El expresidente Danilo Medina, en una reciente entrevista para una estación de radio, ha demostrado ser un ignorante total de la Constitución y las leyes, condenándose a sí mismo, admitiendo los actos de corrupción cometidos durante los 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en particular durante los ocho años que le tocó gobernar directamente.

Afirma que sus hermanos, acusados de malversar miles de millones de pesos del Estado que él presidía, están sometidos a la justicia por su relación sanguínea, al igual que su cuñado, su jefe de seguridad y otros funcionarios muy cercanos al jefe de gobierno.

Cuando se le preguntó sobre cómo sus hermanos, de padre y madre, se enriquecían haciendo negocios con el gobierno, dijo que no sabía nada al respecto, que era responsabilidad de los funcionarios que él designaba en su condición de presidente constitucional de la República, cargo en el que juró respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes, cosa que no hizo durante los ocho años de su gestión.

No negó, en ningún momento, los actos de corrupción; al contrario, culpó a los demás, a sus funcionarios, incluyendo a sus hermanos, cuñados, etc., sometidos a la justicia por malversación de fondos. Afirmó, de manera categórica, que en cualquier caso se trata de un delito penal que conlleva, a lo sumo, una miserable multa, que no sería más que un incentivo al robo de los dineros públicos, ignorando que, en cualquier caso, la multa también es penal.

El cinismo y la cara dura que mostró el expresidente Medina rayan en el colmo. Se imputa a sí mismo independientemente de que el Ministerio Público, por miedo, solamente por miedo, no lo haya investigado, interrogado y sometido a la justicia junto con sus hermanos, su cuñado, su jefe de seguridad y el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez.

Danilo Medina es un desconocedor de la Constitución que él, Leonel Fernández y los demás miembros del Comité Político y el Comité Central modificaron para crear un sistema de justicia que los protegiera, como un búnker, de la propia justicia. Como en efecto ha sucedido, pues en más de cinco años, ningún expediente de corrupción ha prosperado, adquiriendo el carácter de cosa irrevocablemente juzgada.

“Dañino Medina”, al igual que su excompinche, amigo, cómplice y socio, Leonel Fernández, tiene un alzhéimer selectivo; solo recuerdan lo que creen que les conviene. Ambos mienten descaradamente una y otra vez, confiando en la desmemoria del pueblo dominicano, que aún no les pasa factura por todo el daño que le hicieron durante 20 largos años.

No es verdad que “Dañino” no intentara reelegirse, que no procurara modificar la Constitución y que le eliminaran el artículo 222 que le impedía repostularse. Sí lo intentó, como intentó robarse las elecciones y producir un autogolpe de Estado para mantenerse en el poder. Como todo descarado y sinvergüenza, “Dañino” no admite sus culpas, no pide perdón, no reconoce los altísimos niveles de corrupción que patrocinó con las llamadas “visitas sorpresas”, que no fueron más que una estafa donde se dilapidaron más de 40 mil millones de pesos.

La entrevista a Danilo Medina constituye una burla a la inteligencia del pueblo dominicano; un descaro y un cinismo al más alto nivel. Se burla de la Constitución y de las leyes, asume una postura arrogante y petulante, propia de alguien que se considera por encima del bien y del mal, empoderado de su poder, que aún tiene en la sociedad dominicana, creyendo que nadie podrá tocarlo ni con el pétalo de una rosa.

Contrario a lo que dice “Dañino Medina”, el artículo 146 de la Constitución que el propio PLD aprobó establece:

“Prescripción de la corrupción: Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En consecuencia:

1. Será sancionada con las penas que la ley determine toda persona que sustraiga fondos públicos o que, prevaleciéndose de su posición dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provechos económicos.
2. De igual forma, será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados.
3. Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente.
4. A las personas condenadas por delitos de corrupción les será aplicada, sin perjuicio de otras sanciones provistas por las leyes, la pena de degradación civil, y se les exigirá la restitución de lo apropiado de manera ilícita.
5. La ley podrá disponer plazos de mayor duración que los ordinarios para los casos de crímenes de corrupción y un régimen de beneficios procesales restrictivo.”

No olvidemos la jurisprudencia que establece que los actos de corrupción no prescriben nunca.

Si el sistema de justicia no fuera tan complaciente, tan cómplice del poder político que encabezó el PLD durante 20 años, aplicando estrictamente lo que dice la Constitución en su artículo 146 y lo que taxativamente establece el Código Procesal Penal, tanto Leonel Fernández como “Dañino Medina”, junto a sus socios, amigos, hermanos, esposas y amantes, tanto del Comité Político como del Comité Central, habrían pagado las consecuencias de los actos de corrupción cometidos a lo largo de dos décadas. Pero la impunidad, garantizada a través del Ministerio Público y del Poder Judicial, es el garante legal de la corrupción.

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