POR MARCELINO LARA

En ocasiones anteriores nos hemos referido al excesivo gasto público corriente del gobierno central, principalmente en aumento de nómina. Sin embargo, no sólo el gobierno central ha incrementado su gasto corriente en nómina sino también las instituciones autónomas y descentralizadas. Y para muestra un botón.

Con relación al 2020 las EDES han incrementado la cantidad de empleados en 1500 personas y el sector eléctrico completo en más de 2000 personas. Lo más interesante de todo eso es que se ha producido concomitantemente con el aumento de la factura eléctrica y el aumento de los apagones, por descuido en mantenimiento y reducida inversión en el sector porque al igual que en gobierno central, todo el gasto ha sido orientado a los pagos corrientes de nómina mientras se ha descuidado el gasto de capital o de inversión para eficientizar el servicio de energía eléctrica. Y mientras todo eso sucede el subsidio eléctrico se disparó a más de 2 mil millones de dólares.

De manera que ha sido el gobierno en general que ha orientado todo su gasto al pago de nómina. Así no puede avanzar una economía, dirigiendo prácticamente más del 90% del presupuesto a pagar nómina pública, y ahora nos quieren imponer una reforma fiscal como si nosotros fuéramos culpables de ese dispendio del presupuesto nacional.

Con mucha razón la clase media está opuesta a dicha reforma fiscal, y es que a ella nadie la invitó a esa fiesta. Son más de 100 mil pensiones que han sido entregadas sin identificar primero de dónde van a salir los recursos para pagarlas y sin ninguna inclusión previa en el Presupuesto Nacional.

Bajar gasto público

Antes de hablar de reforma lo primero que debería suceder es bajar sustancialmente el dispendioso gasto público corriente del sector público y aumentar el gasto de capital para que suba la producción nacional y el empleo. Y cuando la economía empiece a crecer por encima de su nivel potencial entonces empezar a hablar de aplicar impuestos. Aplicar impuestos a una economía estancada o con débil crecimiento, como sucede actualmente, es una apuesta suicida porque la va a deteriorar mucho más y no habrá actividad económica rentable a quien cobrar dichos impuestos.

La verdadera solución es la reducción del gasto público corriente y aumentar sustancialmente el gasto de capital para así subir el nivel de producción y del empleo.

Por amor de Dios parar ya este dispendio del Presupuesto Nacional a través del gasto público corriente, que esta fiesta le está saliendo demasiado cara a clase media y a pobres de República Dominicana.

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El Congreso Nacional, conformado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados, tiene la trascendental atribución de legislar y fiscalizar en representación del pueblo.

Las leyes que producen los legisladores, sea por sus propias iniciativas o la del Presidente de la República, lo mismo que por las de la Suprema Corte de Justicia y la Junta Central Electoral, en los asuntos judiciales y electorales, respectivamente, tienen aplicación para todas las personas, en sintonía con la Declaración de los derechos de 1789, que dispone que “la ley es la misma para todos”.

También la célebre definición de Jean-Jacques Rousseau, en su ‘Contrato social’, establece que la ley es la expresión de la voluntad general. Pero esta voluntad, de la que brota la ley, sostiene R. Carré de Malberg, en ‘Teoría General del Estado’, “es general en un doble sentido: en primer lugar, por cuanto es la voluntad común del pueblo entero, teniendo éste, únicamente, la soberanía o potestad de legislar; y además, en cuanto dicha ley tiene un objeto general, es decir, un objeto que tiene un alcance general y presenta un interés también general”.

 Como sostiene Carré de Malberg, la mayoría de los autores contemporáneos se han adherido a la misma idea, como es el caso de Barthélemy, que señaló lo siguiente: “El poder legislativo expresa su voluntad por medio de una forma general”.

