La contaminación sónica, también llamada acústica o ambiental, es causada por la presencia excesiva de ruidos en el entorno cuando estos superan los niveles normales, afectando el bienestar de los seres humanos y el medio ambiente.

Faride Raful, la ministra de Interior y Policía, ha emprendido una tarea difícil pero encomiable: mejorar (no digo eliminar) la situación que afecta a muchos sectores de la población, especialmente en Santo Domingo y Santiago, donde el bullicio causado por el uso abusivo de bocinas en negocios ubicados en áreas urbanas de alta densidad residencial crea serios problemas a las familias que residen en esos lugares.

No se trata de simples molestias, sino de un problema de salud pública. La contaminación sónica afecta tanto a las personas como a los ecosistemas, y aunque no se perciba de inmediato, sus efectos son tan perjudiciales como los de la contaminación del aire y el agua.

La exposición prolongada a niveles elevados de ruido se ha relacionado con problemas cardiovasculares, como hipertensión y enfermedades del corazón. El ruido constante provoca alteraciones en el sueño, lo que impacta negativamente en la salud y el bienestar general de las personas.

Quiero destacar que el impacto de la contaminación acústica sobre la salud es significativo y perjudica la calidad de vida de quienes la padecen.

Es evidente que la ministra Raful no ha iniciado su cruzada contra el ruido por un capricho; ella es consciente del daño que sufren los ciudadanos expuestos a música a volúmenes excesivos, lo que afecta tanto su rutina familiar como laboral.

Bullicio 

Debemos entender que nuestra capital, otrora remanso de paz, ahora exhibe un bullicio generalizado, con escasas excepciones. Esto se debe al tráfico constante de vehículos, las construcciones, el comercio informal en las calles, el uso desproporcionado de las bocinas de los vehículos, y en los barrios y vecindarios, ruidos a todas horas.

Bajo la dirección del Ministerio de Interior y Policía, las autoridades han estado incautando equipos de sonido en negocios donde son usados a un volumen insoportable para las familias que viven en esas áreas contaminadas.

Los dueños de las bocinas son luego citados al Ministerio, donde se les ofrece una charla sobre el tema y la necesidad de ajustarse a la ley. Desconozco si les devuelven los equipos incautados, pero imagino que sí, una vez que aseguran no repetir su conducta.

Para complicar las cosas, se ha mencionado una sentencia del Tribunal Constitucional que declara ilegal la incautación de bocinas sin una orden de un juez.

Considero que aún hay mucho por hacer, y tengo la convicción de que Faride Raful, desde el ministerio que encabeza, tiene una excelente oportunidad para demostrar su capacidad de lidiar con temas como este de la contaminación sónica.

Como en la mayoría de nuestros problemas, lo primero debería ser establecer programas comunitarios de información y educación sobre este tema. Dentro de estos programas, se podrían hacer campañas de concientización, establecer horas de silencio en ciertos horarios y trabajar en la mediación comunitaria para resolver conflictos relacionados con el ruido.

Seguramente, hay muchas otras cosas que se pueden hacer. Vale la pena esforzarse para que se logren.

jpm-am

Las Fuerzas Armadas se rigen estrictamente por lo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica. Ninguna institución reglamentariamente tiene más moral que las Fuerzas Armadas y doctrinariamente la más inflexible en el cumplimiento.

La Constitución de la República en su artículo 128, solo establece que el Sr. Presidente es la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y faculta para dirigirla a través del ministro de Defensa.El presidente le corresponde cumplir con la Constitución y Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.

La  Ley Orgánica pone un freno o candado a la hora de realizar ascensos, ya que establece la fecha de la Independencia Nacional  para ascensos. En la antigua Constitución podía ser ascendido en agosto, pero la actual, conforme a lo indicado en el Artículo 112 de la ley 139-13 sobre los ascensos: “Quedan establecido como única fecha para ascensos institucionales en la semana conmemorativa de la Independencia Nacional de cada año».

