El pasado lunes 16, el gobierno anunció a través del Ministro del Ministerio de Administración Pública (MAP), Sigmund Freund, la ejecución de un amplio programa de reestructuración de la administración pública, que incluirá la fusión de varios ministerios y la eliminación de ciertas direcciones.

Según lo expresado por el Ministro del MAP, con esa acción se busca un “Estado más pequeño y eficiente”.

Refirió el flamante funcionario que “desde el primer gobierno del PRM, el Presidente Abinader siempre ha tenido la idea de reducir el tamaño del Estado dominicano.”

La verdad es que si partimos del hecho de que en los últimos cuatro años la nómina gubernamental ha presentado un descomunal incremento porcentual de un 64%, esto podría llevarnos a pensar ciertamente que el tamaño del Estado llegue a niveles de crecimiento histórico y alarmante.

Desde ese punto de vista, no hay dudas de que el Estado ha crecido considerablemente y no parece extraño que éste haya alcanzado hoy su mayor tamaño en toda la historia del país.

De pronto, la burocracia del Estado es hoy enorme, y la misma es, por demás, ineficiente y parasitaria.  Esto sitúa a la República Dominicana como el país con mayor crecimiento de la nómina gubernamental en la región durante el último cuatrienio.

Cabe destacar, que esa propuesta de reforma de la estructura del gobierno central que acaba de presentar el gobierno,  no refleja plenamente el espíritu y los criterios establecidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública, particularmente los asociados a la racionalidad, coordinación, planificación y transparencia.

Por lo que se hace necesario que la misma sea objeto de un abordaje integral que, con un enfoque sectorial, rediseñe su arquitectura organizacional,  tal como se plantea en el informe de la OCDE, del año 2019, sugiriendo al país que se lleven a cabo reformas en la estructura del Estado con un enfoque sectorial; así también, como se deja dicho en el artículo 2 del Decreto 149-21, del 11 de marzo de 2021, el cual instituye el Plan de Reforma y Modernización de la Administración Pública elaborado y presentado por este gobierno.

De no hacerlo de esta manera, dicha propuesta presentada por el gobierno, entraría en franca contradicción, no tan solo con la Ley Orgánica de Administración Pública, sino también con el Decreto 149-21, que consagra el Plan de Reforma y Modernización de la Administración Pública, y el Informe de la OCDE, del año 2019, sobre reformas sectoriales.

De igual forma, dicha propuesta no se encuentra sustentada en un sincero y auténtico proceso de modernización de la administración pública, esto es, iniciativas continuas, abiertas,  prolongadas en el tiempo, y lo más importante,  de carácter no sólo correctivo sino también preventivo, que haya contado con la participación e involucramiento de todos los actores afectados, tal como se hizo con el estudio de la OCDE.

Abordar la reestructuración de la Administración Pública Central, informando en una rueda de prensa la fusión y eliminación de instituciones,  y el supuesto ahorro que generará en el presupuesto, sin explicar de dónde salen esos números, y, sobre todo, si se llevó a cabo algún estudio del impacto que conlleva suprimir esas instituciones, resulta irracional, irresponsable,  y a todas luces inaceptable.

No podemos estar de acuerdo con que se pretenda hacer una reestructuración, que impacte la arquitectura institucional de la administración pública, y coloque en situación de riesgo importantes programas que favorecen al pueblo dominicano,  como ha sucedido con decisiones improvisadas,  adoptadas por las actuales autoridades al eliminar instituciones, que han dejado desprotegidos sectores vulnerables de la sociedad.

Abordar las reformas desde la perspectiva sectorial es el enfoque correcto para alcanzar una verdadera transformación en la administración pública, y así evitar a mediano plazo, serios inconvenientes provocados con el dislocamiento, choque de atribuciones y competencias, que nos conduzcan, de manera inevitable a un estancamiento y empeoramiento de los servicios públicos que ya de por sí resultan precarios.

Si verdaderamente queremos una reforma a la macroestructura del Estado, que genere eficiencia y economía, la misma debe ser abordada de manera integral, pero con un enfoque sectorial, pues esta sería la única forma que podría garantizarse racionalidad, coordinación, planificación, coherencia, comunicación, transparencia, así como eliminación de duplicidades y solapamientos en los servicios, de conformidad con los postulados de la Ley 247-12, Orgánica de Administración Pública.

