(In Memoriam a mi inolvidable amigo el Dr. José Silié Gatón, Máximo Exponente de la Ética y Maestro del Derecho Electoral).
Aunque tiene la compleja misión de administrar la lucha sin límites que libran los políticos tras la conquista del poder, el órgano electoral no escapa a la obligación de distinguir lo moralmente lícito y lo moralmente ilícito.
El administrador de un proceso electoral no se debe dejar llevar de que, tal y como señala el filósofo italiano Norberto Bobbio, “el sentido común parece haber aceptado pacíficamente, que el hombre político puede comportarse de un modo diferente de la moral común, que un acto moralmente ilícito puede ser considerado y apreciado como lícito en política, en definitiva, que la política obedece a un código de reglas, o sistema normativo, diferente de, y en parte incompatible con, el código o el sistema normativo de la conducta moral”.
Son los órganos electorales y no los partidos políticos, quienes tienen la obligación de garantizar que las elecciones sean íntegras, tal y como lo manda el literal 3 del artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al disponer: “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.
La importancia del comportamiento ético de las entidades electorales puede ser apreciada en el Código de Conducta para una Administración Ética y Profesional que elaboró el International Institute for Democracy and Electoral Assistence (IDEA), el cual contiene cinco principios éticos básicos de la administración electoral, que son: 1ro.) Respeto por la ley, la cual debe ser puesta en práctica imparcialmente y de manera equitativa, garantizando a los partidos políticos, candidatos, votantes y otros participantes, un trato justo y equitativo; 2do.) Independencia y neutralidad, de modo que los participantes en el proceso acepten los resultados, al confiar en que los administradores cumplan sus funciones con imparcialidad y en forma políticamente neutral; 3ro.) Transparencia, estando siempre en disposición de justificar las decisiones, proporcionar información, acceso a la información y garantizar que los partidos y candidatos puedan ejercer cabalmente sus derechos legales; 4to.) Minuciosidad, para que la información que sirve de base a las decisiones sea exacta y accesible; y, 5to.) Orientación de servicio al público, a fin de facilitar a los votantes su participación en el proceso, tenerlos informados y crear condiciones para el voto de las personas con necesidades especiales, tales como no videntes, discapacitados, analfabetos y personas que residen en zonas apartadas.
Organizar elecciones libres, justas y confiables debe ser la meta de todo administrador electoral que asume una conducta ética.Por esta razón, cuando la Junta Central Electoral, como administradora de las elecciones, no procura hacer cumplir el artículo 211 de la Constitución Política, que la responsabiliza de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones, asume un comportamiento anti ético que la transformaen un actor político que se mancha las manos, como sostiene Jean-Paul Sartre, se las mancha quien desarrolla una actividad política.

De los presidenciables del partido blanco, el único que exhibe crecimiento –¡y sostenido!– es Luis Abinader. No lo digo porque todos los estudios de opinión coinciden en atribuirle la condición de puntero, sino porque líderes regionales, provinciales y municipales que deciden regularmente engrosar las filas del denominado PRD mayoritario lo hacen a través del economista y empresario.
Inclusive, en las últimas semanas, diputados, síndicos y regidores de diferentes demarcaciones nacionales se han adherido al proyecto de un hombre que no tiene tasa de rechazo, de imagen transparente y que muestra dominio de los temas de la agenda nacional. Además, es prudente y ecuánime, al punto que todavía no se le atribuye la comisión de un error político.
Tiene el perfil de un estadista y en torno a él se puede aglutinar un conjunto de fuerzas políticas con el empuje y la capacidad de hacer una mayoría electoral. Mi tesis descansa en lo que observo en el espectro nacional. Y también en lo que ha sido una constante en la política dominicana de las últimas décadas: los comicios se disputan entre el partido oficialista y la organización que el electorado percibe como opositora.
(Tanto al PRD de Miguel Vargas como al Partido Reformista la población los observa como aliados del PLD y del gobierno. Y es lógico que los oficialistas sufraguen por sus entidades originales y no se vislumbra espacio para una tercera opción).
No hay ninguna duda de que la oposición estará representada en lo que se llama hoy PRD mayoritario y la convergencia de fuerzas políticas y de la sociedad civil. Y todo el opositor que no se sume ahora a ese proyecto, lo haría de aquí al 2016. Algunos darían el paso en plena campaña y habría negociaciones de última hora para cambios en la boleta municipal y congresual.
Es factible construir una mayoría electoral en torno a Luis Abinader. Pero amor no quita conocimiento. Para ese torneo se requiere una alerta internacional en torno al peligro que representan los órganos electorales, cuyos miembros no sólo tienen bien definida (y de forma pública) su simpatía política, sino que han demostrado de sobra capacidad para dar fallos al margen de la expresión de la voluntad popular.
El principal ensayo de los órganos electorales lo constituye la crisis del PRD, donde todos sus fallos resultan favorables a Miguel Vargas, quien evidentemente tiene una alianza con Leonel Fernández, Danilo Medina y el PLD. ¿Qué no harían esos órganos, pues, en un proceso electoral donde esté en juego el poder?
La comunidad internacional tiene que meterse de cabeza para el certamen del 2016, independientemente de lo que digan los patrioteros corruptos, cuyos líderes no sólo están en el PLD y el mal llamado Frente Progresista, están también en la Iglesia Católica.
Luis Abinader es –en estos momentos– la principal opción electoral opositora. Hay que reconocer que está creciendo y las posibilidades de convertirse en el candidato rival del PLD son elevadas, pero mal haría en permitir el acostumbrado uso y abuso de los recursos del Estado en la forma en que sabe hacerlo el oficialismo. Y peor haría en confiar su destino político, con miras a los comicios del 2016, en la JCE y el Tribunal Superior Electoral.
Su trabajo político, en consecuencia, tiene que estar acompañado de la denuncia, en el ámbito exterior, de la carencia de instituciones democrática en la República Dominicana. Los escollos son múltiples y demandan finas estrategias para enfrentarlos en los diversos escenarios.