El expresidente Danilo Medina no fue bien asesorado y aplicó mediante el decreto 322-20 el ascenso del coronel Fidel Augusto Calcaño a general de brigada, violando las leyes castrenses y la moral de las fuerzas armadas. Ese ascenso se llevó a cabo el día 14 del mes de agosto del 2020, a pocos días de que asumiera la presidencia Luis Abinader, actual mandatario. Esto indica, según la normativa militar, que estuvo fuera de lo señalado en la referida ley, por lo que es ilegal.

La doctrina del Ejército de República Dominicana es clara con la obediencia a la Constitución y las Leyes: nos corresponde defenderlas, preservarlas, hacerlas respetar y cumplir estrictamente con sus preceptos y bajo ningún concepto la autoridad suprema debe actuar contrario a ella. Toda disposición arbitraria y contrario a los preceptos legales debe ser anulada.

Límite

El Presidente de la república: no puede designar el número de oficiales generales que desee, sino los que demanden las necesidades de la institución. La nueva reforma establece un límite de generales a cumplir. Es de alarmar que el número de generales aumenta, en lugar de disminuir como manda la ley.

Conforme a la legislación vigente, el Ejército debería tener solo 20 generales, la Armada, 10  y la Fuerza Aérea igual cantidad. Esto contradice la normativa militar que  establece que por cada oficial ascendido al rango de general,  tres serían puestos en condición de retiro.

Sobre los retiros, la indicada ley   refiere que  rango de general solo es por diez años, luego de este periodo, si no está en funciones, su retiro es obligatorio. Con el retiro de ellos, podrían aspirar militares más jóvenes y mujeres, cuando todavía no hay mujeres generales comando y cuando se han comprometido a la equidad.

Hemos contado diez generales con problemas de salud, incapaces de resistir una gran marcha o una gran arenga en hora «pico» frente a una brigada o batallón. Hoy día más del 40 % de la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas sobrepasan su periodo de permanencia en las instituciones militares, y deben pasar a retiro.

La República Dominicana posee generales con más edades que muchos de América y recientemente fue retirado un general con casi cincuenta años de servicio activo.  Existen generales y coroneles de la Guerra Fría y con cursos compartidos con el antiguo general Imbert Barreras, hechos que provoca un  taponamiento en la categoría de coronel y teniente coronel en los cuerpos armados que buscan ser generales con capacidades óptimas para ejercer funciones en el alto mando.

El artículo 6 sobre la Supremacía de la Constitución:Todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución.

Ante la reforma fiscal se hace necesario y sugerimos reducción de generales que no estén comandando en el Estado Mayor, direcciones o brigadas. La ley establece la reducción de los generales. Históricamente, los temas relacionados con la Administración Pública y Hacienda parecía excluir a las Fuerzas Armadas y cada vez se observa lo contrario.

En ambos casos se requieren decretos de retiro y derogación por parte del señor presidente la República, reubicando en rangos y puestos, y pasando a la reserva a generales. Con la reducción de generales el Estado se ahorraría con que mantener brigadas.

jpm-am

El diálogo es una de las herramientas más poderosas que nos ha otorgado la civilización humana.  Es innegable el hecho de que mediante un diálogo genuino podemos alcanzar altos niveles de efectividad en la resolución de nuestros proyectos, desafíos y conflictos. Este recurso, cuando es utilizado adecuadamente, nos ahorra esfuerzos, tiempo y recursos materiales.

La efectividad del diálogo está determinada por el poder y la capacidad de los participantes.  Es obvio que su efectividad como instrumento en la solución de conflictos no depende de sí mismo.

Se hace necesario que los participantes en el diálogo estén dotados de una posición de poder y capacidad de negociación incuestionables. De esto dependerá la confianza conque ambas partes se acerquen a la mesa de negociación para una búsqueda óptima y razonable de resultados.

