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Por EDWARD VERAS
El modelo económico actual, implementado en República Dominicana a finales de los 80’s y recrudecido en el último lustro de los 90’s, plantea el aglutinamiento de las riquezas concentrado en las grandes urbes y sobre el parámetro de construir ricas corporaciones e instituciones ostentosas en detrimento del bienestar social.
Un ejemplo idóneo muestra como las instituciones del sector energía se niegan a calcular e implementar la teoría del «bien no suministrado» para los cálculos compensatorios (art. 93, ley 125-01) ante la mala calidad del servicio eléctrico. Empresas enormes, con meganóminas, numerosas instituciones sobrepobladas de asesores y consejos de administración, con dualidad de funciones en su mayoría, encarecen los valores agregados de cada factura que recibe el usuario final.
Las mismas programan su eficiencia en base a recalcular la demanda de energía que requieren los verdaderos sectores productivos y población en general. Con ello disminuyen el precio de oferta del bien, modificando el real equilibrio del mercado y la satisfacción total del cliente o ente social.
Cabe la pena recordar que la energía eléctrica o el agua potable son bienes inelásticos y que no existe forma de reemplazarlos en este siglo 21. Es como si quisieras encender un televisor o nevera con una vela, o que nuestros hijos vayan a un arroyo o cañada a beber agua.
Nadie ha querido calcular que tanto cuesta un apagón, o haciendo un símil, que tanto cuesta cargar con un galón de agua hasta el hogar, eso es sin contar los costos adicionales en mantener sistemas alternos que simulen una mejoría en el servicio individual. En sociedades tercermundistas (igual que la nuestra), estos valores oscilan entre 3.5 a 5 veces el valor del bien adquirido. En sociedades industriales y consumistas se calcula de hasta 10 veces el valor nominal.
Nadie quiere enfrentar ese compromiso social de convertir el crecimiento económico exhibido por el sector energía (pagando un 6% en dólares en el mercado de valores), en bienestar ciudadano, acarreando el costo político que implica la integración y compromiso social a ese escalafón de la economía nacional.