A la República Dominicana le ha llegado el momento de ejecutar una tarea pendiente desde los días posteriores a la noche gloriosa del 27 de Febrero de 1844, cuando proclamó su separación de Haití: la presencia  de una población de extranjeros ilegales en su territorio.

Dos variables se interpusieron en la primera República para la misión se pospusiera hasta la tercera, cuando el dictador Rafael Leónidas Trujillo la puso en marcha; primera, la prioridad era defenderse de las invasiones armadas con las que Haití pretendió doblegar el espíritu independentista de los dominicanos, y la segunda, el país ingresó en un periodo de inestabilidad política que le impedía emprender acciones que consolidaran la tarea patriótica.

Con la anexión a España colapsó la primera república sin que fuera posible completar la obra de Juan Pablo Duarte, y la segunda que nace a partir del proceso restaurador contó con la ayuda haitiana, por lo que no iba a ser prioridad de los gobiernos de ese periodo la desocupación por parte de los haitianos ilegales.

En los días de su dominio España intentó hacer lo propio, desalojar del territorio dominicano a nacionales del país vecino con un idioma, costumbres y creencias distintas a la de la nación hispánica que quiso forjar, pero precisamente el estallido de la guerra restauradora impidió la concreción de ese propósito.

¿Quién lo asumió? El hombre que se alzó con el santo y la limosna de los nacionalistas dominicanos, los que lucharon como lo hizo Francisco J Peynado para provocar la desocupación por parte de los soldados estadounidenses, los de la primera de las dos invasiones que padecimos en el siglo pasado, la que se produjo en 1916 y concluyó en 1924.

En las primeras elecciones democráticas celebradas en el país después de la desocupación, el alma y corazón de los nacionalistas se colocó al servicio de la campaña del prócer de la tercera república, pero más pudo el partidismo tradicional, que alió a sus dos fuerzas principales en la mutual formada por Horacio Vásquez y Federico Velázquez.

El nacionalismo jamás se repuso de ese revés y con Rafael Estrella Ureña a la cabeza buscó la alianza de un brazo fuerte, creyéndolo incapaz de hacer otra cosa que no fuera la de dejarse guiar por mentes más sabias, y ese fue otro grave error, la mano dura no cayó solo sobre los adversarios, sino que asumió dominio absoluto y lo puso todo al servicio de sus intereses.

Para desgracia histórica que todavía nos pesa, la acción apeló a mecanismos de barbarie, que eso sí que no estaban previstos, y desde entonces el interés soberano de los dominicanos de tener control migratorio sobre su territorio, ha enfrentado el descredito internacional.

La tarea que tiene por delante el país no contempla acciones violentas ni inhumanas, y previo a adoptarla, la nación ha puesto todo su empeño en facilitar la regularización de los que han estado afincados por años en el país, llegando  a concebir  régimen especial para otorgar la nacionalidad a los que se encontraran asentados en forma irregular en el registro civil, y un plan para dar residencia para los que la quisieran mostrando algunos arraigos.

Danilo Medina, con el mandato de la ley de migración y de la Constitución tiene ante sí la misión más importante que se haya trazado gobierno alguno desde el surgimiento de la República, y habrá de cumplirla con firmeza y sin abusos.

Por EDWARD VERAS

El modelo económico actual, implementado en República Dominicana a finales de los 80’s y recrudecido en el último lustro de los 90’s, plantea el aglutinamiento de las riquezas concentrado en las grandes urbes y sobre el parámetro de construir ricas corporaciones e instituciones ostentosas en detrimento del bienestar social.

Un ejemplo idóneo muestra como las instituciones del sector energía se niegan a calcular e implementar la teoría del «bien no suministrado» para los cálculos compensatorios (art. 93, ley 125-01) ante la mala calidad del servicio eléctrico. Empresas enormes, con meganóminas, numerosas instituciones sobrepobladas de asesores y consejos de administración, con dualidad de funciones en su mayoría, encarecen los valores agregados de cada factura que recibe el usuario final.

Las mismas programan su eficiencia en base a recalcular la demanda de energía que requieren los verdaderos sectores productivos y población en general. Con ello disminuyen el precio de oferta del bien, modificando el real equilibrio del mercado y la satisfacción total del cliente o ente social.

Cabe la pena recordar que la energía eléctrica o el agua potable son bienes inelásticos y que no existe forma de reemplazarlos en este siglo 21. Es como si quisieras encender un televisor o nevera con una vela, o que nuestros hijos vayan a un arroyo o cañada a beber agua.

Nadie ha querido calcular que tanto cuesta un apagón, o haciendo un símil, que tanto cuesta cargar con un galón de agua hasta el hogar, eso es sin contar los costos adicionales en mantener sistemas alternos que simulen una mejoría en el servicio individual. En sociedades tercermundistas (igual que la nuestra), estos valores oscilan entre 3.5 a 5 veces el valor del bien adquirido. En sociedades industriales y consumistas se calcula de hasta 10 veces el valor nominal.

Nadie quiere enfrentar ese compromiso social de convertir el crecimiento económico exhibido por el sector energía (pagando un 6% en dólares en el mercado de valores), en bienestar ciudadano, acarreando el costo político que implica la integración y compromiso social a ese escalafón de la economía nacional.

edwardverasdiaz@gmail.com