El diálogo auténtico está condicionado por diversos factores. Podemos sin dudas identificar una serie de requisitos que deben estar presentes a la hora de trabajar la estrategia del diálogo como herramienta para lograr objetivos.

Quizás una de las condiciones más determinantes en los resultados positivos del diálogo es la credibilidad o confianza con que se aproximan los participantes. Si hay dudas o falta de confianza de alguna de las partes, el proceso iniciará con algunas sombras o nebulosas que dificultarán la consecución de los resultados.

Cuando una de las partes viene precedida de un historial de incumplimiento de acuerdos en ocasiones anteriores su nivel de credibilidad es bajo y esto naturalmente hará más tortuoso en camino del entendimiento y lo ubican en posición de desventaja.

Es algo semejante a lo que se ilustra en la moraleja del joven que cuidaba del rebaño y decidió divertirse levantando falsas alarmas de que venía el lobo. Cuando los lugareños se percataron de la burla, decidieron no acudir más al llamado. Cuando en verdad vino el lobo, el joven pastor se quedó indefenso, sin nadie que acudiera a ayudarle.

Cuando la mesa de negociaciones es usada con propósitos ajenos a la búsqueda real de soluciones, esto merma la capacidad de entendimiento y aleja los resultados. La sinceridad y honestidad de los participantes deben estar presentes como requisitos incuestionables a la hora de dialogar.

Ambas partes envueltas en el proceso de negociación deben estar conscientes de que la otra parte necesita garantizar sus logros o puntos positivos. Si no hay garantía de que ambos participantes saldrán cediendo al mismo tiempo de que ganen es imposible poder llegar a acuerdos satisfactorios.

Los participantes en la mesa de dialogo no deben enfocarse exclusiva y obsesivamente en sus intereses y puntos de vista. Deben mirar la situación también desde el ángulo de la contraparte.

En el caso específico de la actual situación de Venezuela las condiciones para el diálogo son realmente muy precarias. En primer lugar, no hay un real equilibro de poder para negociar. Después de las elecciones del 28 de julio pasado la balanza quedó dramáticamente inclinada a favor de la oposición. Los resultados electorales comprobados le dieron un triunfo con amplio margen de ventaja. Esto ha sido reiteradamente reconocido por decenas de gobernantes y organismo internacionales.

El nivel de credibilidad de una de las partes en la mesa negociadora es asombrosamente bajo como resultado de experiencias frustrantes de incumplimiento en acuerdos anteriores. Además, esta parte componente del potencial diálogo no parece estar dispuesta a ceder o reconocer los derechos que los resultados electorales le otorgan a la oposición venezolana.

De emergencia

Contrario a la oposición al diálogo de una gran mayoría de los venezolanos, yo personalmente pienso que todavía debe haber espacio para dialogar. Un diálogo de emergencia evitaría muchos dolores, perdida de tiempo y de recursos, además de posible pérdida de más vidas humanas.

Naturalmente, este posible diálogo estará dado bajo condiciones muy limitadas para la parte del gobierno venezolano.  El objetivo central de este diálogo debe ser exclusivamente facilitar las vías de transición del poder menos dramáticas posibles.

Como expuse anteriormente, un diálogo efectivo debe convencer a ambas partes de salir ganando en ciertos aspectos. ¿Cuál sería la ganancia del grupo gobernante de Venezuela? Nada mejor que garantizarle el derecho de seguir existiendo. También puede reconocérsele ciertos recursos materiales, es decir, una parte razonable del botín ilegítimamente acumulado.

Naturalmente, hay que entender que las cuentas pendientes de este grupo con instituciones y gobiernos extranjeros no forma parte de lo que la oposición venezolana puede traer a la mesa. Los casos pendientes en la justicia por crímenes, violaciones de derechos humanos y delitos semejantes no son negociables.

