La afiliación basada en 930 pesos mensuales per cápita resulta tan costosa que solo será atractiva para las personas más propensas a enfermarse, y para una minoría de los trabajadores independientes

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISARIL) reactivó la opción de afiliar al Seguro Familiar de Salud a familiares de hasta el tercer grado de consanguinidad  de los titulares del Régimen Contributivo, presentándola como “un paso importante en la ruta hacia la universalidad”.

En principio no se trata de nada nuevo, ya que esta opción está prevista en el Art. 123 de la ley 87-01. Tampoco sorprende que se fije en 930.76 pesos el costo per cápita de afiliar a hermanos, tíos, sobrinos, abuelos e hijos mayores, cubiertos mediante descuento autorizado por el afiliado titular.

Sin embargo, a pesar de estar prevista en la Ley, la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS) criticó que SISALRIL “emita y publique normativas que atentan contra el sostenimiento del SDSS y de las instituciones que lo conforman”.

ADARS agregó que esta medida permite que “accedan primeramente personas con patologías severas y de alto costo”, afectando la sostenibilidad. Ciertamente el alto costo y la afiliación voluntaria incentivan esta posibilidad, a menos que se presenten soluciones masivas y atractivas para la población de bajos ingresos todavía sin acceso.

Lo que sí ha llamado la atención son las expectativas creadas sobre el incremento de la cobertura del SDSS. Y además, de la posibilidad de afiliar a los trabajadores independientes, en sustitución del régimen Contributivo Subsidiado reservado en la Ley para este sector.

Una opción sin equidad ni solidaridad

Hace tiempo que vengo señalando que el encarecimiento de la cápita por la falta de las reformas previstas en la Ley 87-01, eleva el gasto de bolsillo y aleja la posibilidad de afiliar a más de 2.5 millones de trabajadores independientes y a sus familiares que aún carecen de cobertura.

Aunque no nos guste, querámoslo o no, aquí el plan de servicios de salud se ha convertido en una mercancía sujeta a las leyes del mercado: a mayor costo, menor demanda, y viceversa. Resulta un contrasentido dejar encarecer un producto de primera necesidad para luego ofertarlo a la población de bajos ingresos.

Esta medida, tal y como ha sido formulada, no tendrá el impacto que desean las autoridades. Sólo una minoría de los trabajadores autónomos podrá pagar 930 pesos mensuales, más todos los copagos legales e ilegales vigentes y en crecimiento.

930 pesos es casi el 8% de 12,000, que es el ingreso promedio de este importante sector. Para cubrir a una familia promedio habría que buscar 2,790 pesos, sin copagos, igual al 23.25% del ingreso promedio de una familia que vive en permanente  incertidumbre. Ciertamente ese costo no resulta atractivo para las personas “sanas”.

Humanizando el caso, cuando Antonio era un empleado y ganaba 12,000 mensual, le descontaban 360 pesos para cubrir a su esposa y a su hijo. Perdió su empleo y chiripeando y con mucha lucha e incertidumbres, reune unos 12,000 al mes.

Este pobre hombre se siente triplemente golpeado: no consigue empleo, perdió su seguro médico, y ahora le piden 2,790 pesos (2,430 más) para proteger a su familia. La marginalidad, la falta de equidad y de solidaridad social quedan al desnudo.

Afortunadamente existen otras opciones más asequibles para esa gran masa de trabajadores por cuenta propia quienes, tan dominicanos como los que más, esperan de las autoridades soluciones solidarias, más acordes con sus características laborales, y con sus posibilidades. (Continuará).