 De igual manera definieron la ley los civilistas, representados en la figura del maestro francés Marcel Planiol, quien se expresó como sigue: “La ley se establece permanentemente para un número indeterminado de actos y de hechos. Cualquier decisión de la autoridad que sólo deba ejecutarse una vez no es ley, sino un acto de administración”. 

Agenda cargada

Probablemente nunca los legisladores iniciaron un mandato con una agenda tan cargada como la del actual. Primero fue una reforma constitucional, que ya fue aprobada y solo está pendiente de ser proclamada. A continuación, fueron depositados los proyectos de reforma del Código de Trabajo y de Modernización Fiscal. Todos por iniciativa del Poder Ejecutivo.

Asimismo, se reformarán leyes como la de la seguridad social, de hidrocarburos, de transporte, de agua, de electricidad, de educación, de competitividad, la Ley de Partidos, el Código Penal, el Código Civil y más de 70 leyes, derivadas de la Constitución del 2010, que el Partido de la Liberación Dominicana, bajo los liderazgos de los expresidentes, Leonel Fernández y Danilo Medina, no aprobó durante los diez años siguientes de gobierno hegemónico.

La aprobación de la reforma constitucional sin recurrir a engaños, en un ambiente de armonía, es una muestra de responsabilidad y respeto de los legisladores a la institucionalidad, que augura que llegarán exitosamente a la meta en el maratón de reformas.

Igualmente, el presidente, Luis Abinader, cumplió fielmente la promesa de que no se incluiría en la Asamblea Nacional Revisora ningún tema adicional a los contemplados en la Ley de Convocatoria, así como la de que haría una reforma para garantizar que en el futuro un presidente, incluido él, no pueda gobernar durante más de dos períodos constitucionales.

Finalmente, todas las condiciones están dadas para que el actual Congreso Nacional se convierta en el más productivo de la historia dominicana y para que Luis Abinader sea el más connotado presidente reformador.

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Los días 23, 24 y 25 de abril de 1984 en la República Dominicana se escenificaron disturbios, saqueos al comercio y destrucción a propiedades privadas y públicas. En el fondo hubo motivos para protestas, por las alzas exorbitantes de los productos de la canasta familiar, los cuales se dispararon como consecuencia del acuerdo que suscribió el gobierno de Salvador Jorge Blanco con el Fondo Monetario Internacional. Lo que nunca se pueden justificar son los hechos vandálicos y mucho menos las manos ocultas políticas que estaban detrás de la poblada.

El país vivía momentos económicos muy difíciles, por la caída de los precios de los tradicionales productos de exportación y el alza de la tarifa petrolera en el mercado exterior, lo que contribuía a agrandar el déficit en la balanza comercial y, en consecuencia, la balanza de pagos. El Gobierno no disponía de recursos siquiera para pagar los intereses de la deuda externa y ciertos organismos multilaterales se negaban a la renegociación. El único que aceptó fue el Fondo Monetario Internacional y lo hizo imponiendo el grueso de sus condiciones, la cuales resultaron muy desventajosas para el país.

Creo que Jorge Blanco actuó de forma responsable, aunque no se concienció a la opinión pública sobre la situación del país. Además, las protestas pudieron disuadirse sin la necesidad de matar a más de 125 personas, conforme a estadísticas reseñadas por la prensa. Posiblemente las fuerzas militares se excedieron, porque lo que se estila en este tipo de protestas es el uso de camiones cisternas y, en caso necesario, bombas lacrimógenas, las cuales emiten gases químicos e irritan los ojos y afectan la respiración de los revoltosos, para inhabilitarlos momentáneamente.

Jorge Blanco fue un civilista y defensor de los derechos humanos durante su largo ejercicio como abogado. Algunos no descartan que se le haya ocasionado daños moral y político con la forma en que las fuerzas militares, cuyo ministro a la sazón era Ramiro Matos González, reprimieron las manifestaciones. Meses después Ramiro Matos fue reemplazado por Manuel Antonio Cuervo Gómez.