En conclusión, Maduro, Cabello, Padrino López, los hermanos Rodríguez, entre muchos otros deben entender que sus posibilidades han quedado dramáticamente reducidas a cuestión de preservar sus vidas físicas. Todavía hay esa posibilidad, pero esto también tiene fecha de caducidad.

jpm-am 

POR LUIS CASTILLO

Es alarmante cómo, cada vez que en la República Dominicana se realiza un allanamiento o se arresta a alguien de clase media o alta, surge un coro de voces influyentes, medios de comunicación y figuras prominentes que claman atropello, injusticia o desconsideración.

Sin embargo, cuando es un pobre quien sufre el peso de la ley, esas mismas voces permanecen en un inquietante silencio. Este doble estándar no solo evidencia una profunda hipocresía, sino que refleja un problema más grave: la justicia parece actuar de manera distinta según la posición económica y social del acusado.

Recientemente, se ha conocido el caso de un hombre condenado a 30 años de prisión por intentar robar un chivo. Un hecho que, más allá del delito, pone de relieve la desproporción con que se aplica la justicia en comparación con los grandes crímenes de corrupción.

No se escucharon voces defendiendo los derechos humanos de ese hombre ni clamando por un trato más justo. Mientras tanto, hay miles de personas sumergidas en condiciones infrahumanas dentro del sistema carcelario, sin que las élites influyentes levanten su voz para denunciar esas violaciones. Al parecer, para ciertos sectores, los atropellos solo merecen ser condenados cuando ocurren en su propio entorno.

Es una triste realidad que en la República Dominicana, como en muchos otros países, exista lo que podríamos llamar “delincuentes preferidos”. Aquellos cuyas acciones delictivas, aunque graves, son vistas con benevolencia o indulgencia porque pertenecen a círculos de poder o dinero.

La corrupción, el crimen organizado, los grandes escándalos de licitaciones fraudulentas como los que rodean al caso INTRANT, parecen merecer, según algunos, un trato más condescendiente que el robo de un animal. En lugar de condenas firmes, los grandes delincuentes son defendidos como víctimas de supuestos atropellos cuando la justicia decide actuar.

Pero ¿dónde están esos defensores de los derechos cuando un pobre es abatido en un supuesto intercambio de disparos con la policía? ¿Por qué el clamor de justicia y respeto a los derechos humanos solo surge cuando los acusados tienen nombres influyentes o posiciones destacadas?

Es inquietante saber que en los últimos años, la policía ha reportado alrededor de 60 muertes en supuestos intercambios de disparos. La gran mayoría de esos muertos son pobres. Y en estos casos, nadie llama a “atropello”.

Nadie se manifiesta por la desproporción en la respuesta estatal. Al contrario, son muchas veces esos mismos sectores influyentes los que, en privado o públicamente, exigen “mano dura” contra los delincuentes, pero solo cuando esos delincuentes vienen de sectores marginales.

Peligrosa realidad

Esta selectividad en la indignación revela una peligrosa realidad: la justicia en nuestro país parece estar diseñada “para los de abajo”, como la serpiente que solo muerde al descalzo. No se trata de defender el crimen, venga de donde venga, pero sí de exigir coherencia en quienes reclaman justicia.

No podemos permitir que la defensa de los derechos humanos y el debido proceso sea un privilegio de las clases altas, mientras los pobres continúan siendo aplastados por un sistema que no les ofrece ni siquiera una mínima protección.

Es momento de que quienes levantan su voz para denunciar supuestos atropellos a los ricos hagan lo mismo cuando la justicia castiga desproporcionadamente a los pobres. No podemos seguir tolerando esta dualidad, en la que algunos delincuentes, por su estatus, son tratados con guantes de seda mientras otros son condenados a las peores penas por delitos menores.

La justicia no puede tener favoritos. Si realmente queremos construir un país donde la ley sea respetada, debemos exigir que se aplique igual para todos, sin importar su clase social. Los derechos humanos no son un privilegio de unos pocos, son la base de una sociedad justa y equitativa.

jpm-am