o limitadamente pellizcada.

jpm-am