Conforme
la Ley No. 6-06, el Crédito Público es la capacidad que tiene el Estado para endeudarse
con el objeto de captar recursos a fin de realizar inversiones reproductivas, reestructurar
su organización, atender casos de emergencia nacional y refinanciar sus pasivos.

Están sujetos a las regulaciones previstas en la
presente ley y su reglamentación, los organismos del sector público que
integran los siguientes agregados institucionales: el Gobierno Central, Las
instituciones descentralizadas y autónomas no financieras, las instituciones de
la seguridad social, las empresas públicas no financieras y los ayuntamientos
de los municipios y el Distrito Nacional.

Se excluyen del mandato de esta ley las instituciones
descentralizadas y autónomas financieras y las empresas públicas financieras.

En el momento de la aprobación y promulgación de esta
ley se creó un Consejo de la Deuda Pública, constituido por el Banco Central,
el Ministro de Economía, y el Ministro de Hacienda quien lo presidirá o sus
representantes.

Entre las funciones del referido Consejo se citan:
Recomendar el límite máximo de endeudamiento público aconsejable, recomendar al
Poder Ejecutivo la adopción de medidas especiales que tiendan limitar todo
nuevo incremento de la deuda pública cuando supere el 3% del Producto Interno
Bruto (PIB), recomendar al Poder Ejecutivo la sanción de disposiciones legales,
institucionales y administrativas que considere necesarias para la gestión
eficaz del endeudamiento público. Las propuestas y recomendaciones que formule
el Consejo serán de conocimiento público.

En el título III relativo al régimen de prohibiciones y
sanciones de la indica ley se establece que no se podrán realizar operaciones
de crédito público para financiar gastos operativos o de funcionamiento, salvo
cuando se trate de gastos de actividades comprendidas en convenios de préstamos
recibidos de organismos multilaterales o bilaterales.

El Presupuesto General del Estado Dominicano 2014 ascendente
a RD$613,136 millones con un endeudamiento original de RD$189,261.2 millones
pero durante su ejecución hay tendencia de que se requerirán de más préstamos
para su financiamiento lo cual sobrepasará lo aprobado por el Congreso Nacional
llevando a la nación a una difícil situación de intolerancia desde el punto de
vista de su capacidad de endeudamiento ya que este se aproxima a casi un 50%
del PIB cuando lo que se recomienda para tener unas finanzas saludable es que
no trascienda el 30% de todo lo que se produce en un país.

De seguir creciendo la deuda de forma vertiginosa, el
país podría enfrentar una situación de cesación de pagos o default ante sus
acreedores o prestamistas tal como le ha
sucedido a otras naciones tal el caso de Argentina la cual presenta
dificultades para honrar sus compromisos de deuda con fondos buitres o especulativos.

Lo preocupante es que el Gobierno Dominicano, no
obstante estar recibiendo los ingresos tributarios que estimó para el año 2014,
no ha sabido tomar las medidas correspondientes para mejorar la calidad del
gasto, constituyéndose esto en un gran obstáculo para lograr un presupuesto
financiando con menos deuda.

Hoy el Gobierno explora nuevas fuentes de
financiamiento de forma desesperada a los fines de captar más ingresos que
puedan conjurar el déficit que podría sobrepasar el estimado para este año,
tanto es así que dentro de su desesperación quiere aumentar el cobro de los peajes y aplicar
impuestos a las compras de menos de US$200.00 realizadas a través de
internet.

Tal como se lee en la señalada Ley No. 6-06 de Crédito
Público algunos de sus aspectos no han sido observados por las autoridades, tal
el caso del Consejo de la Deuda Pública
Organismo que como dice la indicada ley
debe reunirse periódicamente para recomendar al Poder Ejecutivo el
límite máximo de endeudamiento público aconsejable, adoptar medidas especiales que tiendan al
limitar todo nuevo incremento de la deuda pública cuando supere el 3% del
Producto Interno Bruto (PIB), recomendar al Poder Ejecutivo la sanción de
disposiciones legales, institucionales y administrativas que considere
necesarias para la gestión eficaz del endeudamiento público.

Además no se aprueba con la prontitud debida la
propuesta Ley de Responsabilidad Fiscal, la cual limitaría el nivel de
endeudamiento y se controlaría la
calidad del gasto, pero nada de esto se lleva cabo porque es más fácil
manejarse sin responsabilidad y sin orden para poder hacer las cosas
medalaganariamente.

