La afirmación del exministro de Educación Melanio Paredes de que “el barrio ha tomado por asalto las aulas”, no puede pasar como una simple metáfora desafortunada, porque en esa frase se condensa una visión social que mira al estudiante pobre como amenaza, al barrio como territorio sospechoso y a la escuela pública como un espacio invadido por aquellos mismos sectores que tiene la obligación constitucional, moral y pedagógica de acoger, formar y transformar.

El problema mayor de esa expresión no está solo en su dureza verbal, sino en el sesgo clasista que deja al descubierto, con lo que la violencia escolar, la pérdida de convivencia y el deterioro de la autoridad educativa terminan siendo explicados desde el origen social de los alumnos, y no desde la incapacidad histórica del Estado para construir una escuela pública fuerte, organizada, respetada, equipada y dotada de herramientas pedagógicas, psicológicas y comunitarias suficientes.

Nadie puede negar que en los centros educativos dominicanos se expresa una crisis real de convivencia, ni que episodios de violencia, indisciplina, conflictos entre estudiantes, descomposición familiar y ausencia de acompañamiento parental han colocado a la comunidad educativa ante una situación preocupante, pero reconocer esa realidad no autoriza a convertir al barrio en categoría delictiva, ni a presentar a los hijos de los sectores populares como si fueran fuerzas invasoras que irrumpen en las aulas para destruirlas desde dentro.

La pobreza no asalta, reclama su derecho

La escuela pública dominicana, por definición, no fue concebida para recibir únicamente a los hijos de familias ordenadas, estables, protegidas y socialmente favorecidas, sino para abrir sus puertas a la sociedad real, con sus dolores, carencias, fracturas, esperanzas y contradicciones, de manera que cuando el barrio entra a la escuela no se produce un asalto, sino el cumplimiento de una función esencial del sistema educativo, que consiste precisamente en acoger a quienes más necesitan del pan de la enseñanza.

Lo que resulta profundamente penoso es que quienes han tenido responsabilidades de dirección en el sistema educativo pretendan ahora explicar el fracaso acumulado de la escuela descargando la culpa sobre el entorno comunitario, como si los niños, niñas y adolescentes de los barrios fueran responsables de la falta de autoridad institucional, de la debilidad de los programas de orientación, de la desaparición o abandono de las escuelas de padres, de la insuficiencia de psicólogos escolares y de la incapacidad para articular la escuela con la familia y la comunidad.

En los sectores populares dominicanos no habita un monolito de delincuencia, incultura o violencia, sino miles de familias trabajadoras que madrugan, sobreviven entre precariedades, inculcan valores a sus hijos y ven en la educación pública el único salvoconducto legítimo para romper el círculo de la pobreza, por lo que resulta agraviante que desde una mirada tecnocrática, distante y elitista, se pretenda convertir ese origen social en prueba de peligrosidad, cuando en realidad debería ser la razón principal para fortalecer la escuela.

El verdadero asalto: debilitada la autoridad transformadora

El verdadero debate no consiste en blindar las aulas frente al barrio, como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa, sino en lograr que la escuela recupere la autoridad moral, cultural y pedagógica que alguna vez le permitió influir positivamente en su entorno, organizar clubes, promover actividades deportivas, fomentar disciplina, despertar vocaciones y construir ciudadanía, con lo que el desafío no es expulsar simbólicamente al estudiante marginado, sino transformar pacíficamente la realidad social que llega cada mañana al plantel.

Por eso, la frase de Melanio Paredes desnuda un mal endémico más profundo que la violencia escolar, ya que revela la persistencia de una mentalidad que todavía asocia vulnerabilidad económica con deterioro moral, pobreza con incapacidad, barrio con amenaza y democratización del acceso educativo con pérdida de calidad, cuando la verdadera reforma educativa solo comenzará el día en que el país deje de mirar al estudiante humilde con sospecha y empiece a verlo como sujeto de derechos, talento y posibilidades.