Ante los apremiantes desafíos sociales que tenemos por delante, resulta imprescindible que el gobierno dominicano, más que ocuparse de su tamaño,  se modernice y se empeñe más bien en la formulación y ejecución de políticas públicas que impacten la calidad de vida de todos los dominicanos.

No vaya a ser que un “achicamiento” de un Estado abultado, pero  ineficiente y distante, se convierta en la causa principal del agravamiento de tantos problemas que nos agobian,  y nos conduzca, de manera inevitable, a una contrarreforma difícil de superar a mediano plazo, y  que esta iniciativa no sea vista como un mamotreto más de corte populista como nos tiene acostumbrado este gobierno.

POR: PAOLA BELLIARD

El Estado de derecho es un principio fundamental que asegura que todos los individuos, instituciones y entes gubernamentales están sujetos a la ley. En este contexto, el control de constitucionalidad y de convencionalidad son pilares que se erigen como herramientas clave para garantizar la protección de los derechos humanos y la correcta aplicación de las normas.

En un mundo en constante cambio, donde los desafíos a la justicia y la equidad son cada vez más complejos, es esencial comprender la importancia de estos mecanismos en la evolución del Estado de derecho.

El control de constitucionalidad se refiere al proceso mediante el cual se verifica si las leyes y actos del Estado se ajustan a lo establecido en la Constitución. En muchos países este control es ejercido por tribunales constitucionales o jueces, quienes tienen la responsabilidad de anular disposiciones que contravengan la norma suprema.

Este mecanismo no solo protege los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, sino que también promueve una interpretación dinámica y evolutiva de los textos constitucionales, adaptándolos a las realidades sociales contemporáneas.

La labor de los órganos encargados de este control es crucial, ya que actúan como guardianes de la democracia y la justicia. Su importancia radica en la protección de los derechos fundamentales y en la prevención de abusos de poder por parte del Estado.

Por otro lado, el control de convencionalidad se refiere a la obligación de los Estados de ajustarse a los estándares que emanan de los tratados internacionales de derechos humanos.

En América Latina, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido fundamental en la interpretación y aplicación de estos estándares, obligando a los Estados a alinearse con principios universales de justicia y equidad. Este control es esencial para que las normativas internas no solo se ajusten a la Constitución, sino que también sean coherentes con los compromisos internacionales adquiridos.

En la República Dominicana, por ejemplo, la magistrada María Garabito Ramírez ha destacado cómo estos controles han sido esenciales para la evolución del Estado de derecho, con sentencias que han tenido un impacto significativo en la sociedad. Estas decisiones judiciales no solo protegen los derechos individuales, sino que también fortalecen la democracia y el estado de derecho.

La interrelación entre el control de constitucionalidad y de convencionalidad es vital en un contexto globalizado. Los derechos humanos son universales e inalienables, y su protección debe ser una prioridad para cualquier Estado que aspire a ser verdaderamente democrático.

En este sentido, ambos tipos de control deben complementarse y fortalecerse mutuamente. La inconsistencia entre disposiciones internas y los estándares internacionales puede dar lugar a violaciones graves de derechos, situación que debilita la confianza pública en las instituciones y el sistema de justicia.

Sin embargo, a pesar de su importancia, tanto el control de constitucionalidad como el de convencionalidad enfrentan retos significativos. En muchos países, persiste una resistencia a acatar las decisiones de los tribunales, especialmente aquellas que implican la revisión de actos del poder ejecutivo o legislativo. Asimismo, la falta de formación y recursos de los jueces puede limitar la efectividad de estas herramientas. La desconfianza en las instituciones, alimentada por la corrupción o el clientelismo, también representa un obstáculo para su adecuado funcionamiento.

En conclusión podemos señalar que el control de constitucionalidad y de convencionalidad son esenciales en la evolución del Estado de derecho. Estos mecanismos aseguran que se respeten los principios democráticos y los derechos humanos, cimentando así la confianza del ciudadano en sus instituciones.

Para fortalecer el Estado de derecho, es imperativo que los países adopten una postura proactiva en la promoción y defensa de estos controles, garantizando su independencia y eficacia. Solo así se podrá avanzar hacia sociedades más justas y equitativas, donde la legalidad y la dignidad humana sean verdaderamente defendidas.

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