Otra violación de la cita Ley 6-06 es que el dinero
obtenido mediante préstamos no debe utilizarse para pagar el servicio de la
deuda (amortización, pago de intereses, comisiones) lo cual es práctica común en el país.

De no ponerse coto a esta situación lo más pronto
posible, por el momento se creerá que todo marcha a pedir de boca pero en el
mediano y largo plazo la gestión de las finanzas públicas será incontrolable
convirtiendo el país en un verdadero
infierno, pues si se cree que lo que se adeuda se deja poner viejo y que las
deudas del pasado no se pagan, se comente un grave error ya que afectará al
país desde el punto de vista de su reputación, credibilidad, confianza y
crecimiento económico, pues no hay deuda que no se paguen ni plazo que no se
cumplan.

felix.felixsantana.santanagarc@gmail.com

Como funcionario de policía fui un hombre de armas y uniformes por 27 años, pero escasas veces utilicé las armas, a pesar que era parte de los reglamentos el porte y uso de las mismas. No creo en las armas ni en el uso de su fuerza, a excepción de una necesidad inminente. Sin embargo, si nos enfocamos en el contexto general de la población considero un error y no oportuno el llamar al desarme a la población por parte del Procurador General de la República, que cabe señalar no es la primera vez que se plantea el tema, incluyendo a otros funcionarios. Es bien sabido que no se toma en cuenta la opinión de la gente, por lo que no entendemos a que se deben estos clichés publicitarios, si es su obligación, es lo que juran y mandan las normas, “cumplir y hacer cumplir la ley, la constitución y los acuerdos internacionales”. Es contraproducente que constantemente escuchemos diferentes anuncios a través de diferentes medios, por parte de las autoridades, para tal o cual acción que está contenida en sus responsabilidades, como si desconocieran su misión o la olvidaran, y de repente recordaran cuál es su papel. Definitivamente nuestras autoridades son muy caras, ineficientes, pues es evidente que no cumplen y están invertidos los roles del Estado, con relación a la responsabilidad para garantizar los derechos, libertades y la aplicación de la ley con autoridad, resaltando lo más prioritari la vida, la dignidad humana y las necesidades básicas de toda la población. A los gobiernos y demás funcionarios del Estado corresponde garantizar la seguridad de la población y sus propiedades; igualmente prevenir, regular y controlar lo referente a las armas, tal como manda la ley 36, es compromiso, es juramento por parte de las autoridades del estado la incautación y sometimiento a la justicia por el porte, tenencia de armas ilegales y el tráfico de las mismas, también por la violación a la ley general de aduanas la importación o introducción de armas por canales ilegales e irregulares, no entendemos entonces que persiguen las autoridades, con estos necios y ruidosos anuncios. Que a mi entender solo buscan distraer frente a su incapacidad. Por lo qué, cabe preguntarse: ¿Por qué se prohibió la importación de armas en 2006 y sigue vigente, Decreto 309-06? ¿Por qué el gobierno dificulta, incrementa los precios y los impuestos para el porte y tenencia de armas de fuego legalmente? ¿Quiénes serían los más beneficiados con una medida de desarme? ¿Beneficiará realmente a los ciudadanos? ¿Por qué y para qué este llamado de desarme? ¿A quiénes realmente quieren desarmar las autoridades? ¿Cuál es la intención real del Estado cuando habla del desarme de la población? ¿Dónde están las armas del caso de aduanas en Santiago y porqué siguen sueltos los acusados? ¿Por qué no consensuar la medida con todos sectores a través de debates, esto es un asunto muy complejo? ¿Quién nos cuidará de los abusadores, de los delincuentes, criminales armados y de todos los que poseen armas ilegales y de guerra? Les invito a la reflexión, haciendo el ejercicio de cada quien dar sus respuestas. Por mi parte las consideraciones al respecto, concluimos que: Es evidente que la prohibición de armas favorece el tráfico y trasiego de armas ilegales, estimulando la corrupción, el crimen organizado y la criminalidad en general. Al mismo tiempo perjudica los comerciantes, al fisco y sobre todo aumenta la inseguridad para la población honesta y trabajadora, que está cada vez más amenazada, dificultando protegerse por sus