Manos ocultas

Hay que admitir que había razones para el disgusto en la población, pero lo que más lejos tenía un porcentaje de la gente, que participó en las protestas, es que estaba siendo utilizada por manos políticas ocultas. Joaquín Balaguer, Marino Vinicio Castillo y Juan Bosch, se venían reuniendo regularmente. Vincho aprobaba el golpe de Estado, Bosch expresaba que había que salir del PRD, mientras Balaguer, siempre frío y calculador, observaba con cautela, considerando que en los dos años siguientes se celebrarían elecciones y en la presidencia de la Junta Central Electoral se había designado a Caonabo Fernández Naranjo, que gozaba del afecto del caudillo reformista. De todos modos, los tres líderes políticos, llegaron a celebrar, de forma conjunta, conferencias de prensa.

De manera simultánea se sostenían reuniones clandestinas de militares retirados y activos, en las que participó un reconocido historiador del Partido de la Liberación Dominicana, siempre a la espera de la línea que bajarían los líderes políticos. Sin embargo, no hubo consenso entre Balaguer, Bosch y Vincho Castillo.

Decidieron consultar a Jacobo Majluta, quien era senador del Distrito Nacional y enemistado con Peña Gómez y Jorge Blanco, pero su respuesta fue que él (Jacobo) estaría dispuesto a encabezar un gobierno provisional, hasta la llegada de las elecciones, pautadas para el 16 de mayo de 1986. Siempre fue un político astuto.

La respuesta de Jacobo Majluta fue considerada de improcedente (además, no era viable constitucionalmente), porque él ni siquiera era el presidente del Senado en ese momento, en caso de que se opte por la posibilidad de un juicio político contra el presidente de la República, es decir, un golpe de Estado light o suave. Bosch, que no quería saber de Jacobo Majluta, lo calificó de comerciante y se negó a reunirse con él.

El movimiento conspirativo, que fue efímero, empezó a perder fuerza. El Partido Reformista contaba con 11 senadores y 43 diputados, mientras el PLD apenas tenía 7 diputados, sin un solo senador. Vincho Castillo no tenía legisladores, aunque pugnaba por la salida de Jorge Blanco por cualquier vía.

Con el paso de los meses, sin embargo, Jorge Blanco fue sorteando la crisis, al punto que logró bajar la tasa de cambio gradualmente, hasta dejarla en 2.80 al momento de entregar el poder en agosto de 1986, después de celebrarse unas elecciones reñidas, en las que Jacobo Majluta, candidato de un PRD que terminó unificándose, pudo haber ganado, si la JCE le hubiera validado 80 mil votos observados, de personas que subrayaron las boletas del PRD y de la Estructura, ambas con candidato común.

Actualidad

Todo este relato viene a colación porque el presente Gobierno sometió un proyecto de ley de Reforma Fiscal y Tributaria, donde sin aprobarse todavía, porque apenas se celebran vistas públicas en la Cámara de Diputados, para conocer los pareceres de los distintos sectores de la vida nacional, ya hay organizaciones realizando protestas. La gente tiene derecho a la protesta, ante posibles alzas que puedan afectar su poder adquisitivo, pero siempre en el marco de la ley, con un carácter pacífico. Y nunca dejarse usar por posibles manos políticas ocultas que pretendan pescar en río revuelto.

Hay un déficit fiscal que se procura superar para sanear la economía, obtener mayor recaudación y realizar las inversiones que demanda el país para su desarrollo. Satisface que el presidente de la República, Luis Abinader, muestre una actitud flexible y en todo momento hable de consenso, lo que revela que no habría imposiciones, pese a que el PRM cuenta con una mayoría aplastante de legisladores.

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En el ardor de las protestas contra la reforma fiscal, el gobierno logró que su Congreso, le aprobara la constitucional, que pese a oposiciones anteriores, pasó sin más objeciones que voces desapercibidas  porque la población estaba atareada con la otra modificación, la que más pesa sobre todos.