La educación dominicana no necesita discursos que criminalicen la pobreza, sino políticas que devuelvan a la escuela su capacidad de ordenar, orientar, acompañar y transformar, con lo que el Estado debe asumir que el barrio no tomó por asalto las aulas, sino que las aulas dejaron de contar con la fuerza institucional necesaria para transformar al barrio, y ahí, precisamente ahí, está el mal endémico que ninguna metáfora clasista puede ocultar.

jpm-am

El 27 de noviembre de 1925 llega a Montevideo, Uruguay, el insigne intelectual dominicano Tulio Manuel Cestero Leyva, revestido de la condición de Enviado Extraordinario y Plenipotenciario de la República Dominicana, designado por el presidente Horacio Vásquez Lajara.

Pese a que República Dominicana y Uruguay habían iniciado contactos diplomáticos desde los días del gobierno de Ulises Francisco Espaillat (1876), es en 1925 cuando formalizan las relaciones con la instalación de misiones diplomáticas permanentes.

La historia de las relaciones diplomáticas entre los dos países está descrita por el veterano diplomático, embajador de carrera Ramón Dionicio Ditrén Flores en su obra De Cestero a nuestros días: Cien años de Relaciones Diplomáticas entre República Dominicana y la República Oriental del Uruguay.

En la obra, muy bien documentada, el embajador Ditrén Flores hace un recorrido cronológico por los trillos históricos de la diplomacia entre República Dominicana y Uruguay desde las primeras intenciones para la firma de un tratado de paz, comercio y navegación, pasando por la etapa consular, con la instalación del Consulado General en Montevideo y la designación de Francisco F. Poeysin como cónsul, el 29 de noviembre de 1876.

No fue hasta 1907 cuando Uruguay designó un cónsul general en Santo Domingo, que fue Juan Parra Alba.

El libro, compuesto de XIII capítulos trae el dato curioso, poco conocido, de la designación de la poetisa Juana de Ibarbourou como agregada cultural honorífica de la Embajada dominicana en Uruguay, mediante decreto 215, del 13 de noviembre de 1963, emitido por el gobierno colegiado conocido como Triunvirato.

Explica Ditrén Flores que el nombramiento de Ibarbourou obedeció a un gesto diplomático-cultural en momentos de crisis política interna y búsqueda de legitimidad externa por parte del gobierno dominicano, tras el derrocamiento del presidente legítimo, profesor Juan Bosch.

Ditrén Flores, quien indagó en el Archivo General de la Nación, en el Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, Biblioteca Nacional de España y Bibliothèque Numérique Diplomatique, de Francia, describe una centuria de intercambio diplomático y cooperación mutua entre dos países latinoamericanos, que, aunque distantes, han sabido mantener una buena amistad.

Esa relación diplomática de República Dominicana con Uruguay fue muy importante en el camino de la consolidación de sus relaciones internacionales con los países de América del Sur, en la que jugó un papel importante el intelectual Tulio Manuel Cestero.

Tulio Manuel Cestero Leyva nació el 10 de julio de 1877, en la villa de San Cristóbal.

Como periodista y escritor dejó huellas imborrables en la literatura dominicana, dándose a conocer por su obra cumbre La Sangre, editada en 1913, considerada por muchos tratadistas como la mejor novela dominicana de todos los tiempos.

Su primera obra fue Jardín de los Sueños, 1904. En 1907 publica Citerea, y en 1908 da a conocer Sangre de Primavera, mientras que en 1911 publica una novela llamada Ciudad Romántica, casi desconocida en la actualidad.

Comenzó su vida diplomática en Caracas, Venezuela, en 1899, como secretario de primera clase. Luego fue encargado de negocios en Cuba, en 1906, y más tarde ministro en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, México y España, entre 1926 y 1933. Llegó a la cúspide de su carrera, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República en Chile y Argentina.

En Chile, contrajo matrimonio con la señora Rosalba Escobar con quien procreó a su hijo Jaime Manuel Cestero, y allí murió, el 27 de octubre de 1955.

JPM