propios medios legalmente, ya que los gobiernos son incapaces. Las Fuerza Armadas, la Policía Nacional y los demás organismos del Estado que están facultados al porte y uso de armas a favor de la seguridad ciudadana, no han podido garantizar la protección de la población general y mucho menos conquistar la confianza de la ciudadanía ni cumplen con los mandatos y regulaciones de los convenios internacionales para uso de la fuerza, siendo las armas de fuego la principal herramienta de fuerza. También dejan de lado la ley 672 que trata de la conducta ética de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, jueces, fiscales y en los que se incluyen policías, militares y organismos de seguridad. Se han presentado y están en estudios varios proyectos de leyes para modificar la ley 36 referida, no rechazamos las revisiones y actualizaciones, pero está claro que el problema no es de más leyes ni de modificaciones, cabe citar a Tácito con quién comparto su afirmación: “Cuando hay más leyes, es más corrupto el Estado”. Nuestro país urge de voluntad política y autoridad para aplicar la ley. El desarme per se no es la solución, la criminalidad es multifactorial, multidimensional debemos consensuar políticas públicas y estrategias entre todos los sectores sociales. Los ciudadanos que pagan el porte y tenencia de armas de fuego deben tener la garantía de ese derecho respaldado y regulado adecuadamente, evitando que personas sin condicione o capacidad obtengan licencia, sin que esto traiga riesgo a los demás ciudadanos que no la portan. Defiendo cabalmente una política de cero armas por parte de la población, pero frente a la ausencia de instituciones capaces de garantizar el uso y tenencia de arma de fuego, y sin la más mínima muestra por parte del Estado dominicano de tener las condiciones y voluntad para tranquilizar a la sociedad dominicana, frente al fracaso en la prevención, el control y la persecución del crimen. Dejan y han provocado que los ciudadanos crean imprescindibles cuidarse por ellos mismo. Para respaldar nuestras dudas en cuanto a estas medidas de desarme, favor de accesar al siguiente link y ver video de Freddy Beras Goic https://www.youtube.com/watch?v=WwQvKK0yr5U&list=PLo57j7WTaimeHuUdg9LWdFnMcf4YfDsb0&index=3 Algunas estadísticas de interés que nos ayudaran a entender la complejidad y magnitud del problema de la violencia y la criminalidad en relación con las armas en general, de fuego y blancas. De enero a julio han perdido la vida 576 personas víctimas de armas de fuegos y 227 por armas blancas. El FOB costo del arma en fabrica, paga Impuesto Selectivo 78%, 20% Arancel, 18% ITBIS y 10 mil pesos de permiso de porte y tenencia de una arma de fuego, ascendiendo a un costo promedio de 200 mil pesos para el arma legal. Mientras en el mercado ilegal el precio es de 50 mil pesos para adquirirla. En investigación que realizara en el 2004, fuente las FFAA, para ese entonces en el país habían registradas 120 mil armas en manos de los militares, 50 mil en manos de los policías y 350 mil en manos de la población civil aproximadamente. Esto excluye las armas de los funcionarios, los delincuentes y el resto de la población que tienen armas sin registrar, las cuales sobrepasan el millón de armas ilegales de todo tipo, según mi apreciación y de otros analistas del tema. En estos momentos según el SISNA en el país existen 240 mil armas legales en manos de los ciudadanos, de estas solamente 125 mil son renovadas cada año. Desde octubre del 2013 hasta la fecha interior y policía ha registrado 40 mil licencias inteligentes a través del SISNA, Sistema Nacional de Armas y el LABBS Laboratorio Balístico y Biométrico que es una dependencia del SISNA, este sistema costo al ministerio de interior 20 millones de dólares y el mismo no tiene utilidad para las autoridades de seguridad, por no haber interés en sistematizar las tecnologías de comunicación de dichas agencias de seguridad. “La violencia no se previene ni se elimina recogiendo las armas de fuego; sólo el fomento de la educación, la cultura y el respeto a la vida y a la humanidad de todos (inclusive la de nuestros enemigos) no salvaría. Al paso que vamos, terminaremos picándonos a machetazos. ¿Vamos a comenzar a recoger machetes?” Keysi Montás Infoseguridad007@gmail.com @JTtaveras Dios les bendiga hoy y siempre.