Así, de repente, una noche nos enteramos de que habemus Constitución modificada y en acto de constricción elevamos una que otra reacción pero volvimos a lo neurálgico, a gritar para impedir que nos graven la batata, la verdura, las casitas, las iglesias, las bancas de apuesta…

Entre pataletas y chistes, hacemos catarsis, sacamos la impotencia con  sugerencias como que pongan impuestos igual a la servilleta (en sureño) musú para otros, y al cundeamor, joyas expedidas en las calles y en los mercados para la higiene corporal y del hogar.

Las manifestaciones incipientes amenazan con extenderse en cantidad de lugares y de participantes, pues serían tantos los impactados por la hidra cuyas siete cabezas están paridas y a la que además acompaña un pulpo todo tentáculos.

Aunque el estribillo eterno dice que la clase media será la más afectada, lo cierto es que los de abajo, los eternos jodidos son las mayores víctimas y como siempre  invisibles hasta para ver que no van a la quiebra, porque ahí viven.

De todo trae esta reforma fiscal, todos los renglones abarca y por eso lacera tanto. Mas, tenemos un presidente que ya garantizó que dialogará, que escuchará antes de mandar a su Congreso este otro proyectil.

Cuidado y si lo mismo que con la Carta Magna nos embullan con esta bomba para lanzarnos un misil.

Ahí ya sería el crujir de dientes.

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POR RAFAEL EVE

Desde la promulgación del Código Tributario en 1992, las familias de clases baja y media han sido forzadas a sufrir las severas consecuencias de las diversas reformas impositivas que se han hecho desde entonces. Todas han sido dirigidas a recaudar más impuestos y a reducir la frágil economía de los que menos pueden. Nunca han sido diseñadas para disminuir y adecentar el gasto público ni mucho menos para mitigar el dispendio de recursos y la corrupción. Una nueva pieza fiscal ha sido depositada en el Senado en estos días, con la cual se espera recaudar RD$122,000mm.

El proyecto nace principalmente por: (i) los acuerdos concertados en la ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo Hacia el 2030 (Art. 241/Carta Magna); (ii) el déficit fiscal, que se estima en RD$242,870mm para 2025, equivalente a un 3.0 % del PIB; (iii) el déficit comercial de las EDES, cuyo monto a enero de 2024 se ubicaba en US$73mm, (iv) los gastos del gobierno para el 2025, que superan los ingresos en RD$242,870mm; y (v) los intereses por RD$263,817mm, debido al crecimiento indetenible de la deuda pública.

Esperábamos propuestas justas y consensuadas con base al derecho, destinadas a organizar la casa, optimizar y adecentar la gestión pública, aplicar los impuestos progresivamente (Art.75.6/Carta Magna), respetado los principios constitucionales del régimen tributario (Art. 243); es decir, legalidad, justicia, igualdad y equidad. Soñábamos con cambios en la legislación, en la DGII y en el sistema tributario, repleto de injusticias, parches y artificios dañinos, que lo han convertido en uno de los más complejos del mundo, en palabras del Director del órgano.

La evasión

El proyecto es poco convincente respecto a los planes contra la evasión, donde reposa la mayor grasa que necesita el gobierno para atenuar el déficit fiscal y mejorar la vida de los que menos pueden. Se estiman niveles que rondan el 45% de ITBIS y 55% de ISR. Si tomamos como referencia los ingresos (de estos dos tributos) del presupuesto para 2025, es fácil concluir que el fisco no está recibiendo (por evasión) alrededor de RD$1,091,214mm, una clara evidencia de la ineficacia por años en la gestión de los tributos. Por eso debe retirarse del Senado el Proyecto de Modernización para ser rediseñado.

Pero hay más, el gobierno debió incluir en el proyecto la reducción de la superflua publicidad estatal, prevista para 2024 en RD$4,198mm; duplicando la de 2023 que sumó RD$2,059mm. Asimismo puede eliminar el barrilito, que ascendió a RD$368.8mm en 2023 y disminuir otros gastos del Congreso que pueden triplicar a este último (dietas, representaciones, gratificaciones, sobresueldos), y las asignaciones a los partidos que suman RD$2,520mm; purgar la nómina pública y los gastos innecesarios; frenar y reducir el endeudamiento para bajar los intereses (RD$263,817mm).

El proyecto de Modernización Fiscal es una pieza esencialmente impositiva; en vez de atender eficazmente los objetivos de la Estrategia Nacional, se ha convertido en fuente de perturbación para las familias de clases media y baja, que son las  que suelen pagar los platos rotos de la corrupción, de la impunidad y de la ineficacia de la gestión pública. Por eso este abordaje ha sido fértil para avisperos sociales por su propensión a sacrificar regresivamente a los que menos pueden, y porque no plantea el compromiso del gobierno en la reducción y adecentamiento de los gastos.

Golpe cruel

También dispone que las personas que devenguen más de RD$624mil al año (RD$52mil al mes) estén obligados a presentar su declaración jurada del ISR (IR-1), lo cual luce ser una quimera, pues los empleadores ya declaran al fisco los reportes del salario y de los impuestos que pagan los asalariados (IR3 e IR13). En esto hay bastante hilo para enredar aún más el sistema de impuestos y limitar los esfuerzos de la institución en pro de la recaudación. Por lo tanto, esto podría resultar, en la práctica, más la sal que el chivo, un fomento a la complejidad del sistema tributario.

Se quiere aplicar otra perla a los que menos pueden, un nuevo tramo impositivo a la escala de ingresos para los que ganen más de RD$2.4mm anuales (RD$200mil al mes), quienes estarán sujetos a  una tasa marginal de 27% (la vigente 25%). Sin embargo, el proyecto no prevé aumentar la tasa de 27% de ISR a las grandes empresas, cuando se supone que la dignidad del proyecto debía sustentarse en la protección a los que menos pueden y propiciar la  progresividad fiscal (que paguen más impuestos los que más tienen). Este 27% de ISR a todos los negocios sin importar su tamaño es una clara vulneración a los principios del régimen tributario.

El proyecto libra de los anticipos a las microempresas y a las personas físicas. A estas últimas, no es  como se ha vendido, porque los honorarios por servicios, comisiones y otros ingresos que realizan están sujetos a retención de 15% de ISR (10% vigente). Esto es un pago a cuenta, dicho en otras palabras, un anticipo que ocurre en cada factura que emite. La mayoría de los puntos de la reforma no van en la misma sintonía de la visión a largo plazo de nuestra nación.

Se pretende duplicar el impuesto de circulación de vehículos (marbete) a RD$3mil para unidades con año de fabricación mayor a 5 años y RD$6mil de hasta 5 años. Esto es muy regresivo (pagan más los que menos pueden) y dañino para la familia. Lo justo es que no se aumente el impuesto a las unidades con 5 años o más de fabricación, porque en términos generales, este rango vehicular es más propicio en las familias de clases baja y media. Adicionalmente quita la exención de 200 dólares a las compras por internet, perjudicando a la mayoría que acceden estas para hacer rendir sus chelitos.

Para colmo, y es de lo peor, una cantidad considerable de productos agrícolas y de la canasta básica (víveres, vegetales, frutas, habichuelas, café, entre otros) entrarán a la danza del IVA (18% de ITBIS), con efecto inflacionario que deteriora severamente el poder adquisitivo de los que menos pueden, por ser rubros esenciales. También aplicarán 18% a las carnes de res y de cerdo, lo cual atenta contra el acceso familiar a fuentes proteicas. Igual sucederá con las bebidas azucaradas (jugos y otros) que son propicios en la alimentación infantil y en el comercio de las MiPymes.

omrafaeleve@yahoo.com

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